Defensa de la Madre Tierra o de la hoja de coca

Un conflicto de intereses cuya necesidad sólo puede ser satisfecha a expensas de otra, exige una solución que pone a prueba el discurso del presidente Evo Morales, cuando se plantea el dilema de defender la Pachamama o Madre Tierra respetando el derecho de los pueblos indígenas, su cultura y su territorio o por el contrario, asumir defensa de la producción de la hoja de coca para conculcar derechos de las comunidades originarias del Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure (Tipnis).

Esta coyuntura pone al descubierto la defensa de la auténtica libertad de las comunidades indígenas originarias campesinas y su derecho a decidir sobre su tierra y territorio, como reconoce el artículo 388 de la Constitución Política del Estado, cuestionando el respeto a la libertad que otorga cualquier autoridad social o de gobierno, más aún si se trata de un gobierno ejercido por una mayoría que pretende subordinar el derecho de una minoría de gobernados, como ocurre ahora en el Tipnis.

El justificativo de “garantizar el progreso y desarrollo de los pueblos” con la construcción de esa carretera no es válido, porque sino el gobierno del presidente Evo Morales y sus más dilectos colaboradores ya habría honrado el compromiso que asumió durante su primer mandato de “concluir el proyecto vial Oruro-Pisiga”, cuya data es de más de medio siglo. El discurso parece convincente pero no es el más adecuado para aplicar un criterio “neoliberal” de la década del 50 que puede ser más bien una justificación para llevar a cabo la depredación y destrucción de una reserva natural protegida por el Estado a favor de una reducida población de cocaleros.

No se puede ignorar que hay 34 pueblos indígenas que rechazan la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, comunidades originarias del parque Isiboro Sécure que a partir de este lunes reeditarán la histórica marcha realizada el año 1990, hace 21 años cuando su movilización llegó a La Paz pese a la situación climatológica adversa y otros contratiempos, para arrancar del gobierno el Decreto Supremo 22610 que reconoce sus derechos, ahora escritos en la Constitución Política del Estado Plurinacional.

El derecho que reclaman los indígenas del Isiboro Sécure también fue establecido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales aprobado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y reconocido por el Estado de Bolivia, cuyo contenido no ha tenido cabal interpretación y comprensión por parte de las autoridades de gobierno sobre la naturaleza de los procesos de consulta que debía ser desarrollado por el Estado con los pueblos y comunidades indígenas, antes de ejecutar cualquier proyecto que afecte su territorio y sus tierras. La consulta que se quiere hacer ahora es extemporánea porque además se quiere conseguir una respuesta para que “sí o sí” se construya el segundo tramo de la ruta que afecta y pasa por el centro del parque natural, proyecto que incluso ya cuenta con financiamiento pero nunca fue autorizado por los verdaderos propietarios de las tierras.

Así la posición cerrada y obsecuente del Gobierno y algunas de sus autoridades pretende desviar la atención que demandan los indígenas del Tipnis a un hecho político y hasta con poses autoritarias como la asumida por el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras, Luis Sánchez, quien dijo que “con consulta o sin consulta se ejecutará el proyecto”, reconociendo empero que habrán “varios impactos, tanto ambientales como sociales, como culturales y que hay que mitigarlos al máximo posible”.

Sin embargo, la posición de Sánchez resulta ser contradictoria a la asumida por el ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, quien dice tener “la convicción que con la carretera vamos a más bien disminuir los impactos, sumando y restando” al indicar que “en este momento hay una carga depredatoria sobre el Parque (Isiboro Sécure) muy fuerte, desordenada de ambos lados, madereros y explotadores de recursos naturales que se quiere mitigar con ese proyecto”.

En resumen no hay acuerdo ni siquiera al interior del propio Gobierno, porque otra autoridad como el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, advirtió que el precio de la hoja de coca seguirá en ascenso mientras el narcotráfico no desaparezca y no se ejecuten políticas de reducción del consumo de droga en los países ricos. Existen a la fecha 30.900 hectáreas de coca cultivada de las cuales más de 10.000 son excedentarias porque el máximo asignado no debe superar las 20.000 hectáreas y grupos de productores que se oponen a la erradicación de las plantaciones, lo que denuncian los indígenas del TIPNIS, para evitar que su territorio sea afectado por el narcotráfico.

La solución al impasse surgido entre el Gobierno y los indígenas del Isiboro Sécure podrá darse con un cambio de actitud en las autoridades de Gobierno, manteniendo coherencia entre el discurso y la defensa de los derechos de los pueblos originarios, respetando la ideología que propagan para reconocer sus derechos a los pueblos originarios. Esa será la única forma de mantener la legitimidad que tiene el presidente Evo Morales, así tenga una mayoría parlamentaria, porque lo contrario significa que está vulnerando y desconociendo los derechos de sus hermanos de clase, aunque resulta importante aclarar que el primer mandatario no es indígena y más bien está ubicado en la nueva clase media que salió de la pobreza. Ojalá prime el diálogo y el respeto para no destruir una reserva natural que goza de protección del Estado.

(*) Periodista