Aunque son sinónimos hay una diferencia particularizada en el caso del agio que se refiere más a los beneficios obtenidos con el cambio de la moneda y que se traduce también como especulación sobre fondos públicos, ésta otra parte es usada por el común de la ciudadanía para denunciar la obtención de ganancias y el provecho consiguiente de manera irregular, dos aspectos que podrían ser sancionados hasta con 18 años de cárcel.
Actualmente la sanción por delito de agio es de tres meses a tres años de cárcel que casi nunca se aplicaron para escarmentar a quienes afectan de manera directa la economía de la población. En la situación presente la Ministra de Desarrollo Productivo planteó de manera oficial la modificación de un artículo del Código Penal con el único objeto de que se incremente la pena privativa de libertad de 10 a 18 años por los delitos de “agio y especulación” especialmente en el precio de los productos alimenticios.
Como este tipo de sugerencias no son de simple pedido y de inmediata aplicación, deberá cumplirse los trámites de rigor a partir de un proyecto de ley que justifique la motivación, como sucede actualmente al hablar de las seguridades y garantías que se pretende establecer a favor de la seguridad y soberanía alimentaria ejerciendo estricto control sobre los precios de alimentos que componen esencialmente la canasta familiar.
Un detalle anexo incorporado en el proyecto de ley refiere además que al comprobarse el delito de agio y especulación se incautarán depósitos de alimentos, camiones que los transporten irregularmente por cuenta de los agiotistas. De manera indirecta esa medida advierte a grandes comerciantes sobre el contrabando o acumulación irregular de productos alimenticios.
Ya era tiempo de ponerle el cascabel al gato para frenar las actividades de ciertos grupos “de poder” que amparados en circunstancias especiales generan las distorsiones de presiones, hacen contrabando de productos de consumo prioritario, incluyendo garrafas de gas a vista y paciencia de autoridades contemplativas que no ven ni oyen, mientras los ratones hacen su agosto.
Por otro lado, parece oportuna la medida de aplicar precios reales y evitar sus caprichosas variaciones, cuando se trata por ejemplo de subproductos que son la base de otros de consumo masivo, como el caso del alimento balanceado para los pollos, para ganado porcino y hasta para la producción lechera, artículos finales que al subir de precio alteran directamente los presupuestos.
Estamos frente a ciertas opciones de control que deberían aplicarse desde hace mucho tiempo atrás, sin importar de momento el periodo de la pena carcelaria, sino más bien el hecho de sancionar severamente a los agiotistas, lo que ya hubiera frenado las escaladas inflacionarias que persisten y que todavía desequilibran la relación entre salarios y gastos de la canasta familiar.
Lo que importa es que se cuide la economía de la comunidad, que pese a la vigencia de las “macro cifras” todavía no recibe ese beneficio directo pero por lo menos ahora se pretende evitar la desmedida especulación que ha causado muchos problemas a la gran mayoría de bolivianos. En cuanto a la medida, no hay que fijarse en el color del gato, lo importante es que elimine a los ratones.
Fuente: LA PATRIA
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