Cuando Evo Morales asumió la Presidencia de Bolivia el 22/01/2006, prometió que su gobierno sería para todos, sin revanchismos, con respeto a los derechos humanos; él estaría de mano con la democracia, con las libertades y sancionaría toda forma de corrupción.
Al presente, esas promesas solamente han sido tales, y los bolivianos encararemos un proceso electoral inédito (Elecciones del Órgano Judicial del 16 de octubre), que pudo haber sido un referente de construcción de institucionalidad, de compromiso con la justicia, que podría haber devuelto, con el tiempo, la confianza ciudadana a nuestra cuestionable administración de justicia.
Los bolivianos siempre quisimos una administración de justicia que responda a los intereses del pueblo, en honor a la verdad, en donde la honestidad sea la que predomine en las autoridades, para así eliminar el estigma de que quien posea más dinero sea quien gane un juicio, en donde el ciudadano pueda dormir tranquilo sabiendo que la justicia iba a responder de acuerdo a los hechos ciertos. Teníamos esa posibilidad eligiendo con el voto a las máximas autoridades del Órgano Judicial, es decir, elegir a nuestros iguales para que nos representen y administren justicia, pero ello fue una ilusión ya que primó el cuoteo político a la hora de la designación de los candidatos, en donde un solo partido utilizó a la “dedocracia” para “escoger” a los candidatos y decirle al pueblo “ellos son los candidatos, voten por cualquiera de ellos ya que el resultado será el mismo”.
Estás elecciones serán las más inéditas de la historia boliviana, puesto que un grueso sector de la población ni siquiera conoce a los candidatos, quienes, por cierto, están impedidos de efectuar campaña alguna bajo pena de inhabilitación; es decir, iremos a las urnas a ciegas a elegir al azar o por la cara del candidato o candidata.
Por otra parte, sectores de oposición iniciaron una campaña por el voto nulo, que ha sido penalizada por el oficialismo en consonancia con el Órgano Electoral Plurinacional, en donde la gente, en vez de callarse por miedo, intensifica por todos los medios disponibles una campaña para que los ciudadanos anulen el voto. Es cierto que el voto nulo y blanco no ingresan en los cómputos válidos, pero es una protesta social que posee todo ciudadano que no está de acuerdo con actos del gobierno de turno, en donde sirve para deslegitimizar un proceso electoral, en donde lo legal será que los candidatos que tengan más votos son los elegidos, pero a mayor cantidad de votos nulos, menos legitimidad gozarán dichas autoridades.
Penalizar el voto nulo no es más que una solución dictatorial sin pies ni cabeza, puesto que el voto nulo no solo es un derecho democrático, sino que está garantizado por la Constitución, la Ley del Órgano Electoral y con el artículo 161 de la Ley de Régimen Electoral estipula la existencia, y por ende la validez, del voto nulo.
¿Y si queremos anular nuestro voto?, ¿Acaso deben haber sanciones a este derecho?, ¿Acaso no podemos pensar diferente en un Estado en donde existe democracia y tolerancia?
Recordemos que en 2008, el actual gobierno pretendió deslegitimizar los referendos por los Estatutos Autonómicos en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, argumentando que el voto nulo, más el blanco y el ausentismo son sinónimos de que la gente rechazó tales Estatutos; entonces, con toda lógica y amparados en esta fórmula que el MAS utiliza, tendremos que sumar el ausentismo, el voto blanco y los nulos para demostrar, con números en mano, que este proceso será un fracaso.
(*) Abogado y docente universitario
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