Si hay algo en la ciudad que necesita un reordenamiento total es el sistema de transporte público que desde hace muchos años genera un caos impresionante, especialmente en el sector central durante todo el día, pero con mayor perjuicio en las denominadas horas tope.
Una mayoría de las líneas de minibuses ha elegido –arbitrariamente– las calles céntricas para su recorrido y hasta con el gusto particular de pasar por la Plaza Principal, creando embotellamiento en las estrechas calles, en las que además se produce la masiva circulación de personas que por su parte deben sortear centenares de puestos asentados en las aceras y competir con las movilidades en las calzadas de una gran cantidad de cuadras, por ejemplo entre la Plaza de Armas y los mercados Campero y Bolívar, otro tanto en la Adolfo Mier, Junín y la Sucre sólo por señalar algunas de las caóticas rutas.
Sucede lo mismo en otras calles transversales, como Presidente Montes, La Plata, Soria Galvarro, 6 de Octubre, Potosí, Pagador y Velasco Galvarro, pero también en el perímetro central en general hacia el oeste de la ciudad. Centenares de minibuses con igual número de línea y por lo que se sabe con variantes mínimas de destino en sus rutas, complican seriamente la parte central de la ciudad, mientras en los sectores de la periferia los vecinos hacen largas esperas para poder utilizar el servicio de transporte público.
Por lo que se sabe las rutas en actual uso responden a criterios del interés particular de los transportistas y nada tienen que ver con estudios apropiados a las verdaderas necesidades de la población que en los últimos años se ha extendido en todos sus sectores con un crecimiento impresionante de la densidad demográfica, lo que implica la ampliación de la denominada “mancha urbana”, que debe merecer especial estudio para que el servicio público de transporte llegue a todos los sectores.
De acuerdo a la Ley del Transporte aprobada no hace mucho se delegan algunas responsabilidades especiales a los municipios, tal el caso de las rutas y las tarifas, por tanto en esa instancia especial que es parte de la Ley del sector y que menciona también en el factor de apoyo a la Gobernación de cada Departamento tienen la ineludible obligación de replantear el caso de las rutas, la asignación racional de las mismas y luego tratar el asunto de las tarifas.
No hay que darle muchas vueltas al asunto. Se sabe que en el Concejo Municipal funcionó en anteriores gestiones una comisión especial para estudiar y aplicar un reordenamiento vehicular, por tanto existe lo que se denominaría la “base o fundamento” del nuevo esquema de las rutas que atraviesen la ciudad de norte a sur y de este a oeste, además de cubrir las extensiones propias del crecimiento urbano y sus necesidades.
Se trata de un tema complicado y por lo mismo delicado en su tratamiento que inicialmente debe competir a una comisión del ente deliberante municipal y la Policía Operativa de Tránsito para que luego de estructurar los lineamientos sociales y técnicos de una propuesta oficial, la misma sea consensuada con los representantes de las Juntas Vecinales y el gremio de los transportistas.
Hay que tener primero el esquema de las normas, la justificación de los cambios que se desean introducir y luego analizar el cumplimiento de su aplicación entre los directos involucrados en la prestación de servicios y en el uso de los mismos, considerando que se trata de un servicio público que debe estar acorde con los requerimientos de la comunidad y no sólo con el interés mercantilista de los transportistas.
Fuente: LA PATRIA
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