Mientras hay quienes sugieren un “voto responsable” para cambiar la justicia, hay también quienes persisten lanzar amenazas contra los ciudadanos que promuevan una forma de voto que es simplemente establecer el rechazo hacia las condiciones en que se desarrollarán las elecciones de octubre venidero.
Con las restricciones ya definidas en las reglas de juego, limitando el trabajo de la prensa en el proceso pre eleccionario además de establecer una serie de condiciones para el ejercicio periodístico sin posibilidades de obtener de manera directa informaciones, entrevistas u opiniones hay que ajustarse además a una posible reglamentación que al ser incumplida mínimamente dará lugar a las sanciones que dispondrá el órgano electoral, cuando así lo quiera.
Hay muchas opiniones que se expresan en diferentes niveles de la actividad cotidiana de las personas, en el trabajo, en las movilidades, en algún centro de abasto, en las reparticiones públicas en fin allí donde los ciudadanos todavía pueden opinar sin restricciones, el comentario más común está dirigido a la preselección de los candidatos a la Judicatura y coincidentemente con una apreciación que incide en la poca transparencia de tal actuado que deja o abre dudas entre el electorado, al saber que una mayoría de los seleccionados responde a una línea política oficialista.
La gran pregunta entonces es simple ¿cómo o por quién votar?, si la tendencia del elector es coincidente con la preselección de candidatos no habrá mayor problema pues existe la cantidad suficiente de candidatos del mismo color y afinidad, pero si no fuera así, qué opción le queda al ciudadano, una de dos o vota en blanco o vota nulo y estará cumpliendo democráticamente su deber cívico de participar de otro acto eleccionario y hacerlo además bajo normativas de la propia Constitución y del Régimen Electoral que establecen la validez del voto blanco y el voto nulo como opciones legales que tiene todo ciudadano.
Lo que no está establecido definidamente es que si evidentemente el TSE considera delito votar en blanco o nulo debe explicarlo claramente a la ciudadanía de manera que se conozca la vigencia oficial de una limitante al derecho de elegir y se justifique de algún modo la aplicación de tal disposición.
Lo que se rescata de las observaciones que se han hecho en los últimos días sobre el tema eleccionario son dos aspectos muy claros, no se quiere que la prensa revele irregularidades y menos las debilidades de los candidatos, además por el otro lado, ya referido al voto, lo que existe es el temor que al final de la elección los votos blancos o nulos, o ambos, sumen más que los que obtengan los candidatos. Esa cifra invalidaría el proceso y naturalmente mostraría la verdadera posición del electorado.
En la situación presente se necesitan aclaraciones legales que no confundan al electorado y que señalen las opciones que cada elector tiene para expresar su decisión en una justa democrática. Para llegar a esa conciliación de criterios hace falta que el Tribunal Supremo Electoral oficialice – si puede - el veto al voto blanco o nulo.
Fuente: LA PATRIA
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