En el curso de la presente semana el proyecto de ley del transporte puede ser que ingrese al “pleno de la Cámara Baja”, para su consideración en primera instancia y que posteriormente se considere en la Cámara de Senadores, para el visto bueno legal que impulsará el instrumento normativo del transporte público hacia su promulgación.
Dirigentes del gremio del transporte han estado intercambiando ideas con los asambleístas formulando algunas sugerencias y rechazando algunas medidas consideradas como atentatorias a su sector. Por ejemplo lograron que se elimine en el anteproyecto la medida referida a establecer determinada antigüedad para los motorizados de servicio público, tal restricción ya no cuenta en la normativa general.
El problema de todos los años, con diferentes secuelas para la comunidad, es el referido a tarifas, las que según los transportistas no han tenido un reajuste equitativo desde hace varios años atrás en relación al costo de vida que se ha elevado considerablemente, ocasionando un desequilibrio entre beneficios y obligaciones. Este asunto quedaría solucionado con el planteamiento de que sea el nivel central (de gobierno) que fije los parámetros tarifarios y en base a esa definición sean los municipios que apliquen las tarifas en función a las condiciones en que se desenvuelve cada región.
En todo caso, se establece también que además de las tarifas, las alcaldías se ocuparán en el futuro de la “concesión de rutas” de manera que los sindicatos, cooperativas, asociaciones libres de autotransporte deberán someterse a las disposiciones municipales para efectuar sus servicios mejorándolos en el sentido de mayor cobertura a las zonas marginales y despejando el área de circulación central en las ciudades, donde actualmente el congestionamiento de motorizados es desesperante.
El asunto, salvo otros detalles mínimos, según los transportistas es posible que sea ya presentado en la instancia legislativa, lamentablemente sin que el sector más interesado y afectado por malos servicios del transporte hubiese sido escuchado para exponer sugerencias –que son muchas– en relación a los problemas que cotidianamente sufre por las arbitrariedades que cometen los conductores de movilidades del servicio público.
Se entiende que la ley deberá aplicar una serie de normas para mejorar los servicios del transporte público en su generalidad, pero tal parece que el instrumento no ha sido debidamente alimentado con los planteamientos y los criterios de los directos usuarios del sistema, en este caso los pasajeros.
Se impone que en cuestión de horas, ojalá fuesen días, antes de la aprobación de la nueva Ley del Transporte, los asambleístas coordinen tareas directas con los representantes de las organizaciones vecinas y laborales para recoger sus opiniones y enriquecer el texto de la norma que no puede ignorar a los usuarios miles de ciudadanos que hacen posible el negocio del transporte, aportando cada día con los pasajes y sin recibir recíprocamente un equitativo servicio, mejorado, garantizado, seguro y cómodo.
El asunto del transporte, no es sólo potestad de transportistas y autoridades, fundamentalmente es cuestión de usuarios, la población que masivamente hace que el sistema funcione por tanto su opinión es determinante para que la Ley del Transporte sea útil y sirva efectivamente al pueblo.
Fuente: LA PATRIA
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