¿Qué hacer con los incendios forestales?

Parece haberse hecho mucho para impedir incendios forestales en Bolivia, sin embargo se deforestan 300.000 hectáreas cada año. La experiencia indica que se requiere abordaje múltiple: política del "garrote y la zanahoria", concentrar esfuerzos en determinados "bosques en peligro crítico", autogestión local de usuarios del fuego, mayor liderazgo municipal, e integración de actores agrícolas y ganaderos con forestales, entre otros.

“Todo está, pero no se cumple”, parece ser la percepción generalizada en incendios forestales. Se cuenta con la Ley Forestal y su reglamentación, así como con un reglamento específico para desmontes y quemas, pero aproximadamente sólo el 15% de las que se realizan son autorizadas.

La Política y el Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales datan de 2002. Del mismo año es el programa de Prevención y Control de Incendios Forestales de la Prefectura de Santa Cruz. Ese programa instauró el monitoreo y el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif), usado como marco hasta ahora.

Por esos proyectos, existen bastantes técnicos con experiencia y conocimiento. Además, también hay la predisposición de actores vinculados, para apoyar o sumarse a un programa más amplio e integral, expresada en cuanta sesión de capacitación se haya organizado.

Sin embargo, la deforestación mecanizada tiene un promedio de 300.000 hectáreas al año en Bolivia y, la mitad de los fuegos no son detectables por satélites en bosques tropicales, debido a que ocurren al nivel del suelo, ocultados por el follaje.

El Gobierno Nacional ha anunciado que cambiará las políticas y normas de bosques, pero hay pocos avances. Se han entregado al menos cinco propuestas diferentes para una nueva Ley Forestal y dos decretos a la Asamblea Nacional, que permanecen “en análisis”. Se ha anunciado que “vendrán cambios”, pero no se informó “cuáles serían esos cambios”.

La situación tiene efectos directos en el campo. La aplicación parcial de la normativa vigente de desmonte, quema, ordenamiento territorial y predial, que eran vitales, ya llevan al menos tres años de discontinuidad o debilitamiento. Además, en los casos de cambios normativos, pasa un período de dos a cuatro años, desde la reestructuración de los organismos reguladores, para adecuarse a la nueva norma, hasta que se estabiliza su nueva capacidad operativa.

La normativa vigente no incentiva el uso controlado del fuego, y significa gasto o costo adicional.

Los cambios institucionales, la indefinición de políticas y normas claras, para la propiedad y el uso, más bien estimulan el descontrol y el abuso. Se adopta la postura “A ver qué pasa…Finalmente, resulta más barato pagar la multa, que desmontar legalmente”.

Por otra parte, no existe un liderazgo institucional capaz de encarar el tema en toda su magnitud y dimensión. La información técnica se encuentra parcelada, no existe evaluación de daños, y tampoco se cuenta con información climatológica disponible de calidad.

Las iniciativas exitosas han adoptando simultáneamente un enfoque económico, ambiental, y social. Han demostrado que el uso controlado del fuego genera beneficios económicos a largo plazo. También que los avances en los sistemas productivos de pequeños propietarios campesinos mejora notablemente sus ingresos.

A la luz de la experiencia, las soluciones se orientan hacia abordajes múltiples. Uno de ellos son los incentivos virtuosos, especialmente en costos de insumos, y en precios preferenciales para productores con uso controlado del fuego. Debe aplicarse una política de “garrote y zanahoria”, con incentivos y garantías para actores involucrados “que hacen bien las cosas”.

Otro abordaje es mayor focalización de acciones y concentración de competencias técnicas en “bosques en peligro crítico”, como los de la Chiquitanía. Especialmente, los del triángulo entre Concepción, San Ignacio, y Guarayos.

En esa zona, libre de aftosa desde los últimos seis años, se están produciendo cantidades increíbles de compra tierras. Se trata de colonos o actores mucho capital económico, que hacen uso descontrolado del fuego, para habilitar zonas ganaderas en áreas de bosques.

Un abordaje imprescindible, es la autogestión de usuarios del fuego, a través de grupos territoriales funcionales. Entre ellos se conocen, y les importa la preservación de su eco-sistema, porque les garantiza su propia productividad. Entre ellos se avisan, en casos de incendios, y hay convocatoria para auxiliarse mutuamente.

Por ejemplo, los productores de una microcuenca, de entre 5 a 10.000 hectáreas. Aunque no se organizan voluntariamente, la experiencia muestra que lo hacen si son guiados por una institución con competencias técnicas, con interés a largo plazo en el área.

Los gobiernos municipales deberían encabezar este tipo de iniciativas, porque todas las realizadas desde más arriba se han desvalorizado. Muchos ya no asisten a “talleres de capacitación” organizados por gobernaciones u organismos nacionales.

También se debe abordar que se involucren iniciativas de sostenibilidad de bosques, con las que no lo son. Resulta llamativo que los concesionarios forestales piden ayuda a las autoridades ante incendios, mientras que los propietarios de tierras agrícolas y ganaderas no lo hacen.

Otros abordajes son fortalecer territorios indígenas, y re-orientar a los especialistas técnicos hacia un enfoque de proceso, en vez de producto, como es el que actualmente tienen. La información proviene de una consultoría encargada por la fundación Avina, que fue presentada a la red Articulación Regional Amazónica (ARA).

(*) ECOcom – Publicación del proyecto Periodismo Estratégico para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía (Pedsa), ejecutado por ECOcom, para la red Articulación Regional Amazónica (ARA), con apoyo de Avina.