Una rara comisión cívica orureña viajó a La Paz y entregó en el Palacio de Gobierno un repetitivo pliego petitorio que fue considerado “por las hojas” y que consiguió otras promesas presidenciales, quizás porque la misma estaba encabezada por el gobernador del distrito que apareció de mediador y según se observó hasta de facilitador para alcanzar amigables acuerdos.
Lo cierto es que para los observadores de base, el raid cívico no pasó de otro encuentro protocolar con el mandatario orureño que una vez más se mostró muy “deseoso de colaborar y solucionar los problemas de la tierra que lo vio nacer”, aunque sin fijar tiempos precisos, ni mucho menos prioridades.
El asunto más candente que fue considerado se relacionó con el conflicto limítrofe entre pobladores de Potosí (Coroma) y Oruro (Quillacas), que están a un paso de llegar a confrontaciones, cada sector en la supuesta defensa de sus intereses jurisdiccionales, aunque, en el caso orureño se demostró que sus límites son frecuentemente alterados por violentas incursiones de los potosinos
El Primer Mandatario prometió pacificar la región, reforzar los puestos policiales y evitar la confrontación aspecto que fue ampliado en la reunión del Presidente con los delegados potosinos, señalando que “emitirá una ley” para definir los límites entre Potosí y Oruro.
El pliego orureño fue considerado en la instancia presidencial y logró más promesas, pero sin definiciones específicas, de manera global una ley de financiamiento de recursos permitirá fortalecer la infraestructura vial y aérea del país y entre tales planes los que estuvieran pendientes en Oruro.
Una vez más se observó que no existe una estrategia definida para encarar el desarrollo departamental y la dirigencia cívica actual continúa con la costumbre de insistir en un pliego que tiene varios puntos aprobados, pero que no están siendo ejecutados, por tanto lo que debería insistirse es en la ejecución de los proyectos a partir de garantizar financiamientos y el avance sostenido de obras.
El Puerto Seco merece una decisión política y es la que debe emerger del nivel superior para evitar que siga siendo nada más que un factor de teoría cívica, en tanto se siga dilatando su ejecución por ingerencias sectarias que detienen su habilitación.
La minería merece especial tratamiento considerando que en ésta jurisdicción existen importantes yacimientos mineralógicos cuya explotación debería darse a partir de crear seguridades e incentivos para inversionistas y para que en su caso el propio Estado desarrolle proyectos que significan fuentes de empleo seguro y desarrollo diversificado con el buen uso de regalías e impuestos.
El Comité Cívico de Oruro merece apoyo de todos los sectores sociales de la comunidad, debe ser un aglutinante de fuerzas regionales para enfrentar los retos de su desarrollo, tiene que ser la organización de ejemplos y propuestas concretas, manteniendo su independencia que es parte de su fuerza para salir airoso en el cumplimiento de sus objetivos.
Una vez más nuestro pliego petitorio entró al Palacio de Gobierno y se espera que no suceda lo de siempre, es decir que el documento se pierda en la burocracia de los escritorios del Ejecutivo y que sigamos aguardando el cumplimiento de muchas promesas. Hay que fijar plazos (como los potosinos) para que se atiendan las demandas cívicas.
Fuente: LA PATRIA
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