El Gobierno ahora acusa de tráfico de madera a indígenas del Tipnis

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Lejos de su lema de “mandar obedeciendo”, el Gobierno del presidente Evo Morales ha endurecido su posición frente a la marcha de los indígenas (que ayer cumplió su octavo día) en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que reclaman la suspensión de la construcción de una millonaria carretera que atraviesa por el centro de ese santuario ecológico.

Después de revelar el seguimiento a las llamadas telefónicas de los dirigentes de la marcha, el Ejecutivo ensayó ayer otra táctica de descrédito. El ministro de la Presidencia, Carlos Romero denunció que algunos líderes de los indígenas que se movilizan hacia La Paz están involucrados en el tráfico de tierras y madera.

“Hay una dinámica ilegal de tráfico de tierras y madera que compromete a algunos dirigentes indígenas del Tipnis, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), entre otros; eso es muy preocupante porque las comunidades indígenas se están movilizando legítimamente porque les preocupa la construcción de un camino que modificará su modo de vida”, denunció Romero.

La versión de Romero incrementa la lista de argumentos del Gobierno contra la legitimidad de la marcha. Inicialmente, el Presidente Morales acusó a los dirigentes del Tipnis de un supuesto “chantaje”, luego se denunció que algunas organizaciones no gubernamentales, ONGs, alentaban la movilización, el domingo se difundió la lista de llamadas telefónicas de dos personas relacionadas con la marcha que presuntamente demuestran la intromisión de la embajada de Estados Unidos.

La delegación estadounidense negó esos extremos y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos reclamó por la supuesta invasión al derecho a la privacidad, garantizada en la Constitución Política del Estado.

AMNESIA

Pero la constatación de que el Gobierno realiza un seguimiento a las comunicaciones de los marchistas indígenas provocó ayer nuevas relaciones.

El fiscal Félix Peralta, que fue mencionado por el ministro de Gobierno Sacha Llorentty, como responsable de la autorización para realizar el seguimiento a las llamadas telefónicas de los indígenas, dijo ayer haber olvidado cuando realizó ese trámite.

“Yo hago muchos requerimientos, no tengo en mente en qué fecha hago específicamente un requerimiento, pero está ahí en el documento presentado, existen cargos”, dijo Peralta.

Aclaró que “no se está hablando de contenidos (de las conversaciones)” y que “se está hablando de extractos de llamadas, es decir, si hubo o no una llamada de un teléfono a otro, entonces no vemos ninguna vulneración de ningún derecho”.

Hasta antes del domingo 21 de agosto, cuando el Presidente Morales presentó los extractos de las llamadas de los dirigentes indígenas, ningún otro mandatario de la era democrática hizo semejante revelación.

El artículo 25 de la Constitución Política del Estado determina que “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial”.

Es decir, que las comunicaciones privadas, entre ciudadanos, son secretas y el conocimiento de las mismas sólo se puede obtener con una orden expresa de un juez en un caso que investiga la fiscalía; para el caso de las llamadas de los dirigentes del Tipnis, el Gobierno aún no explicó cuál es el proceso que motivó esa indagación.

El dirigente de la Confederación Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe anunció un proceso penal contra el Presidente Morales.

Después de expresar su rechazo “contundente” a las denuncias del Presidente, Quispe aclaró que “en ningún momento hice ninguna llamada a la embajada americana”.

“La única y la primera vez que hice es para recabar la visa el año pasado para llevar la demanda del caso Coro Coro, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, recordó Quispe.

“Yo voy a estar en unos días en la ciudad de La Paz, para asumir con abogados, porque ha cometido, el Primer Mandatario un delito, y por ese delito voy a pedirle públicamente que se retracte, de lo contrario seguir un proceso legal, correspondiente, hasta llegar a su conclusión, y el proceso es al Presidente”, dijo Quispe.

Por su parte Pedro Nuni, diputado por el MAS, anticipó que los marchistas del Tipnis preparan una respuesta al Gobierno para negar esas acusaciones.

“Señor Presidente, los excesos, realmente lo único que buscan es entorpecer y da un mensaje que no; por lo menos aquí, en poco tiempo, no se va a establecer el diálogo”, afirmó Nuni.

Fuente: La Paz, 23, LA PATRIA