Al estar en vigencia la nueva Ley del Transporte promulgada recientemente se dispondrán en un lapso de 120 días hacia delante los parámetros técnicos para que los gobiernos municipales y departamentales fijen el precio de los pasajes para el transporte público urbano e interprovincial, cumpliéndose de ese modo un compromiso contraído entre autoridades y transportistas.
Ya está corriendo el tiempo y de no existir problemas que alteren la disposición se espera que hasta fin de año esté debidamente estructurado el reglamento complementario a la Ley especificando un parámetro de tarifas adecuado a cada municipio, en función de varios parámetros que serán tomados en cuenta como los de rutas definidas, topografía de terreno, distancias, horarios y por el otro lado condiciones de las movilidades, seguridad, comodidad, aseo, presentación del conductor y otros detalles que tienen que ver con calidad, calidez como parte de un buen servicio por una tarifa definida para cubrir todos esos factores.
La reglamentación incluirá en uno de sus artículos un detalle especial que tiene que ver con los tiempos de vigencia de tarifas, lo que significa que de acuerdo a las circunstancias en determinados periodos las tarifas podrán ser objeto de incrementos racionales.
Por la determinación que emerge de la Ley deben ser los gobiernos municipales y departamentales que coordinen con los dirigentes del transporte regional en cada caso, la fijación de las tarifas, tomando en cuenta de manera inexcusable los parámetros que tienen que ver especialmente con las rutas asignadas y el cumplimiento de las mismas, reiterativamente el caso de seguridad y comodidad que son los “ingredientes” en la fijación tarifaria.
La ciudadanía ha mostrado prácticamente su aquiescencia a un incremento de tarifas, las que actualmente están vigentes y que quiérase o no son parte de una trampa que deberá suprimirse en adelante y que consiste en suprimir el cumplimiento de rutas y por un mínimo recorrido en la parte inicial de la ruta cobrar el total de un pasaje que debería obligar al transportista llegar a su destino fijado y obligado.
Junto al tratamiento del reglamento de transporte deberá también determinarse el cumplimiento de la reglamentación vigente de la Policía Operativa de Tránsito, que tiene que ver con el estado de cada motorizado, sobre todo sus condiciones mecánicas, las de seguridad, comodidad y aseo.
Bajo el cumplimiento de esas normas es posible que no exista resistencia en la fijación de nuevas tarifas, con lo que se garantizará además la vigencia de los servicios de transporte público, especialmente urbano, con acatamiento a todas las disposiciones emergentes de la Ley y de las que bajo ese amparo puedan ser implementadas en los municipios y gobernaciones, además las que rigen en el organismo policial correspondiente.
Bajo estas alternativas se espera que se inicie el trabajo concertado entre las partes involucradas en la ley del transporte para fijar las tarifas que deben aplicarse en el futuro, una vez que se apruebe el reglamento pertinente que deberá ajustarse a las condiciones de la realidad de cada distrito y no al capricho de autoridades o sectores involucrados.
Fuente: LA PATRIA
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