Lo que no se dijo del Tipnis

En las últimas semanas, la opinión pública ha conocido acerca de la amenaza que se cierne contra el Tipnis, por la construcción del tramo II de la Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos-Trinidad.

Todos los argumentos de los pueblos indígenas en contra de la construcción de dicha carretera son válidos, especialmente los referidos al derecho a decidir sobre su territorio.

Pero más allá de dichos argumentos, también están los que establece la Normativa Ambiental (Ley 1333) el Reglamento General de la Gestión Ambiental y la propia Constitución Política del Estado (Artículo 352), así como los Convenios Internacionales suscritos por el Estado boliviano, como es el caso del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, refrendado en la Ley 3760, artículo 32.

Para obras de infraestructura o extracción de recursos naturales, que por su magnitud y por sus impactos indirectos pueden afectar extensas área a largo plazo, se precisa una evaluación ambiental más integral. El proyecto carretero, sumado al anuncio del Gobierno de realizar prospecciones petroleras en el Tipnis, hacen necesaria la realización de un estudio o Evaluación Ambiental Estratégica que permita analizar el impacto que tendrían estos y otros posibles proyectos en la región. El EAE nos permitiría tener una mirada integral, que al margen de los proyectos aislados, ayude a tomar las decisiones más adecuadas para el desarrollo sostenible del país.

El EAE determinará los impactos directos, indirectos y acumulativos, así como la relación que tendrá esta carretera en el ámbito económico, social, ambiental, productivo, etc. No nos olvidemos que al construir esta carretera, se dinamizará la actividad forestal, agrícola, ganadera, comercial, energética y asimismo la presión sobre la tierra por los cultivos de hoja de coca. Es decir, que esta carretera ejercerá presión sobre dicho territorio mediante diversas actividades económicas, afectando a la biodiversidad, al sistema hidrológico, los usos y costumbres de los pueblos, etc.

El bosque del Tipnis secuestra 90 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente y es esa su gran contribución a regular el cambio climático en la región y el mundo. La deforestación de medio millón de árboles para la construcción de la carretera implicará que el Tipnis dejará de secuestrar 20 millones de toneladas de dióxido de carbono, aspecto que incidirá fuertemente en acelerar los cambios climáticos en vastas regiones del país, generando mayores inundaciones y sequías, con serios impactos en otras actividades económicas (agricultura y ganadería). Es decir que, al defender el Tipnis, los pueblos indígenas están evitando las consecuencias de los cambios climáticos en las actividades agropecuarias de otras regiones del país. En otras palabras, están contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria, concepto tan manoseado por el actual gobierno y tan venido a menos, producto de sus políticas inadecuadas que han llevado a la importación del 68% de los alimentos que consumimos los bolivianos.

¿Qué podría ocurrir en caso de que el gobierno insista en construir el Tramo II? Sólo basta mencionar como ejemplo, lo que ha ocurrido en el caso de la construcción del Gasoducto San Miguel - Cuiabá que partió en dos el Bosque Seco Chiquitano en el Departamento de Santa Cruz, en el año 1999, así como la construcción del Corredor Bioceánico Santa Cruz- Puerto Quijarro (en actual proceso y que sí se construyó con el aval de la sociedad civil de la región) y que en el caso de éste último ha contado con un Estudio Ambiental Estratégico, con un Proceso de Consulta Pública oportuna, con un Comité de Participación y Consulta que tenía representantes de los financiadores de la obra, las empresas constructoras, los municipios, los representantes de las organizaciones indígenas, campesinas, localidades afectadas, ONGs, Comités de Fiscalización, etc. Es decir, dicha instancia tenía la representación de la sociedad civil.

Aun así se han generado impactos socioambientales y que seguramente, se darán en mayor magnitud en el Tipnis, entre los que podríamos mencionar los siguientes:

• Deforestación masiva de especies nativas de gran valor, como resultado de un proceso gradual de conversión del bosque en tierras agrícolas y ganaderas. Este crecimiento de la frontera agrícola, viene de la mano de monocultivos (coca), afectando los ecosistemas locales.

• Problemas de salud asociados a la generación de polvo generado por la maquinaria pesada.

• Extracción de áridos sin cumplimiento de compromisos de pago, dejando degradadas las áreas usadas como bancos de préstamo.

• Incremento de la delincuencia é inseguridad ciudadana.

• Acoso sexual de los trabajadores de la obra, en las poblaciones indígenas.

• Reducción de la fauna silvestre por la caza indiscriminada.

• Incremento de la colonización por parte de los productores de hoja de coca.

• Incremento de la tala ilegal y de la explotación de maderera informal.

• Especulación sobre la tierra y desplazamiento de las comunidades locales por la actividad agrícola, ganadera, forestal y cultivos ilegales.

• Superposición de derechos, invasiones y exacerbación de las disputas territoriales.

• Interrupción de los cursos naturales de agua, secado de lagunas, curichis y áreas de concentración de humedad.

• Contaminación de cursos de ríos, aguas y del sistema hidrológico, producto de los residuos tóxicos de los cultivos de hoja de coca, lubricantes de la actividad de transporte, etc.

En una coyuntura en la que el país está sumergido en una crisis ambiental y alimentaria, producto de las deficientes políticas del gobierno actual, ¿podemos confiar en que lo señalado anteriormente no ocurra en el Tipnis y de manera más brutal por su cercanía a los cultivos de hoja de coca?

¿Por qué existe la terquedad del Gobierno en no acceder al cumplimiento del proceso establecido en la normativa legal de elaborar en primera instancia un EAE, bajo un proceso de consulta previo y de carácter vinculante tal como lo establece la CPE y los convenios internacionales?

¿Por qué el Gobierno, en el marco de ese proceso normativo que implica respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, concepto tan manoseado por el Presidente en los foros internacionales, no acepta el cambio de trazo de dicha carretera?, ¿cuáles son los intereses que están en juego?

“El hombre y la naturaleza conforman una unidad que no se puede separar, cuando se trata de su defensa”.