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Sábado 30 de julio de 2011

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Sábado 30 de julio de 2011
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Periodistas denuncian que la Ley de Telecomunicaciones viola Constitución
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Férrea determinación de 2.000 mineros
Unidad de mineros asalariados hará respetar fuentes de trabajo
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Ex prefecto pide trazar una ruta alternativa que no dañe el Tipnis
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Ascienden a cuatro los muertos por intento de desalojo en Norte argentino
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2.500 afectados del megadeslizamiento deben $us 6 millones a 18 entes financieros
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El Presidente llama a “organizarse” y “garantizar” el voto en octubre
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Varios
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Maquinaria
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Vehículos
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Casas y lotes
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Alquileres
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Anticréticos
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Empleos
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Teléfonos
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Editorial
Una agenda demasiado mínima
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PICADAS
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La noticia de perfil
Telenovela Rózsa de Lejos agoniza
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Las autoridades culturales ausentes
Ley de Mecenazgo a punto de aprobarse y Oruro bien gracias
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DESDE LA TIERRA
Jardines para El Alto
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Economía sumergida
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Dinero dormido de RIN para proyectos energéticos
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Proyecto VALE
Emprendimientos productivos en camélidos reciben más de 2 millones de bolivianos
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Militantes del MSM califican elecciones judiciales como una acción política
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Afirmación del presidente de la Fedecomin, Agustín Choque
Marcha de mineros asalariados fue por proteger a empresarios
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Fedjuve cumplió 60 años de lucha por el desarrollo y bienestar de Oruro
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UN inició campaña por el voto nulo para las elecciones judiciales
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Acciones prácticas contra la sequía son prioritarias en el departamento
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Cooperativas telefónicas del país ratifican estado de emergencia
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Conteo final
22.184 personas se empadronaron para participar de elecciones judiciales
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Audiencia Pública Parcial de Rendición de Cuentas
En primer semestre de 2011 avance financiero del SeLA alcanzó al 46 %
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Inicia segunda fase de alfabetización digital
Se pretende capacitar a 500 profesores en uso didáctico de Nuevas Tecnologías
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PAN incorporará el grano de oro en su Plan de Nutrición
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Pronóstico para fin de semana
La temperatura volverá a descender hasta 11 grados centígrados bajo 0
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Programa de Movilidad Estudiantil de la UTO
Una estudiante de la FNI obtuvo beca para estudiar en Perú
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Carrera de Comunicación Social tituló a 38 nuevos profesionales
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Sin desconocer el fecundo mestizaje de siglos
Directorio de la Sociedad “10 de Febrero” busca la unidad de todos los orureños
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Sociales
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Farándula y retreta dieron inicio a festejos del Colegio “Ignacio León”
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Solsticio de Invierno concluye con el concierto del Grupo “Muñoz Revollo”
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Dieron plazo a la Comuna hasta el 1º de agosto
Padres de familia reclaman urgente distribución del desayuno escolar
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EDICTO
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APLP: La Ley de Telecomunicaciones viola la Constitución y Convenios Internacionales
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Conamaq rechaza compra de coca excedente del Chapare
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Firman acuerdo con Corea para industrializar litio del salar de Uyuni
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Ciudadanos no empadronados podrán pagar multa para evitar sanciones
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Bolivia pasó la certificación en Seguridad Operacional aeroportuaria
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En el sector minero
San Cristóbal fue premiada como la empresa con Mejor Reputación Corporativa
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Cinturones de seguridad se comercializan hasta en Bs 280
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Toda la línea de servicio público será suspendida si un chofer es detenido ebrio
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Fabriles preocupados por despido de 90 trabajadores de Ametex
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Ley de Telecomunicaciones
Asbora dice que 400 radios dejarían de operar
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Cooperación Japonesa destaca resultados en proyectos de Salud Materna e Infantil
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“Octubre negro”: Acusación cree que juicio podría concluir en quince días
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Segip calcula que hay 400 mil cédulas duplicadas
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Comité Cívico de Santa Cruz no se sumará a la campaña por “voto nulo”
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SIP denuncia los graves ataques a libertad de prensa en Latinoamérica
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Un error de pilotaje causó el accidente del vuelo entre Río y París
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ONU envía más comida a Somalia mientras sufren aún 1,25 millones de niños
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Invitación Religiosa
Sra. SABINA SALDIAS Vda. DE MOYA (Q. E. P. D.)
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In Memoriam
Mamita Sabina…
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Parte Necrológico
Sr. NESTOR DORADO GUARACHI (Q. D. D. G.)
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Invitación Religiosa
Ing. DANIEL MAURICIO CAMACHO HURTADO (Q. D. D. G.)
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Parte Necrológico
Sr. NESTOR G. DORADO GUARACHI (Q. E. P. D.)
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Humala preside desfile mientras se apaga controversia por su juramento
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Anulan juicio a ex ministro por supuestas entregas de dádivas para reelección de Uribe
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Zapatero adelanta al 20 de noviembre las elecciones generales en España
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ONU dice que aún persiste la supresión de derechos de la mujer
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Noruega recordó con emoción y entereza su viernes más trágico
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RESUMEN INTERNACIONAL
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Editorial y opiniones

Economía sumergida

30 jul 2011

Por: Miren Etxezarreta

Según un informe publicado en mayo, la economía sumergida supone en España entre un quinto y una cuarte parte del PIB y de cuatro a cinco millones de trabajadores. Por ella, las arcas públicas han dejado de ingresar una media de unos 31.000 millones de euros al año entre 1989 y 2008. Una actividad económica tan considerable deja patente que es una vieja fórmula consentida por las autoridades a pesar de suponer un importante fraude a la Seguridad Social, a los derechos de los trabajadores y, probablemente, también de naturaleza fiscal. Muchas empresas españolas logran con ello sustanciales beneficios y una flexibilidad total en sus relaciones laborales. Muchas empresas acaban beneficiándose de precios y salarios más bajos y del ambiente laboral inferior. De hecho son pocas las denuncias de esta fórmula por las empresas legales.

La Unión Europea (UE) se ha propuesto ejercer una fuerte presión para que se controle la economía sumergida. Debe de ser por ello que el Gobierno español ha tomado nuevas medidas para regularizarla y someterla, aunque ya existían leyes con la misma orientación.

Algo inconcebible del Decreto-Ley es que, en su artículo primero, permite la regularización de los trabajadores clandestinos antes del 31 de julio de 2011 sin ningún tipo de penalización, haciendo tabla rasa de todo lo sucedido hasta ahora. No queda más remedio que denunciar esta escandalosa amnistía fiscal que se concede a quienes durante años y años han estado delinquiendo estafando al fisco, abusando de los trabajadores y ejerciendo una competencia ilegal con los demás empresarios. El Gobierno español anula toda obligación previa para “facilitar la emergencia de este tipo de economía”. ¿No será que temen que muchas de tales empresas cerrarán si son penalizadas, o que tales empresarios tienen mucho poder?

Política arbitraria e injusta donde las haya. Injusta con los trabajadores, a quienes no se les reconoce ningún derecho, ni la más mínima compensación por los años que han estado explotados, injusta con el erario público e injusta en una intensa competencia desleal con los empresarios que cumplen con sus obligaciones. Y que tiene consecuencias en muchos ámbitos. Por citar algunos de actualidad, ¿cómo incide en el déficit fiscal?, ¿cómo en la productividad?, ¿cómo se computa para evaluar los aumentos de ésta de los que han de depender los salarios?

Pero no es sólo injusta, sino muy poco realista: si se supone que los patronos que tienen que regular trabajadores preferirán hacerlo sin penalizaciones que arriesgar a ser encontrados en fraude y pagarlas después de esta fecha, ¿hay que imaginar que las empresas que, en total, emplean a más de cuatro millones de trabajadores en negro van a regularizarlos en tres meses? Esto sí que equivaldría casi a una revolución.

La impresión que produce todo este proceso es que la presión de la UE ha forzado una normativa que, además de ser lo más suave posible con el empresariado, no se tiene voluntad de hacer cumplir.

Porque un problema todavía mucho más grave para el Gobierno es que bastantes de los casi cinco millones de parados que existen logran sobrevivir por medio de trampear con trabajos irregulares en la economía sumergida; de hecho, muchos de los parados se mantienen formando parte de la misma. Mucho más teniendo en cuenta que más de 1.300.000 familias tienen a todos sus miembros en paro, que uno de cada tres parados es un parado de larga duración, que el sector público está poniendo en práctica duros programas de ajuste y que se han eliminado prácticamente las ayudas para los que ya no tenían subsidio. Dado que no parece probable que los empresarios de la economía sumergida estén dispuestos a emerger en masa al mundo legal a pesar de las inmejorables condiciones legales otorgadas, ¿de qué van a vivir todas estas familias si hasta el recurso a la economía sumergida se elimina? ¿Qué puede hacer, a qué queda condenada una población sin empleo si se le cierra la espita de último recurso? ¿Se atreverá realmente el Gobierno a disminuir sustancialmente la economía oculta? ¿Qué consecuencias pudiera tener si esto sucediera? ¿Es consciente la UE de lo que propone?

El problema es muy grave y contradictorio. La economía sumergida se tiene que eliminar para lograr una economía más sana, pero las condiciones actuales hacen dramática esta tarea. ¿Podrá la presión de la UE sanear una situación fraudulenta o, con tantos trabajadores parados o sumergidos, podrán más aquellos empresarios firmes en su voluntad de mantener la clandestinidad?

(*) Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB

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