El uso del poder y su usufructuó regional pone al descubierto la ausencia de liderazgo en instituciones departamentales, hecho que muestra división y genera protestas aisladas, porque primero se cumple con lo partidario antes que lo cívico, en generosa e ingrata actitud de quienes representan a Oruro desmereciendo la lucha cívica departamental.
La situación de postración, postergación y hasta desengaño que se vive en Oruro es consecuencia del obrar de las autoridades, sean representantes nacionales, departamentales, regionales o citadinas porque nada hacen por mejorar la calidad de vida de los orureños, al extremo de no contar con un plan de ordenamiento territorial que establezca reglas claras para el crecimiento ordenado y planificado de la ciudad.
A esto se suma la pugna interna que generan las propias autoridades quienes pretendiendo desmerecer lo que reclaman los dirigentes cívicos, hacen gala de haber nacido en Oruro, empero no dicen el porqué no trabajan a favor de la región y sólo se dedican a criticar antes que construir un futuro mejor para los orureños.
Las demandas regionales pueden convertirse en elemento articulador de los orureños y de todos quienes vivimos en la región, si se maneja con inteligencia y se sabe negociar con los poderes del Estado, porque no podemos continuar viviendo de las glorias del pasado y tampoco lamentarnos porque una ex autoridad dejó con las arcas vacías y quebrada a la Gobernación, con proyectos inconclusos, obras con sobreprecio, supervisiones pagadas por proyectos no ejecutados y que ni siquiera fueron iniciados, así como otros factores que generan desengaño y frustración que deben ser sancionados, pero no ser utilizados como pretextos para seguir postergando la lucha reivindicatoria regional.
Así como se denuncia que ciudadanos que vinieron de otras latitudes del país “reclamar los derechos de los orureños”, se debe pensar en los que ejercieron la función pública y se llevaron millones de bolivianos fruto de grandes negociados con la adjudicación de proyectos y preocuparnos primero por quienes cometieron actos de corruptela y no descalificar a quienes buscan garantizar la ejecución de proyectos de desarrollo regional y el respeto a los derechos de los ciudadanos que vivimos en Oruro.
La lucha cívica debe ser honesta, transparente y efectiva para lograr que las autoridades nacionales –con mayor razón si tenemos un Presidente que dice haber nacido en Oruro- presten atención a las demandas regionales, muchas de ellas que resultan ser pedidos reiterados desde hace más de medio siglo, habiendo sido declarados incluso de “prioridad nacional” como la ejecución del proyecto vial Oruro-Pisiga que es la mayor frustración de los orureños o el aeropuerto internacional y el emplazamiento de un parque industrial.
La lucha cívica debe tener suficiente legitimidad social y el respaldo de las instituciones locales, porque si no hay quién reclame los derechos de los orureños tendremos que resignarnos a seguir conviviendo entre el engaño, la frustración, conformismo y ver cómo cada día crece la corruptela, pese a saber que existen grupos de poder que usufructúan a nombre del Presidente del Estado Plurinacional, del Movimiento Al Socialismo y hasta en representación de estos, con jugosos ingresos fruto de negociados y el aprovechamiento de un poder regional efímero y pasajero.
Para no volver a discriminar a las personas que viven en la ciudad de Oruro, porque vieron la luz en otros departamentos del país es también importante conocer que los oriundos del departamento apenas llegamos al 31% de orureños (una gran mayoría de las provincias) por la masiva migración a otras regiones, justamente por la ausencia de desarrollo; otro 25% nacieron en Potosí, 24% en La Paz, 13% en Cochabamba y un 6% en otros departamentos, conservando así la característica cosmopolita del Oruro de antaño desde la fundación de la Villa Real de San Felipe de Austria, donde existía un importante número de ciudadanos extranjeros y otros de varias regiones, no habiendo llegado a ser más que una mayoría los orureños que por lo general somos hospitalarios y cooperadores, nunca discriminadores.
(*) Periodista
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