El comienzo de dos servicios a la ciudadanía que fueron objeto de cambios por órdenes superiores, demostraron una vez más que muchas medidas se asumen al calor del entusiasmo sectario, sin tomar en cuenta la serie de consecuencias que tales actitudes producen al alterar la organización y la economía familiar que en la mayoría de los casos se enmarca en una rutina personalizada que no debe ser alterada con medidas inapropiadas.
Si bien se disponen cambios en sectores claves y estratégicos para el cuidado por ejemplo de los servicios de identificación personal y la entrega de la cédula personal o en su caso habilitar nuevos conductores de motorizados con nueva licencia, o renovar el permiso correspondiente para antiguos conductores entregando esa responsabilidad a personal civil, anulando la responsabilidad policial ya era de suponer que confrontaría problemas por el escaso tiempo de preparación de un nuevo personal… perdido en la dinámica de efectuar un trámite que para el personal uniformado era de mera rutina.
Las protestas fueron airadas, la gente reclamó el retorno de los policías, criticó la improvisación que perjudicó a centenares de ciudadanos en todo el país y que seguirán confrontando problemas hasta que la nueva promoción de “identificadores” tome cuenta de sus obligaciones y de la responsabilidad de servir eficientemente a la ciudadanía.
Otro caso que se presentó paralelamente al que ya mencionamos, fue el cambio de “administración y uso de recursos estatales para cubrir el pago de haberes a ciertos sectores laborales, como los maestros por ejemplo, pero también el pago de rentas a los jubilados, este último sector el más damnificado con una medida que ocasionó largas filas en pleno invierno y por muchas horas para poder efectivizar el cobro de la renta mensual.
La medida fue dispuesta –a luces claras– para favorecer a la entidad bancaria comercial del Estado con el manejo de las cuentas más suculentas en materia de montos globales. Resulta empero que ni la infraestructura, ni el personal incrementado pudo responder a un sistema que por lo menos en Oruro, sólo correspondía a la específica función del pago de haberes y rentas, sin que estén incluidas otras transacciones meramente comerciales que alteran el servicio cuidadoso, rápido y eficiente que merecen los jubilados.
De verdad que son dos casos, aplicados uno tras del otro y ambos en sus primeros días con resultados calamitosos debido a la manifiesta ineficiencia de personal y a la improvisación de esos servicios, que por supuesto pudieron ser objeto de cambios paulatinos en la medida que nuevos empleados estén habilitados para atender igual y mejor que los sustituidos de manera que los beneficiarios no se vean perjudicados, no pongan en riesgo su salud y tengan que pasar cruciales peripecias, cuando no cobran en el día, especialmente los rentistas que llegan de provincias y dependen de sus magros y dificultosamente pagados recursos mensuales.
Las autoridades deben tomar conciencia de estos hechos para remediar los aspectos negativos que molestan y alteran la cotidianidad de personas que merecen trato especial para recibir atención particularizada al tratarse de un derecho y no de una dádiva oficial. Todos tienen derecho a ser atendidos en sus trámites con responsabilidad profesional y sin improvisaciones sectarias.
Fuente: LA PATRIA
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