Elegir a ciegas y de “memoria” a los magistrados

La disyuntiva que plantea el “innovador” proceso electoral de magistrados en el país, deja serias interrogantes porque los ciudadanos tendrán que depositar su voto y elegir a ciegas y de “memoria” como si los conocieran a los abogados que se postulan a los cargos del Poder Judicial, que además cuentan con protección del Estado para no ser molestados, criticados ni observados, hasta el día de la votación.

Así resulta sui géneris otorgar respaldo o expresar un voto de confianza a favor de alguien que no se conoce, una persona que aparece en listas y por quien se tiene que votar a ciegas, porque quizá ni siquiera sus propios colegas del foro conocen de quién se trata y cómo se desempeñará si resultaré elegido, más todavía si ni siquiera se podrá conocer sus antecedentes y observaciones a través de entrevistas en los medios de comunicación.

Mientras tanto los reclamos de la oposición quedaron en eso, sólo reclamos, porque tampoco los legisladores pudieron demostrar muchas de sus aseveraciones y cuestionamientos dejando todo en el discurso que resulta ser al final un mero saludo a la bandera, para justificar la jugosa dieta que perciben y hacer algo más de protagonismo, al que ya nos tienen acostumbrados tanto oficialistas como opositores.

La elección del 16 de octubre entonces es incierta, porque los bolivianos debemos elegir nueve magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, siete para el Tribunal Constitucional Plurinacional, siete para el Tribunal Agroambiental y cinco para el Consejo de la Magistratura, lo que motivará –sin duda- una amplia reflexión para ver por quién votar o contrariamente emitir el voto blanco o nulo.

La condición del voto es el ejercicio de la democracia y la forma de votar a favor de alguien, en blanco o nulo, la potestad que tiene el ciudadano para otorgar “su voto de confianza” al sistema democrático y a quien cree que lo representará dignamente en determinada función pública, donde en la actualidad hay jueces corruptos y se negocia los fallos por el favor político o el diezmo, aplicando una vieja práctica al poner precio a la justicia.

Ojalá la situación cambie y se garantice una adecuada elección de magistrados el 16 de octubre, porque ya se hizo conocer al Tribunal Electoral de Bolivia, observaciones sobre este nuevo modelo respecto a la libertad de expresión, el derecho al voto nulo y la falta de fiscalización de las elecciones de los máximos magistrados. En ese sentido es bueno recordar que el derecho a disentir está garantizado por la propia Constitución Política del Estado, lo que demuestra que nadie puede condicionar el voto ciudadano, más todavía si se trata del Máximo Órgano Electoral de la Nación, que puso en vigencia un reglamento anticonstitucional y antidemocrático que vulnera el derecho a la libre expresión al condicionar la actividad de los periodistas sobre el manejo de información de los candidatos al Órgano Judicial.

Los bolivianos tenemos derecho a conocer quiénes serán los administradores y operadores de justicia, saber si son idóneos, éticos y podrán ejercer su función con profesionalismo, por lo que resulta importante exigir respeto al derecho de informar libremente y sin restricciones para los periodistas para que así la prensa goce de completa libertad de informar sobre el proceso de elección de magistrados, que ahora se ve obstaculizado por decisión de las autoridades del Tribunal Electoral de Bolivia, con la aplicación de un reglamento restrictivo.

Ojalá las observaciones realizadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) que además expresan preocupación por la ausencia de fiscalización que habrá en las mesas electorales el día de la votación, motive un cambio de actitud en las autoridades del Órgano Electoral para respetar el derecho ciudadano de ejercer libremente su decisión de voto en democracia y con plena vigencia de la libre expresión.

(*) Periodista