Aunque con muchos errores de procedimientos y contradicciones a la misma Constitución Política del Estado, en octubre próximo se llevarían a cabo las elecciones para la designación de magistrados del Poder Judicial. Un hecho que debe tener trascendencia porque de la administración honesta, imparcial y responsable de la justicia depende mucho la consolidación de la democracia en que vivimos desde el 10 de octubre de 1982.
Muchas veces en el pasado se han violentado los principios constitucionales sea en gobiernos legales o en los de facto; pero, lo lamentable es que se lo sigue haciendo tanto por conveniencias político-partidistas como por la ausencia de una gestión de Gobierno, de una administración efectiva del Estado y porque siguen en vigencia las costumbres del “dejar hacer y dejar pasar” que, en toda forma, debilitan a los gobiernos. Esta situación anómala ha perdurado por mucho tiempo en el país y cada régimen resulta heredero del vicio que posterga permanentemente cualquier buena gestión que pueda hacerse.
La mala administración de justicia ha dado lugar a que el mundo litigante exprese un concepto peyorativo para la mala aplicación de la Constitución, las leyes y todos los procedimientos judiciales: “La justicia boliviana es la peor injusticia”. Una especie de baldón que será preciso borrar de los escenarios judiciales y que impliquen confianza y respeto por lo que se haga en un poder del Estado tan importante.
Los errores cometidos tanto en el Legislativo como en el Tribunal Electoral, darán lugar, luego de las elecciones, a que el desenvolvimiento del personal elegido mediante el voto, no sea todo lo idóneo que se espera ya que muchos de los candidatos han sido observados y, en la mayoría no se ha tomado en cuenta los méritos. Tuvo que ver – según denuncias de varios parlamentarios – el interés del partido de Gobierno que, parece, busca copar totalmente el Poder Judicial. Si ello ocurre, la administración de justicia será tan deficiente, arbitraria e irresponsable como ha sido en la mayoría de los casos tanto en el pasado como en lo inmediato.
La colectividad ciudadana que acudirá a las urnas, con seguridad que hace conciencia de realidades a las que se enfrentará; lo lamentable es que las dudas que existen sobre muchos candidatos, determina la desconfianza ciudadana que, en general, buscará el voto en blanco, la anulación de su voto y, lo más grave, provocará el ausentismo de los recintos electorales. La explicación, para la mayoría de los casos, es que los procedimientos no han sido lo honestos y responsables que se quería y, consecuentemente, existen dudas sobre el futuro comportamiento de quienes sean elegidos.
Es de esperar, sin embargo, que efectivamente la política partidista – de la tendencia que fuere – esté alejada de los estratos judiciales; que se entienda la importancia de una honesta y responsable administración de justicia y exista el espíritu y los valores precios para que fiscales, jueces y personal superior de los diversos estamentos, actúen conciencialmente y no se conviertan en maniquíes de intereses creados o, peor, instrumentos para que el Poder Judicial sea un nuevo campo de dominio de la política partidista. Quienes están a cargo del proceso, deberán actuar con el máximo sentido de responsabilidad y que, en los días que faltan para las elecciones, enmienden los yerros en que cayeron y que son de su conocimiento. Tanto el Poder Legislativo, como el Tribunal Supremo Electoral cuentan con el tiempo suficiente para borrar lo mal hecho, depurar las listas y permitir que la ciudadanía asista a un proceso donde la limpieza y la honestidad den frutos efectivos para nuestra democracia.
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