Siempre creí que el MAS era un partido particularmente desconsiderado con los movimientos indígenas, tanto porque nunca tuvo reparos en movilizarlos, como porque cada vez que estos movimientos han cuestionado el “proceso” o a sus conductores, se ha disparado sobre ellos una retahíla de descalificaciones. La mayoría de las veces estas descalificaciones aluden a la manipulación de la que estos movimientos son víctimas, lo que equivale a decir que son incapaces de hilvanar estos reclamos por sí mismos.
Además, las constantes acusaciones de manipulación y conspiración son consonantes con la suerte de paranoia revolucionaria en la que parece sumido el Presidente. Por eso, que se acuse a la oposición y a ONG’s de movilizar con mentiras a los indígenas del Tipnis no me extraña en lo mínimo, aunque no por eso me deja de preocupar.
Que el Gobierno crea y repita que el reclamo de los indígenas del Tipnis es un movimiento conspirativo, puede llevarlos a un abordaje equivocado del conflicto, así como puede deslegitimarlos ante las organizaciones indígenas del país. El hecho de que diversas organizaciones estén apoyando a los indígenas con vituallas, ropa y otros elementos no le quita un ápice de legitimidad a la marcha emprendida por ellos, ni significa que estén siendo víctimas de manipulación. Muchas de las organizaciones que apoyan a la marcha indígena por el Tipnis apoyaron también la marcha por la tierra y el territorio de 1990. La influencia de las ONG’s sobre los indígenas es la misma ahora que la que era entonces.
Para demostrar que la marcha es parte de una conspiración, el Presidente exhibió un extracto de llamadas que probaba que varios dirigentes de esta marcha habían mantenido contacto con un personero de la embajada de Estados Unidos en Bolivia. No creo que el anuncio del Presidente convenciera a alguien – salvo quizás a los que ya estaban convencidos – de que las razones los indígenas poco tienen que ver con la defensa de su forma de vida. Lo que sí hizo el Presidente es avivar los temores de los que creemos que a pesar de su origen democrático, su gobierno se parece cada vez más a esos que creímos haber dejado atrás hace más de veinte años.
Poco después del anuncio del Presidente les pregunté a abogados y abogadas que conozco y respeto, qué figura legal podría haber utilizado el Presidente para conseguir los extractos de llamadas de los mencionados dirigentes. Me explicaron que la Ley 1620 solicita una orden del juez para la obtención de los extractos, y que la nueva ley de telecomunicaciones no podría aplicarse por no estar reglamentada. Aún de emplearse la nueva ley de telecomunicaciones – la que autoriza la intervención de comunicaciones en casos en los que la seguridad nacional sea amenazada – no veo como la marcha de un grupo de indígenas pueda interpretarse como una amenaza a la integridad del país. Aplicando el mismo razonamiento, habría que darle la razón a los que acusaban a Evo Morales de sedición por esos inclementes bloqueos que aplicaba en el Chapare.
Aún partiendo de la premisa de que hubiera razones para temer que la verdadera intención de los marchistas y sus dirigentes sea crear convulsión, está claro que no se puede culpar por ello a sus familias. Por eso, me extraña que entre las comunicaciones mencionadas estén llamadas al teléfono de la esposa de Pedro Nuni. La única explicación que se me ocurre es que algún asesor haya sido influenciado por la legislación iraní, en la que, por ejemplo, al encontrar a un conductor ebrio se castiga también a su esposa.
También merece la pena preguntarse – partiendo siempre de la premisa de que se intentó seguir la legalidad por parte del Gobierno – qué derecho tenía el Presidente de hacer públicas las comunicaciones particulares de otros ciudadanos. Es decir, si los extractos son parte de una investigación, no sería lo coherente que estos se mantengan reservados hasta que se tenga completamente clara la figura.
Este hecho ha llevado a otro memorable momento de iluminación a algunos funcionarios de gobierno, que acaban de descubrir que la Embajada de EE.UU. y sus organismos gubernamentales de cooperación están en Bolivia defendiendo y trabajando por los intereses estadounidenses. La labor de una embajada, más allá de las cuestiones protocolares, es proteger y promover los intereses de su país y sus nacionales. En cuanto a Usaid, por supuesto que su cooperación está motivada por mucho más que el altruismo. Usaid, al igual que la cooperación venezolana o cubana, busca promover la imagen de su país, así como socializar sus valores y promover sus intereses en Bolivia. Sería una reverenda estupidez acusar a Usaid de tener intenciones ulteriores en sus programas en Bolivia, y decir al mismo tiempo que los programas de ayuda de Cuba o Venezuela están motivados por puro buen corazón.
En las relaciones exteriores – y harían bien en aprenderlo los que está a cargo de nuestras relaciones exteriores – poco vale la retórica o la amistad, sólo cuentan los intereses.
Varios funcionarios de gobierno dicen que hablar tanto acerca del desliz del Presidente es desviar la discusión. La agresión sistemática a nuestros derechos es y debe ser el centro de la discusión. Discusión que debe continuar, aunque no sepamos quien puede estar escuchando.
(*) elcondordebolivia.wordpress.com
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