De la Marcha por la Vida y la Paz, a la marcha por el Tipnis

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En la primera fase del Neoliberalismo 1985 - 1989 o en la segunda fase del proceso de cambio, las marchas del movimiento popular continúan; cambiaron actores, en el primer caso fueron mineros, que marcharon desde Oruro con destino a La Paz, liderados por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), y la Central Obrera Boliviana (COB), considerados en ese tiempo la vanguardia del movimiento obrero frente al gobierno de Víctor Paz Estenssoro que se propuso impulsar las denominadas políticas neoliberales, y en lo específico la liquidación definitiva de la Corporación Minera de Bolivia y la destrucción del sindicalismo, que fue considerado por el propio presidente de ese entonces: “…un obstáculo, a vencerlo” considerándose como obstáculo a la implementación del Nuevo Modelo Económico, plasmado en el D.S. 21060.

Luego del tercer día, de marchar y sumar a sectores de estudiantes, maestros y grupos de gremiales y crecer la marcha, se advierten las primeras amenazas reales de intervenir militarmente la marcha, en la localidad de Patacamaya y oír voces como las del Comité Cívico de La Paz de no permitir el ingreso de mineros a la ciudad, asumiendo posición paramilitar, pretendiéndose organizar a los civiles para contrarrestar a la marcha.

Entretanto continuaba la marcha, el Gobierno dictó el D.S. 21377, que liquida el aparato productivo más grande del país, descentralizando Comibol, cierre de las minas y cooperativizando otras.

La marcha fue derrotada militarmente, cercada en un lugar estratégico entre Oruro y La Paz, y luego del estado de sitio una especie de parálisis corporal se denotó en mineros, amas de casa, estudiantes y otros sectores, tanquetas que amedrentaban y avionetas que sobrevolaban sobre los marchistas, un pueblo con miles de hombres y mujeres cercados militarmente, debió asumir responsablemente por dos caminos: o continuar hacia La Paz, fracturando la intervención militar, con una clara masacre o asumir disciplinadamente la retirada, optando por esta última el 29 de agosto.

El 29 de agosto, comenzó la era del declive del movimiento obrero, y que hasta hoy no puede recuperar su capacidad organizativa y contestataria al sistema, debido a su gran despolitización de la clase, hoy tenemos organizaciones sindicales sometidas al gobierno del MAS, que igual que el MNR del 52, tuvo la capacidad de cooptar a la dirigencia Sindical. De la gran movilización y la respuesta del “estado de sitio” se pasó al método de la lucha pacífica, la huelga de hambre como respuesta desde el interior de las minas de San José, Huanuni, y otros, se intento remontar la arremetida política del gobierno y de los 2/3 del parlamento.

Años después en 1990, los pueblos indígenas de tierras bajas, hasta ese entonces invisibles para los gobiernos de turno, aparecen en el contexto nacional con la histórica “Marcha por la Dignidad, Tierra y Territorio y Asamblea Constituyente”, es la primera vez que desde tierras bajas, los pueblos indígenas incursionan en la vida pública de la República, pero fundamentalmente para interpelar al sistema en su fase del neoliberalismo y plantearle al mismo tiempo al país, una alternativa de mayor inclusión social, de pacto social entre el Estado y los Pueblos Indígenas, un espacio de decisión política soberana, la construcción plural de Bolivia.

Tardó alrededor de 10 años para que la idea primigenia de la Asamblea Constituyente se convierta en parte de la agenda pública, y luego de la caída de Sánchez de Lozada en octubre de 2003, se viabilice primero en la Constitución Política del Estado y luego en la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Fue el MAS y el gobierno de Morales que tuvo la capacidad de comandar el nuevo “proceso” y la nueva “época” de la historia de Bolivia, reconociéndose como sujetos para llevar adelante a la Constitución Política del Estado Plurinacional, emergente de la Asamblea Constituyente, a los Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos, sujeto social que hasta hoy no tiene la capacidad de cohesionar el Estado Boliviano.

El pasado 15 de agosto de 2011, los pueblos organizados en torno a la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), respaldados por el Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq) inician una marcha -igual que la de 1986, sacrificada-, desde el Beni con destino a La Paz, en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), constituyendo su objetivo central el de modificar el trazo del tramo II del camino Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, pero, sobre todo, por el derecho de ser consultados previamente para la ejecución de políticas de desarrollo en los territorios indígenas, de ahí que la pugna de visiones es cada vez más latente, de imponerse el Gobierno sin consulta, o sujetarse al mandato de la CPE de consultar a los pueblos sobre el destino y desarrollo de sus territorios.

Hasta hoy, están solos los indígenas, aunque la solidaridad del pueblo día que pasa es favorable a ellos, a 10 días de la marcha ya existen voces de sectores ligados al Ejecutivo de efectuar una contramarcha, que consolide la posición de construir el camino dividiendo el “Tipnis”, aunque existen sectores de cocaleros que empiezan a amedrentar con acciones de hecho contra la marcha indígena, de consolidarse esta postura de contramarcha estaremos frente a una clara de fractura del sujeto histórico que debe llevar adelante la “implementación y respeto de la CPE”, que al mismo tiempo nos encontramos frente a sectores que van desertando del denominado “proceso de cambio”, con un serio riesgo de ser aprovechado por sectores conservadores y de derecha en pro de la recuperación de sus intereses económicos y políticos que les fueron parcialmente arrebatados desde el 2006.

El Gobierno apela como método inicial al desprestigio de la marcha de los indígenas calificando a su dirigencia como “cuasi delincuentes”, y por supuesta seguridad interna confiesan pinchazos a celulares, violando el derecho a la privacidad, calificando de política a la movilización indígena, como preludio a una decisión también política autoritaria.

Las lecciones de la Marcha por la Vida y la Paz, hoy deben ser tomadas en cuenta, para no tener el mismo desenlace, que ideológicamente se derrote el precepto constitución de la consulta previa sobre el destino de sus territorios.

Fuente: LA PATRIA