Con el gasolinazo los bolivianos iban a pagar $us. 1.300 millones adicionales
01 sep 2011
Fuente: La Paz, 31 (ANF).-
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El gasolinazo de diciembre fue bien meditado, porque los altos ingresos, 1.300 millones de dólares que iban a pagar los bolivianos, estaban destinados a favorecer al Gobierno y a las petroleras.
La medida que duró una semana, la última del año pasado, “no fue una acción irreflexiva” del Gobierno, aseguró Carlos Arze, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
Este miércoles, el Cedla presentó la investigación “Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petroleras”, en la que desmitifican los subsidios, los costos de operación, la nacionalización de los hidrocarburos y develan el elevado costo de los precios de los combustibles que iba a representar para los bolivianos.
BIEN MEDITADO
El incremento de la alícuota del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD), establecido por el Decreto Supremo 748, iba a captar 1.300 millones de dólares adicionales con el tributo pagado por los bolivianos.
De ese monto, 500 millones de dólares estaban “destinados a cubrir los costos de la medida”, del Decreto Supremo 748 y sus colaterales, como el aumento del 20 por ciento en salarios, bonos y otros, señala la investigación.
En tanto que los restantes 800 millones de dólares iba a ser distribuido entre las petroleras y el Gobierno, pues las operadores debían percibir 60 por ciento y el resto las arcas públicas.
“Estos millonarios ingresos debían provenir del aumento del precio del barril de diesel de 28,4 a 98,3 dólares y del barril de gasolina de 27,9 a 89 dólares”, como resultado del decreto 748 y producto del incremento del valor del barril de crudo de 27 a 59 dólares, asegura el Cedla.
La investigación realizada por el Centro de Estudios asegura que por el gasolinazo y las medidas adyacentes se habría “elevado la utilidad media que las transnacionales perciben por ese producto en un 400 por ciento”.
Además que esa medida gubernamental que duró una semana, “habría reducido las rentas estatales por concepto de Regalías e IDH, del 50 por ciento que ahora suman, a sólo 39,2 por ciento, en el caso de los líquidos”.
Arze calcula que el Gobierno “no” volverá a animarse a otro gasolinazo, porque “este tema ha sido tan fuerte”, por lo tanto “no parece lógico que vuelva a hacer una medida de este tipo”, remarcó al concluir.
DEPENDENCIA PLENA
El país depende totalmente de las empresas privadas petroleras, porque “si no quieren invertir no lo hacen”. A pesar del tiempo transcurrido, el Estado aún “no controla” este sector, critica Arze.
En tanto que en el Gobierno afirman lo contrario indicando que las petroleras son empresas que dan “servicios” a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Lo cierto es que quienes ponen la plata son las compañías, quien cobra las facturas de las ventas es YPFB, que devuelve costos recuperables a las operadoras. También es cierto que el Estado recibe 50 por ciento de los ingresos, y algo más por otros impuestos.
El Estado “no define la política de hidrocarburos ni ejerce presión sobre las petroleras para que produzcan, sino que debe recurrir a otorgarles incentivos para estimularlas”, señala el estudio realizado por el Cedla.
“La política hidrocarburífera, limitada a aumentar la participación del Estado en regalías e impuestos, no ha cuestionado la propiedad de la infraestructura productiva, ni de los medios de producción necesarios para garantizar la soberanía energética, tal como manda el artículo 358 de la Constitución Política del Estado”, agrega.
Arze señaló que los investigadores descubrieron que “la falta de producción de líquidos viene porque hay campos que no están produciendo y la mayoría de estos campos” son operados por las recuperadas YPFB-Chaco y YPFB-Andina.
Fuente: La Paz, 31 (ANF).-
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