Dentro de ese concepto admitido en los niveles superiores del Gobierno se establece la existencia de varias empresas estatales que no pueden aún cumplir los objetivos para los cuales fueron diseñadas y que además de disminuir el alto índice de desocupación insumiendo centenares de desocupados, en la actualidad simplemente no cubren las expectativas de la enorme promoción política que rodeó su aparición pública.
Dos ministerios coinciden en anticipar el cierre o mejor la liquidación de aquellas empresas públicas ineficientes. Por una parte desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se advierte que si no hay metas cumplidas no puede permitirse la continuidad de empresas que son carga para el Estado sin beneficios concretos. Ese temperamento fue ratificado por la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Las autoridades del área económica de la estructura gubernamental coinciden al señalar que evidentemente la ineficiencia del sector público no puede permitirse en un proceso de cambio que merece mostrar efectividad y utilidad, esto quiere decir que, varios emprendimientos que no están generando utilidades pueden “pasar a la historia”, aunque no se explica qué pasará con las inversiones realizadas y su posible liquidación que se constituiría en una pérdida abierta para el Erario Nacional.
Sin detallar claramente la situación real de varias empresas estatales se mencionaron algunas dificultades por las que atraviesan por ejemplo las empresas del actual gobierno como Lacteosbol, Cartonbol y EBA que estarían en operación, pero sin resultados que optimicen su funcionamiento, en tanto que otras como Papelbol, Ecebol, Azucarbol, están retrasadas en su implementación, por tanto necesitan un ajuste urgente antes de someterse al fallo determinado de eliminar la ineficiencia que causa más problemas que beneficios.
Pero el problema no es sólo de “ciertas empresas estratégicas”, el asunto abarca además a los “gobiernos subnacionales”, para explicarlo más claramente a las gobernaciones y los municipios que tampoco están cumpliendo con los cronogramas definidos en materia de inversiones, dejando un abultado margen de fondos acumulados equivalente a más de los mil millones de dólares sin invertirse, con mayor o menor incidencia en cada departamento, de acuerdo a sus características propias pero al mismo tiempo en concordancia con mejores o peores sistemas de administración de la cosa pública en los niveles superiores del Gobierno.
Por lo menos en lo que corresponde a mejorar la ejecución presupuestaria en los gobiernos subnacionales se han adoptado medidas urgentes para eliminar las causas que retrasaban la ejecución presupuestaria, producto de una perjudicial burocracia del aparato estatal. Eliminándose esos problemas se espera fluidez en las gestiones para adjudicación de obras, lo que mejorará la eficiencia administrativa de cada departamento.
En el caso de las otras empresas bien vale la pena que se efectúe una clara evaluación de cada organización para limar las aristas y establecer condiciones favorables al cumplimiento de objetivos. Un proceso similar debe aplicarse con las empresas adjudicatarias de obras en el país, tomando en cuenta que muchas están incumpliendo los contratos vigentes en perjuicio de la colectividad.
Fuente: LA PATRIA
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