Una denuncia formal que surge en la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (Asp-B), entidad dependiente del Ministerio de Economía de nuestro país, señala concretamente que autoridades chilenas “han dispuesto una serie de restricciones al comercio exterior boliviano, aplicando una “política de constricción” al libre tránsito que debe tener Bolivia, en concordancia con el Tratado de 1904” que ahora es vulnerado abiertamente.
Si hay algo que realmente molesta es que autoridades chilenas de manera unilateral aplican una serie de medidas que alteran las buenas relaciones y lo que es peor perjudican las operaciones de exportación, importación y todo el sistema de transporte desde y hacia Arica.
Una directora ejecutiva de la Asp-B denunció que las restricciones se producen en las operaciones de movimiento de carga en el puerto, alteraciones en los aspectos de vialidad y seguridad en el normal movimiento de tráfico en las instalaciones portuarias, aplicando medidas arbitrarias que contradicen los preceptos claramente establecidos en el Tratado de 1904.
La explicación lógica es que Chile no nos hace ningún favor, pues muy claramente el artículo VI del Tratado de 1904 establece que la “República de Chile reconoce a favor de la de Bolivia, y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”. Por tanto se considera una acción desproporcionada, atrabiliaria, injusta e ilegal querer imponer una serie de normas al tránsito comercial y de mercadería que genera Bolivia en el puerto de Arica.
Si hay algo más que recordar a las autoridades portuarias de Arica es que en el Tratado de 1904, en su artículo VII, se estipula que “la República de Bolivia tendrá el derecho de construir agencias aduaneras en los puertos que designe para hacer su comercio”. Esto significa que con todo el derecho que otorga el manejo de este tratado nuestras autoridades del sector comercial deberían implementar la infraestructura necesaria allí donde se necesite facilitar el sistema de comercio con el libre tránsito de mercadería de importación o exportación, sin más requisitos que los convenidos de consenso entre los operadores, en este caso del puerto de Arica.
Algo más que preocupa es la posición de un sistema monopólico privado que opera en la Terminal del Puerto de Arica y que pretendería elevar los aranceles para las operaciones en ese sector, situación que se reclama a las autoridades chilenas para que eviten las exacciones en una muestra de inequidad y arbitrariedad con el comercio boliviano.
Este problema observado ya en los niveles diplomáticos, pero también en el análisis de los especialistas, puede tener algunas connotaciones particulares, por una parte, podría tratarse simplemente de un exceso de los administradores del puerto de Arica que puede muy bien controlarse desde la superioridad de autoridad chilena. La otra alternativa es que se trate de un “instructivo” de esa misma superioridad que tendría el objeto de “fastidiar” al sector comercial boliviano con vedadas intenciones.
En todo caso no corresponde una política de constricción (encogimiento de servicios) porque se está vulnerando el Tratado de 1904, al que con mucha frecuencia alude el Presidente Sebastián Piñera cuando se refiere a las relaciones con Bolivia. Dicho tratado merece respeto y la ocasión debe servir para que también Bolivia ejerza los derechos que tiene por la vigencia de ese compromiso.
Fuente: LA PATRIA
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