Luego de la nacionalización de las minas del 31 de octubre de 1952, tres sectores producían la casi totalidad de minerales en el país: la minería estatal nacionalizada o Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la minería mediana y la minería chica. La minería cooperativa era todavía muy incipiente. La minería mediana y la chica se desenvolvieron con altibajos por factores como los cambiantes precios del estaño, la presión impositiva y la gran inflación (1953-1956), en que los tres sectores recibieron moneda nacional al cambio diferencial, mucho menor con relación al dólar.
Minas nacionalizadas en franco tren de agotamiento, excesiva injerencia sindical a través del Control Obrero, incremento anormal de personal, corrupción y burocracia condujeron a pérdidas económicas que forzaron a Comibol a buscar ayuda externa antes de terminar la década de 1950. Por agotamiento y problemas operativos la mina Pulacayo se cerró y cooperativizó en 1959 y por la caída del precio del wólfram corrieron igual suerte las minas Kami en 1962 y Bolsa Negra en 1963. El pago de beneficios sociales por cambio de razón social a los trabajadores de las minas nacionalizadas a Simón Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo (que debió ser realizado por éstos), los pagos por indemnización a éstos, la sobrecontratación de personal, la menor producción y la mala administración, traducidos en desfase económico y financiero, influyeron para la gran inflación, frenada por el Decreto Supremo 4358 del 15 de diciembre de 1956 (Hernán Siles) llamado de Estabilización Monetaria.
La ayuda externa concertada para Comibol para eliminar las pérdidas económicas se denominó Plan Triangular (porque intervinieron los gobiernos de Estados Unidos y Alemania y el Banco Interamericano de Desarrollo) que funcionó entre 1961 y 1970, con un desembolso (préstamo) de 62,1 millones de dólares, que resultó un fracaso pues sólo consiguió disminuir las pérdidas. Entre los pocos efectos positivos estuvieron la adquisición de equipos y repuestos para las minas e ingenios y la disminución del número de trabajadores, que posteriormente volvió a crecer.
Las cada vez mayores pérdidas de Comibol que entre 1981 y 1985 sumaron 799 millones de dólares, también influyeron en la hiperinflación del período 1982-1985. Para frenarla se promulgó el mentado D.S. 21060 del 29 de agosto de 1985 llamado Nueva Política Económica, que entre otras medidas descentralizó Comibol y pasaron a su administración las fundiciones de Vinto y Karachipampa y el yacimiento del Mutún. Todos los pasivos fueron transferidos al Tesoro General de la Nación.
Relocalización
El 24 de octubre de 1985 se declaró la insolvencia del Consejo Internacional del Estaño (CIE), que incrementando las compras de estaño para su reserva de estabilización, hizo subir su precio. La insolvencia derrumbó el precio del estaño y significó en Bolivia el fin de esta era iniciada en los albores del siglo XX. El presidente Víctor Paz en un mensaje a la Nación indicó que cada libra de estaño se producía a 10 dólares, pero se vendía en 2,48 dólares “y no se preguntan quién paga la diferencia”. El productor con los mayores costos era Comibol.
El D.S. 21237 del 25 de agosto de 1986 modificó la estructura de Comibol en cinco empresas descentralizadas y ya no tomó en cuenta a Catavi, Santa Fe, Japo Morococala, Viloco, Colavi, Chorolque, Matilde y Corocoro, dando inicio a la mal llamada “relocalización” que en los hechos fue un despido de miles de trabajadores. Posteriormente se fueron cerrando otras minas, hasta que quedó operando solamente Huanuni. Según el libro “El rostro minero de Bolivia” (Arturo Crespo, 2009), de 30.174 trabajadores al 31 de agosto de 1985, fueron retirados 24.755. Estas cifras incluyen 2.599 trabajadores de las fundiciones de Vinto y Karachipampa, de los que fueron retirados 1.962, vale decir que de 27.575 trabajadores de las operaciones y oficinas mineras, fueron despedidos 22.793. La “marcha por la vida” convocada inmediatamente por la COB para repudiar el D.S. 21237, en la que 5.000 mineros con sus familias marchaban de Oruro a La Paz, fue detenida y disuelta en Calamarca. Desde entonces la COB y la Fstmb perdieron su protagonismo contestatario a las políticas gubernamentales.
En los sectores de la minería mediana y chica se cerraron también varias minas estanníferas. Se estima que fueron retirados aproximadamente 2.251 trabajadores de la minería mediana y 8.192 trabajadores de la minería chica, lo que daría un total de 35.198 trabajadores desempleados en la minería boliviana.
Efectos
Los miles de trabajadores despedidos tomaron diferentes rumbos: se establecieron en ciudades, volvieron al campo, fueron al Chapare y varios miles lograron firmar contratos de arrendamiento con Comibol, para trabajar en las minas cerradas, logrando acceso a la infraestructura básica desarrollada por la empresa estatal. Hoy existen cooperativas en todas las minas de Comibol, aún en las que operan mediante contratos de arrendamiento y riesgo compartido suscritos con empresas privadas.
La relocalización cambió completamente la estructura de la fuerza laboral en la minería nacional, incrementando paulatinamente el número de cooperativistas de 28.649 en 1985 a 65.890 en 2010 según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia. Su número, su no dependencia patronal y su presencia en gran parte del país especialmente en la zona altiplánica, le han dado una fuerza social y política que es muy temida y tomada en cuenta por todos los gobiernos desde la década de 1990. Además de las muchas medidas de fomento que lograron, actualmente tienen presencia en los poderes ejecutivo y legislativo. A la inversa, la fuerza laboral se ha reducido notablemente en Comibol, en la minería chica y en menor medida en la minería mediana. En 2008 tenían 4.950, 2.240 y 5.138 trabajadores respectivamente, que a la fecha ha variado poco.
* Datos tomados del libro “Minería boliviana. Su realidad” escrito por el autor del artículo.
Fuente: LA PATRIA
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