Las elecciones judiciales previstas para octubre próximo cuentan con la “base jurídica” necesaria y el importante “respaldo político” que el Movimiento al Socialismo le ha proporcionado con los sus tercios de la Asamblea Legislativa, pese a los ilimitados esfuerzos realizados, no sólo por “opositores políticos” con representación parlamentaria, sino desde instancias representativas de la sociedad civil que trataron de revertir los “gruesos y muy claros errores” que, en cada fase, cometieron los miembros de la estructura gubernamental a partir de la aprobación de la Ley Electoral sancionada y promulgada para esta oportunidad.
En los hechos, la consulta plebiscitaria se realizará como se la había planificado en las esferas de gobierno, sin aceptar un mínimo de modificar la implementación del proceso que pretende convertirse en la “primera experiencia histórica” que, dicho sea de paso, “revolucionará las prácticas democráticas” vigentes en todos los países del mundo, según el discurso que ejercita, en todo momento, el gobierno. El MAS, podrá jactarse de cumplir tal objetivo, empero, no podrá hacer que su resultado signifique un positivo avance democrático, con la implementación de un proceso plagado de contradicciones en sus procedimientos, violaciones a la Constitución Política del Estado y, lo peor, una implacable liquidación de los derechos que tiene cada persona, a informarse, pensar, opinar y emitir su voto libremente, en el marco estricto de los derechos ciudadanos y humanos vigentes en todo el mundo.
La llamada “aplanadora oficialista”, una vez más, convierte sus funciones legislativas constitucionales en la representación de “una escena teatral” que sujeta a libreto estricto, aprueba lo ordenado con la consigna de alcanzar el objetivo final de consolidar el “poder total” y proyectar una vigencia de 50 años, como la alcanzada en la destruida “Unión Soviética” o la “Cuba Comunista” que “desesperadamente”, hoy en día, busca salir de esa secante e ineficiente estructura dictatorial del pasado.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dará cumplimiento en su etapa de ejecución del plan, oficialmente anunció que “en cumplimiento de la norma”, sólo algunos medios de comunicación “tendrán a su cargo la difusión de la información de los candidatos”, al ratificar la decisión del gobierno de evitar toda forma de informar a la población sobre la calidad y cualidad de los “candidatos a los cargos superiores del Poder Judicial”. Esta forma de cumplir la norma, pone en evidencia las contradicciones existentes entre los artículos 5º y 7º que, mientras en el primero se establece “que las y los ciudadanos tienen derecho a informarse sobre las y los candidatos para emitir su voto”, en el segundo impone como restricción excesiva, “un formato único” para dar a conocer la cualidad de los mismos. El artículo 24, asimismo, prohíbe a los medios generen espacios especiales destinados a la difusión de la personalidad de esos candidatos.
La preselección de postulantes a los cargos judiciales que, por cierto, pasa el centenar para cuatro órganos de la estructura organizativa del poder más desprestigiado del Estado, se ha convertido en el punto de mayor escándalo político registrado no sólo por los medios nacionales, sino en el mundo entero. El voto congresal se realizó en base a una plancha impresa distribuida entre los miembros de los dos tercios del MAS, sin que ninguno de sus parlamentarios pueda ejercer su derecho a disentir con algunos de los 125 nombres impuestos por la cúpula partidaria. Los opositores, a su vez, ejercieron su derecho difundiendo su decisión mediante carteles, en medio de muy expresivas risas que protagonizaban las principales autoridades legislativas, como si se tratara de una representación circense.
Las múltiples irregularidades registradas durante la implementación del proceso, publicadas en todos los medios de comunicación, incluyendo los “oficialistas”, determinaron que el proceso electoral que se organiza, tenga como única característica visible que se “convertirá en un acto ilegal y anti constitucional”, así como, la repetición de aquellas burdas “experiencias” que el pueblo ha repudiado durante todo el proceso democrático vigente y que se traduce en la práctica del “cuoteo” y la repetición del “régimen de los nefastos clanes familiares” que dieron como resultado, la “venal práctica judicial corrupta” en Bolivia.
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