Santos arriba a su primer año de gobierno

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, arribó ayer a su primer año de gobierno, con una agenda nacional e internacional propia que le ha valido un relativo distanciamiento de su antecesor y mentor político, Álvaro Uribe.

En el plano internacional Santos apostó por un tono conciliador al apartarse de las embestidas de Uribe contra algunos países de la región, al tiempo que logró sacar a Colombia del aislamiento regional, al voltear su mirada hacia América Latina.

Pocos días después de su llegada a la Casa de Nariño, Santos emprendió una agenda destinada a recomponer el desaguisado que heredó en las relaciones con Ecuador y Venezuela.

Ello hizo posible el restablecimiento pleno de los vínculos con esas naciones a través de un diálogo directo con base en el respeto a las diferencias, lo cual fue celebrado y acogido con sorpresa dentro y fuera del país.

Por otra parte, el gobernante enfocó las relaciones internacionales en disminuir la dependencia de su país de Estados Unidos, y fue así que logró colocar a Colombia como un actor de peso en el contexto de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

A su vez, este año Colombia obtuvo la presidencia pro témpore del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tuvo una participación activa en la reconciliación política en Honduras.

Además de superadas las diferencias con Quito y Caracas, Bogotá fortaleció sus relaciones con Perú y Chile, al tiempo que emprendió importantes acercamientos económicos con Brasil, a fin de incrementar el intercambio con el gigante sudamericano.

En tanto, en el plano doméstico son varias las lecturas que los analistas hacen de su gestión luego de 365 días de gobierno, pues si bien pude exhibir algunos logros, aún persisten serias dificultades económicas, sociales y de derechos humanos.

Con un Congreso mayoritariamente a favor, Santos sacó adelante no pocos proyectos, entre ellos la denominada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, quizás la más importante normativa impulsada por su administración.

La ley pretende reparar a las víctimas del conflicto armado interno y restituir a los desplazados dos millones de hectáreas de tierras usurpadas por la violencia; sin embargo, más allá de la letra, su aplicación se vislumbra tortuosa y sangrienta.

Desde su aprobación y sanción presidencial, una veintena de personas que reclamaban esos derechos han sido asesinadas y otras amenazadas de muerte, por lo que muchos han decidido guardar silencio.

Por otra lado, acorde con denuncias de organizaciones de derechos humanos, en los primeros 75 días del gobierno de Santos, fueron asesinados siete líderes indígenas, seis activistas, dos líderes mujeres, dos defensores de derechos de los homosexuales, un juez que llevaba casos de ejecuciones extrajudiciales y un periodista comunitario.

Súmese a ello que en los primeros seis meses de este año fueron ultimados 20 sindicalistas, lo que significa el 60 por ciento de los asesinados en el mundo, además de registrarse un repunte en las ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública.

Asimismo, la oposición -liderada por el Polo Democrático Alternativo- considera que Santos profundiza el modelo neoliberal y que sus medidas económicas no son más que paños tibios dirigidas a remendar un sistema que debe ser cambiado.

A ello se añade que persisten altos niveles de desempleo y un incremento de la informalidad, mientras las transnacionales ganan terreno en sectores estratégicos como la minería, los agro-combustibles y la explotación petrolera, entre otros.

Para el Polo el Plan Nacional de Desarrollo impulsado por Santos lo único que generará en el país es más miseria y mayor inequidad, pues favorece al gran capital especulativo, profundiza la concentración de la riqueza y las políticas de privatización.

Otro elemento desfavorable es que la percepción de inseguridad aumentó y se resquebrajó el orden público, para muchos el mayor desacierto de Santos, al tiempo que se incrementaron los grupos paramilitares al servicio del narcotráfico, que el Gobierno insiste en denominar "Bandas Criminales Emergentes" (Bacrim).

Con relación al prolongado conflicto armado interno, pese a la disposición manifiesta de los grupos guerrilleros por encontrar una solución negociada al conflicto, el gobierno de Santos apuesta por la vía militar.

Sus condicionamientos para una eventual mesa de negociación hacen prácticamente imposible su real instalación, puesto que desconoce la naturaleza de la insurgencia y el origen del conflicto, según se desprende de las posiciones y estrategias del gobierno. Por otra parte, en el tema de los retenidos por parte de la guerrilla, casi nunca se menciona la existencia de siete mil 500 presos políticos y de conciencia en las cárceles del Estado, de los cuales sólo 700 son combatientes insurgentes.

Esta falta de reconocimiento por parte del Gobierno es considerado como uno de los obstáculos para cualquier acercamiento, pues la guerrilla estima que estos 700 deberían tener el estatus de prisioneros de guerra.

Los demás son dirigentes sociales vinculados a procesos jurídicos como insurgentes, sin embargo se hallan en prisión por procesos manipulados, estancados y habitando en condiciones degradantes, por lo que son presos de conciencia, de acuerdo con denuncias de activistas por la paz y de derechos humanos.

Entretanto, Santos deberá afrontar varios retos como reducir la pobreza, la inflación, la desigualdad y frenar la galopante corrupción.

(*) Corresponsal Prensa Latina, Bogotá-Colombia