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Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/lapatri2/public_html/impresa/index.php on line 8 Nuevos signos de emergencia y movilización social - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
La comercialización en el mercado interno de gasolina y diesel que Bolivia importa a precios del mercado internacional del petróleo, se ha convertido en la “espada de Damocles” que pende sobre la cabeza de todos los bolivianos y, con mayor grado de severidad, sobre la estabilidad política del Gobierno que, en diciembre último, ha ejercitado un ensayo demasiado peligroso para la economía nacional al decretar el denominado “gasolinazo navideño”, cuyo efecto devastador contra el salario de los trabajadores ha sido implacable e inhumano.
Las consecuencias de ese “experimento gubernamental” mantienen su tendencia en ascenso, puesto que los precios de los productos básicos son cada día más altos y la capacidad de compra del salario del trabajador tiene menos peso en su poder adquisitivo, además de otros efectos, como son los procesos especulativos que benefician sólo a “los agiotistas” que hicieron práctica común, presionar para lograr que la ausencia de la oferta cumpla con el trabajo que le corresponde. Un ejemplo es el azúcar que de pronto desaparece, sin explicación alguna y, en el caso del pan, ya no existen unidades de Bs. 0.40.
De hecho, el sólo anuncio del presidente del Estado, de enfrentar un “proceso de concertación” para eliminar el elevado presupuesto para la subvención de los carburantes que, en el 2011 se colocará en $us. 600 millones, ha provocado un automático desajuste en los precios del mercado, pero, además, una reacción social inmediata en choferes, gremiales, mineros y otros sectores que viven y se mantienen en emergencia y movilización ante cualquier intento gubernamental, de proceder a la ejecución de tal medida.
Pero, además, se observa “las incongruencias de la Ley 100”, referidas a la administración de las gasolineras establecidas dentro el área constitucional de los 50 kilómetros desde las fronteras del territorio nacional, cuyas contradicciones establecen sesgos que presionan sobre las empresas urbanas de todo el territorio nacional. Se ha mencionado que la referida disposición, está violando los derechos a la propiedad privada, al trabajo y, sobre todo, a la seguridad jurídica que la Constitución garantiza a las inversiones tanto internas como transnacionales.
La Central Obrera Boliviana, las Centrales Obreras Departamentales y la Confederación de Choferes realizaron inmediatas reuniones de emergencia en sus niveles ejecutivos y la conclusión es la natural advertencia de “no permitir el mínimo incremento” y menos “levantar la subvención que traería graves consecuencias para la economía nacional”, con “severas repercusiones contra los más pobres”, por sus efectos multiplicadores.
En esos niveles de la dirigencia laboral del país, se ha descartado que el gobierno esté “jugando con sus globos de ensayo”, para generar un “escenario distractivo” que haga posible provocar confusión en la opinión pública para abrir el camino hacia las elecciones judiciales que tiene previsto realizar en octubre próximo, a propósito de la corriente generalizada que ha cobrado cuerpo en la población boliviana y que está referida al “voto nulo”, de rechazo a la “política de copamiento” del poder total. Una medida de esa naturaleza, sería contraproducente para los objetivos del Gobierno.
Un tercer tema que ingresó en el debate público, ha sido la limitada provisión de esos productos a los surtidores y que provoca, de hecho, desabastecimiento y extensas colas de vehículos pesados. Este extremo, fue motivo de un comentario oficial difundido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales, cuya empresa trató de desmentir el problema de escasez. Considero que en los últimos días se ha observado “una sobre demanda de combustible en varias regiones del país” y, por ello, “no existe razón alguna para que la población realice filas inusuales para el consumo de combustibles”.
Esta aclaración nos muestra los primeros efectos de la decisión del Gobierno de “legalizar”, al menos, 128.000 unidades de vehículos “chutos” que ingresaron de contrabando al país y que son “nacionalizados” en cumplimiento de la norma expedida por la cúpula gubernamental.
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