Lo que está sucediendo en nuestro país frente al proceso de elecciones que se cumplirá en octubre venidero, de acuerdo a calendario previsto, es nada más que una reacción lógica llena de incertidumbre frente a la falta de información real y seria que genera por supuesto total desconfianza en torno a un hecho que debería tener pleno respaldo como forma de práctica democrática para el ejercicio de derechos ciudadanos… empero la situación no es esa.
Todo lo que se observa a través de los medios reflejando incongruencias, mostrando atentados flagrantes contra los derechos ciudadanos es un cúmulo de hechos que contrastan con los principios básicos de libertad y equidad, de respeto a la libertad de elegir sin presiones y sin listas preestablecidas como se muestra actualmente, ocasionando un lógico rechazo ciudadano.
Lo evidente es que los bolivianos pasaremos por un examen en la primera prueba para elegir autoridades judiciales y tal parece que no estamos lo suficientemente preparados para encarar ese reto que desde el punto de vista de sus promotores es un avance en la práctica de la democracia, mientras que desde el ángulo opuesto, por las condiciones en que se preparó el evento con una serie de contradicciones, resulta más bien un severo golpe a los derechos humanos, a los deberes cívicos y formales que son parte ineluctable de la condición humana que no puede alterarse sólo dar paso a mezquinos intereses.
Hay una corriente generalizada en el sector ciudadano que se siente desorientada frente a la polémica que rodea al proceso de selección de candidatos, la forma en que se “arman” las listas y las limitaciones de que son objeto los periodistas y los medios para mostrar abiertamente la calidad y condiciones humanas de los candidatos, además de poder conocer con la mayor responsabilidad todos los detalles de legitimidad e idoneidad con que se pueda cumplir el proceso eleccionario de octubre venidero.
Frente a esa secuencia de hechos que observa la mayoría ciudadana, excepto quienes están en las filas partidistas oficiales, el proceso avanzará sin lugar a dudas, pero irá acrecentando con seguridad el grupo de los indecisos, de los que desconocen las reglas de juego y no saben claramente qué es lo que deben elegir y cuáles son los candidatos más probos, sólo dos detalles muy importantes para que la conciencia ciudadana se exprese correctamente.
Lo que pasa de momento es que la ciudadanía no confía en el actual proceso de elecciones, sabiendo que si asiste a las urnas lo hará por cumplir el obligado deber cívico pero sin poder ejercer su derecho pleno de elección… concurrirá a votar pero no a elegir.
La consecuencia de las dudas se observan muy claramente en el marcado ausentismo de personas a registrarse en el padrón electoral, lo que puede complicarse más adelante si la incertidumbre crece y obliga al ciudadano a pensar dos veces antes de emitir un voto falso, lo que conlleva un peso de conciencia que muchos no querrán cargar en los hombros y preferirán actuar con más serenidad, votando sin elegir y mostrando de tal modo una posición absolutamente legal, respaldada por nuestra propia Constitución, pero además configurada en el uso de las facultades consagradas a su vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los deberes ciudadanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras instituciones internacionales que defienden los derechos de las personas.
Fuente: LA PATRIA
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