Inestabilidad funcionaria por intereses partidistas
06 jul 2011
Por: Armando Mariaca V.
Todo cambio de gobierno en el pasado –y hasta la simple renovación de ministros– ha significado para los funcionarios públicos razón para sentir preocupación por su permanencia en el cargo porque la mala costumbre hizo que cada régimen se sienta “nuevo propietario” de las dependencias del Estado que el gobierno debe administrar y, consiguientemente, se cree con el derecho de “poner a su gente” o, peor, disponer de situaciones para militantes partidarios o, si el régimen es militar o de facto, para áulicos, familiares, amigos y personajes que “apoyarán” el paso ocasional por los poderes del Estado.
La inestabilidad funcionaria es peligrosa no sólo para la seguridad y derechos de empleados que, muchas veces y por muchos años, sirven en la Administración Pública, en prefecturas y municipios. Es contraproducente porque priva al país de personal capacitado y experimentado hasta el extremo de que muchos de esos ciudadanos han cursado estudios y seminarios de capacitación y especialización en las materias que competen a la función que desempeñan. Por otra parte, lo más grave – al margen del daño que se ocasiona a los despedidos – es que quienes son contratados no tienen otro mérito que “ser del partido” o tener “recomendación” de algún miembro prominente del Gobierno. Capacidad, eficiencia, profesionalismo, experiencia y otras condiciones están muy lejos de tener. El gran perjudicado es el país porque asuntos de importancia caen en manos ineptas e irresponsables.
Los gobiernos – desde siempre – nunca han entendido que lo que se les confía es muestra de fe del Estado que se deposita en personal que, se supone, cuenta con los merecimientos más probos para el desempeño del cargo encomendado y que, en modo alguno, es un patrimonio o derecho espectaticio de quien gobierna; sin embargo, muchas veces hasta el simple cambio de ministro o personal superior de una dependencia del Gobierno es causa para proceder a los cambios que casi siempre son contraproducentes para los intereses nacionales por la caída de eficiencia, honestidad y responsabilidad que no siempre tienen quienes son de nuevo cuño y que, obligados por las necesidades o los compromisos partidarios, deben cumplir como sea.
Los cargos públicos son instrumentos de confianza del Estado; no deben estar librados a la buena voluntad, necesidades o urgencias de quien está en el poder. Deben ser cubiertos por elementos idóneos, con el profesionalismo y las capacidades que se quiere cumplir con funciones delicadas para el país que requieren, en todo caso, rendimientos excelentes porque los intereses nacionales le fueron confiados atenidos a la buena fe, confianza y esperanza de respuestas responsables.
Hoy, como ayer y como siempre, la expectativa por conseguir algún puesto en la Administración Pública convoca a miles de desocupados que, esperan el favor político-partidista para ocupar una situación que, en casos, apenas dura pocos meses; tiempo en el cual no aprende ni las normas más elementales para cumplir funciones y, nada raro, aprovecha para ganar no sólo el sueldo mensual sino ingresos extras que son los corruptores los encargados de que se acepte con tal de verse favorecidos por trámites que buscan celeridad en su atención. La inestabilidad funcionaria es, pues, también creadora de corrupción, ineficiencia e irresponsabilidad que los gobiernos deberán entender y evitar en el curso de su gestión.
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