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El “gasolinazo” de diciembre, frenó la “topadora política”
Bolivia festeja 186 años de vida con el proceso de cambio a medias
06 ago 2011
Fuente: LA PATRIA
Por: Pedro Glasinovic V. - Periodista, Sub Director de LA PATRIA
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Hace cinco años, el 6 de agosto de 2006, el presidente Evo Morales discursaba en Sucre para celebrar el nacimiento de la nueva Bolivia con la instalación de la Asamblea Constituyente, cuyo resultado, la Constitución Política del Estado renovada, debía constituirse en un nuevo pacto social de “refundación” del Estado Plurinacional en reemplazo de la “República”.
Ese proceso asumió como objetivo estratégico la realización del ideal del “suma qamaña” o “vivir bien” en aymara. Pero el paso del tiempo y los últimos conflictos desatados especialmente desde diciembre, cuando el Gobierno aprobó el “gasolinazo de Navidad”, han frenado lo que parecía una topadora política que arrancaba los cimientos institucionales de lo que el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) califica como “resabios del neoliberalismo”.
El aniversario 186 de Bolivia llega al país con el preludio de nuevos conflictos políticos y la sensación de que el denominado “proceso de cambio” quedó a medias.
NUEVO ORDEN
Al cambiar el nombre de Bolivia, al imponer el denominativo de Estado Plurinacional en reemplazo de la República de Bolivia, el MAS definió la remoción de las estructuras y responsables de todas las instituciones burocráticas.
Incluso, el 6 de Agosto, Día de la Independencia de la Patria, compite ahora en importancia con el 22 de enero, Día a la Creación del Estado Plurinacional, fecha que coincide con la posesión, hace cinco años y ocho meses, del presidente Evo Morales.
También se ha impuesto el 21 de junio como feriado nacional por Decreto Supremo 01-73 que declara Día del Solsticio de Invierno y la whipala flamea como emblema nacional en todos los actos protocolares del Gobierno.
Pero los cambios de simbología no han sido acompañados por mejoras en la economía.
A fines del 2010, el sexto informe nacional sobre desarrollo humano en Bolivia realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estableció que seis de cada diez bolivianos viven en la pobreza y tres de cada diez viven en la extrema pobreza.
La representante del PNUD en Bolivia, Yoriko Yasukawa, advirtió en esa ocasión que el país necesitará más de cinco años para superar los índices negativos de pobreza, la desigualdad y la exclusión social y, expresó su esperanza de que el Gobierno ejecute programas y planes dirigidos a un adecuado sistema de salud, educación y generación de empleo.
“Se debe ajustar todas las políticas públicas para garantizar de manera universal las condiciones mínimas para una vida digna donde todos tengan acceso a una educación de calidad y a un sistema de salud adecuado, un trabajo estable y bien remunerado”, dijo Yasukawa.
Advirtió que durante los últimos ocho años, la clase media de la población boliviana aumentó, pero el ascenso social que se ha registrado entre 1992 y 2007 es “vulnerable”. Los estratos medios crecieron del 30% al 36% de la población y representan a 3,6 millones de ciudadanos. Sin embargo, el informe PNUD advirtió que cerca de 2,3 millones de estas personas corren el riesgo de recaer en la pobreza.
BUENOS BONOS
Paradójicamente, el efecto económico más importante del Gobierno del MAS fue provocado por la continuidad y extensión de medidas asistencialistas de los llamados “gobiernos neoliberales”.
El Bonosol del gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y los “bonos manzaneras” del ex alcalde de El Alto, José Luis Paredes, para ancianos y niños en edad escolar, correspondientemente, se han convertido en la Renta Dignidad y Bono Juancito Pinto del Gobierno del presidente Evo Morales. Esos pagos, junto al Bono Juana Azurduy para madres gestantes, constituyen según, Yasukawa, medidas de impacto social positivo.
En su último informe, el Fondo Monetario Internacional, FMI, destacó que debido principalmente al pago de esa asistencia estatal, más de un millón de bolivianos dejaron la extrema pobreza entre 2007 y 2009. El jefe de la misión del FMI en La Paz, Gabriel Lopetegui hizo notar que hasta antes de 2007, “el 37 por ciento de la población en Bolivia vivía con menos de un dólar por día y ese indicador bajó en 2009 a 26 por ciento. Eso es muy bueno”.
Lopetegui resaltó que el 11 por ciento de la población boliviana, de 10 millones de habitantes, es decir 1,1 millones, abandonó la línea de extrema pobreza en ese periodo, durante el cual el Gobierno legisló el pago de rentas vitalicias, de entre 1.800 y 2.400 bolivianos por año, a la población mayor de 60 años, que engloba a 800.000 adultos.
INSTITUCIONES
Para la “refundación” de Bolivia, el Gobierno también procedió a la remoción de todas las autoridades jerárquicas de las empresas autárquicas del Estado y procedió a la posesión de responsables interinos, que no han sido sometidos a la elección previa en el Legislativo. Los casos más llamativos de estos interinatos son los nombramientos en la Contraloría General del Estado, a cargo del ex diputado por el MAS, Gabriel Herbas, en la Aduana Nacional, a cargo de Marlene Ardaya y de YPFB, que en los últimos cinco años tuvo cuatro presidentes, el penúltimo, el ex senador por el MAS, Santos Ramírez, que permanece detenido en la cárcel de San Pedro después de un escándalo de corrupción y hecho de sangre.
El Presidente Morales obtuvo un rotundo triunfo para su reelección el 6 de diciembre de 2009 con un 64 por ciento de la votación que le aseguró el control de dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En los plazos estipulados, el MAS aprobó las leyes de desarrollo constitucional de Autonomías, del Régimen Electoral, del nuevo Órgano Electoral, del Tribunal Constitucional y del Órgano Judicial.
Pese a haber perdido varios municipios en las elecciones del 4 de abril del año pasado, el MAS recurrió a un artículo de la ley marco de Autonomías para suspender a los alcaldes acusados de corrupción en Potosí y Sucre, principalmente.
El gobernador de Tarija, Mario Cossío se refugió en Paraguay al verificar una cantidad creciente de procesos en su contra y después de perder el control de la Asamblea Departamental.
Los gobernadores de Beni, Ernesto Suárez y de Santa Cruz, Rubén Costas también enfrentan procesos por presunta corrupción, malversación de fondos y otros presuntos delitos.
EL CUARTO PODER
Para el analista político Carlos Cordero el MAS da señales de que se prepara ahora a tomar el control del Órgano Judicial con las elecciones del 16 de octubre.
Dijo que la forma de “preselección” de los candidatos a jueces y las dudas provocadas por el proceso “confirman los temores no sólo de la oposición, sino de la ciudadanía” de que el MAS busca controlar la administración de justicia.
“Yo diría que el interés final de tener tribunales electos está en el hecho de poder consultar la viabilidad de una tercera elección para tener magistrados que sean afines, simpatizantes con el partido de gobierno, y le allanaría el camino y le daría aval ante la comunidad internacional”, insinuó Cordero.
Para el jefe de bancada de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, “la estrategia del MAS es tener un Tribunal Constitucional legitimizado por el voto para autorizar la segunda reelección de Morales.
Aunque la Constitución vigente permite sólo dos mandatos consecutivos, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, afirma que los primeros tres años de gobierno de Morales no cuentan porque juró a su segundo mandato bajo una nueva Constitución Política del Estado.
De cualquier manera, el 16 de octubre, Bolivia sabrá si el denominado “proceso de cambio” avanzó hasta renovar la justicia o se frenó por las campañas de la oposición por el voto nulo.
El Presidente Morales dijo que las elecciones judiciales tienen como objetivo que el imperio de la ley reine por encima de las presiones de grupos de poder económico y político.
“En el pasado neoliberal, los políticos hacían alianzas en el Congreso para cuotearse los cargos de los magistrados, en especial de la Corte Suprema de Justicia y las cortes departamentales, por ello denuncié que ese Congreso era la primera mafia del Estado porque esas alianzas políticas colocaban a jueces solamente para defender sus intereses políticos y económicos”, sentenció el Mandatario.
Fuente: LA PATRIA
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