A 45 días de las elecciones rebrotan casos de judicialización de la política
09 sep 2011
Fuente: La Paz, 07, LA PATRIA
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Cuando faltan 45 días para la elección de magistrados, los procesos contra ex autoridades de Estado vuelven a provocar denuncias de una supuesta manipulación de la justicia con fines políticos en lo que se ha venido a denominar como “judicialización de la política”.
En menos de 24 horas, se ha conocido la decisión de procesar a dos prominentes ex funcionarios estatales acusados de delitos que supuestamente cometieron en gobiernos pasados.
El ex presidente del Banco Central, Juan Antonio Morales y el ex presidente de la República, Jorge Quiroga fueron acusados, por el Ministerio Público y por una Comisión parlamentaria correspondientemente y enfrentan la posibilidad de ser procesados.
Ayer, el Ministerio Público presentó una imputación formal contra Morales, por los delitos de peculado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.
Morales, un economista de dilatada trayectoria en la academia y el servicio público reconoció haber recibido montos de los denominados “pluses” o gastos reservados, cuando “ese pago era legal para mejorar los ingresos de los funcionarios del Banco del Estado”.
El ex presidente de la entidad financiera promovió la regularización de esos pagos a través de un proceso de institucionalización, pero el fiscal, Harry Suaznábar se apoyó en esa admisión para enviarlo a la cárcel.
Con la voz en cuello para hacerse escuchar detrás de las rejas, Morales denunció que la acción en su contra es política y anunció que tendrá “paciencia” para que la justicia esclarezca su caso y demuestre su inocencia.
El fiscal Suaznábar, a cargo del caso Gastos Reservados II, confirmó ayer que solicitará al Juzgado Décimo de Instrucción en Materia Penal la detención preventiva de Morales en el penal de San Pedro porque supuestamente existe el riesgo de fuga del imputado.
Suaznábar recordó que Morales tiene otro proceso, iniciado en el año 1997, por la firma irregular de un contrato entre el BCB y el BHN Multibanco S.A., en el que se le ha consignado una acusación formal.
Según Suaznábar, Morales “recibía de Bs. 6.300 a 6.400 mensuales desde octubre de 1995 a junio de 1997”.
“Empero, de los recibos que cuenta el cuaderno de investigaciones en original, se tiene que el mismo recibía la suma de Bs. 48.563, monto que era repartido entre la gente de su confianza, gerentes del BCB”, dijo el representante del Ministerio Público.
La esposa del ex presidente del Banco Central, Cecilia de Morales dijo que la detención tiene una intencionalidad política porque busca distraer a la opinión pública de la movilización de los indígenas del Tipnis.
OTRO JUICIO
El ex Presidente Quiroga también denunció la existencia de una supuesta intencionalidad política detrás del proceso en su contra. Dijo que el MAS lo acusa de haber causado daño al Estado con la explotación del pozo de Aquio, en Chuquisaca y recordó que en su Gobierno en ese pozo se realizaron tareas de exploración. Quiroga recordó que el 28 de abril de este año, el presidente Evo Morales inauguró la explotación del pozo de Aquio y señaló que la actitud del MAS es “contradictoria”.
Quiroga pidió audiencia ante la Asamblea Legislativa para presentar su posición y evitar que el pleno apruebe un informe de una Comisión de Diputados que pide su enjuiciamiento por la explotación del pozo Aquio.
El ex presidente afirmó anteriormente que el MAS pretende instrumentalizar la justicia para “judicializar la política” y “defenestrar a los opositores o a quienes piensan diferente”.
El vicepresidente Álvaro García Linera declaró ayer que Quiroga podrá presentar sus argumentos hoy en la Comisión respectiva.
CAMPAÑA
Mientras tanto, los partidos de oposición continúan con la campaña de anulación del voto como signo de rechazo a la elección de tribunos.
Unidad Nacional convocó ayer a una vigilia denominada: “Rechaza el engaño: anula tu voto”, para denunciar que el proceso judicial “tiene el único objetivo de copar el Poder Judicial y poner el mismo al servicio de los intereses del régimen de turno, que le permita perseguir y seguir enjuiciando a los dirigentes políticos y sindicales y, garantizar una nueva re-re-elección Presidencial que hoy está prohibida por la Constitución Política del Estado”.
Para García, quienes se oponen a la elección de magistrados se oponen a la democracia.
Fuente: La Paz, 07, LA PATRIA
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