Víctimas de la violencia, ahora víctimas de injusticia
26 ago 2011
Por: Rodolfo Mier Luzio
En la historia de la humanidad, siempre han existido pueblos que han sufrido la agresión de dictaduras, las que instalándose por la fuerza en el gobierno, dispusieron de la vida de sus habitantes, de sus bienes y hasta de su voz que la pusieron entre rejas, sin darse cuenta que el pensamiento es y siempre ha sido libre. El pasado 21 de agosto, cuando se recordaba la brutalidad de militares y paramilitares que sembraron luto y dolor en las familias bolivianas, trajeron a la mente estos hechos.
En nuestro país, por muchos años, las armas que el pueblo entregó a quienes vestían el uniforme de nuestro ejército, para ser usadas en la defensa de la soberanía y el territorio, apuntaron al pueblo, con el propósito de someterlo a sus insanos designios. Fueron cientos y cientos los dirigentes sindicales obreros y campesinos, religiosos, estudiantes, intelectuales, periodistas y hasta amas de casa, que sufrieron una muerte brutal, la tortura y el exilio. Las cárceles no abastecieron para encerrar a quienes defendían la libertad y la democracia; por eso se crearon centros de reclusión en lugares inhóspitos de nuestro territorio, con el propósito de neutralizar la reacción natural de la población frente a totalitarismos.
En esa época, de destruyeron familias, se frustraron ilusiones y se rompió el legítimo derecho de la juventud de esa época a estudiar y formarse en las universidades, para servir mejor a un país en el que deseaban vivir en paz, con justicia y en democracia, junto a sus seres queridos.
Una vez recuperada la democracia, se pudo ver reflejado el daño que había causado la imposición de la dictadura. La vida para miles de bolivianos ya no sería nunca más igual que antes. La noche negra daba paso a la luz de la libertad, se abrieron las cárceles, retornaron los residenciados (lamentablemente no todos). Muchos exiliados volvieron a su patria para reencontrarse con su familia y sus amigos. Pero, ya nada era lo mismo, la frustración, la desesperanza y las ocasiones que la vida les brindaba antes de abandonar forzosamente el país, ya no existían. Se constituían sólo en víctimas de la violencia política de esos gobiernos inconstitucionales.
Por todo eso, mediante la Ley Nº 2640, de 11 de marzo de 2004, el gobierno de Carlos D. Mesa, dispuso el “Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en Períodos de Gobiernos Inconstitucionales, con el objeto de crear un procedimiento destinado a resarcir a las personas contra quienes se hubiera cometido actos de violencia política, mediante los agentes de Gobiernos Inconstitucionales, que violaron y conculcaron los Derechos Humanos y las garantías consagradas en la CPE y el pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Estado Boliviano”. Ese resarcimiento de los daños ocasionados por “los usurpadores de la voluntad popular, comprende el período del 4 de noviembre de 1964 (Gobierno inconstitucional del Gral. Barrientos) al 10 de octubre de 1982 (fin de la dictadura de Luis García Mesa)
Por su parte, el actual presidente Evo Morales Ayma, mediante Ley Nº 4069 de julio de 2009, ratifica el resarcimiento a las víctimas de la violencia durante las dictaduras y crea una Comisión Técnica de Calificaciones; la que debía “aplicar criterios de calificación”.
Pese a esos buenos propósitos de los gobernantes post dictadura, la “Comisión Técnica”, formada en este gobierno, aplicó criterios muy, pero muy subjetivos para calificar a muchísimos ciudadanos, quienes presentaron documentos plenos, que respaldan que, efectivamente, fueron víctimas de la violencia política. Ese hecho provocó que muchísimos ciudadanos que sufrieron efectivamente de la violencia política, queden al margen de la lista de los que recibirán el resarcimiento justo.
Es posible que los jovencitos que conforman esa “Comisión Técnica Calificadora”, no conozcan la historia de esa época de dictaduras, menos a quienes sufrieron la violencia política; por lo mismo, el Gobierno, reconociendo esos errores prometió una “Ley Corta” que podría dar lugar a una revisión justa de los documentos presentados por las víctimas (o sus familiares). De esa forma se haría justicia, cumpliendo así plenamente, las leyes promulgadas con un criterio humano, para el resarcimiento adecuado de quienes sufrieron las consecuencias de dictaduras que por muchos años pisotearon, la libertad, la democracia, la paz y la dignidad del pueblo boliviano.
Por lo menos… esa es mi opinión.
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