Calidad de la justicia es básica para el desarrollo
03 ago 2011
Por: Armando Mariaca V.
La vigencia de la justicia en un país democrático no está referida sólo a una administración transparente, o a un comportamiento digno de sus representantes o personeros; menos a la total vigencia de los códigos y normas, y tampoco es condición para desterrar completamente situaciones de hecho con regímenes de facto o dictatoriales como se presentan en países especialmente del Tercer Mundo.
La vigencia de la justicia es, innegablemente, condición fundamental para la tranquilidad y buena vida de los pueblos, para la armonía y ejercicio de las libertades, para que la democracia tenga un sentido amplio en su aplicación y para que sirva al bien común con miras a establecer estados de vida que den lugar a la convivencia entre todos los componentes de un pueblo; es, fundamentalmente, condición que debe regir el comportamiento de quienes gobiernan y de los que tienen poder político, social o económico.
La justicia, pues, es garantía de crecimiento para un pueblo pobre porque de su correcta aplicación depende que se entiendan y apliquen las normas y condiciones legales de vida de las personas. La justicia es la conductora de vidas y haciendas, es el derecho que tienen los pueblos para administrarse correctamente y evitar extremos de posiciones que, muchas veces en discordia, buscan imponerse sobre los demás. Es la justicia la que, impone la vigencia de las leyes, implanta normas de conducta, reconcilia las voluntades y marca rumbos para el entendimiento.
Son muchas las razones por las que el Poder Judicial funcione conforme a las leyes morales y civiles, para que se acaten las regulaciones de las leyes y para que sus componentes, como dispensadores de justicia, tengan la necesaria preparación moral y humanística, para que posean valores y no sean proclives a la corrupción. En todo país, las principales condiciones para ocupar cargos de fiscales, jueces y otras magistraturas, la exigencia mayor es que sean apolíticos, que no respondan a intereses ajenos a las leyes, que sean garantía de transparencia, honestidad y responsabilidad.
En octubre próximo, se elegirá a los funcionarios que se harán cargo de la administración de justicia en Bolivia y es por ello que la población exige que el Poder Legislativo actúe con la sindéresis, la honestidad, claridad y responsabilidad necesarias para elegir a los candidatos, para escoger entre los mejores a quienes posean las cualidades y virtudes precisas pero ajenos a políticas partidistas de la tendencia que fueren; la exigencia máxima es que no sean instrumentos del partido gobernante o de grupos políticos, cívicos, económicos o sociales que casi siempre abrigan intereses subalternos.
Vivimos tiempos en que es preciso que el Poder Judicial actúe dentro de lineamientos de honestidad, que se abandonen los intereses creados y que “el partido” deje de ser el “interés supremo” en que se ha convertido en la práctica de los últimos gobiernos. Quienes dirigirán el proceso de elecciones deberán actuar con la mayor honestidad al evitar cualquier contacto, presión, influencia, imposición del poder político imperante puesto que, de hacerlo, sólo habrán introducido contaminación peligrosa para la administración de justicia en el futuro. Los intereses creados, las influencias, las presiones y hasta la presencia de quienes sirven a las peores condiciones del mal pueden aparecer conforme a las debilidades que hayan tenido las elecciones y, por supuesto, de acuerdo a la formación moral y profesional de los designados en los cargos de magistrados y otros funcionarios cuya labor futura será importante y decisiva.
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