Está en plena vigencia la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, cuyo objetivo en la práctica será garantizar la seguridad alimentaria en el país, de modo que se haga efectivo un severo control sobre la superficie sembrada, cultivada y cosechada de la gran variedad de productos alimenticios que se producen en nuestro vasto territorio.
Más allá de los fines que tiene el instrumento para mejorar las condiciones de vida de la población boliviana, sobresalen algunos aspectos como por ejemplo incidir en la soberanía alimentaria, lo que significa garantizar la cantidad suficiente de alimentos en el país para cubrir la demanda interna y facilitar a los productores la exportación de los remanentes bajo condiciones especiales en las que nuestros productos sean bien recibidos allí donde se los promocione y donde se los pueda consumir con las garantías del caso.
La soberanía alimentaria no es simplemente pensar en cubrir la demanda interna y la externa, más bien hay que hacer referencia a otro aspecto muy importante de la Ley Productiva y que garantiza el establecimiento de bases institucionales para desarrollar políticas, mecanismos tecnológicos para alcanzar otro avance en el proceso de producción, transformación y hasta la comercialización de la gran variedad de productos agropecuarios, frutícolas y forestales que son parte de los planes productivos nacionales.
La norma que ya está vigente establece en su contenido las recomendaciones relacionadas con la generación de políticas para hacer pragmática la soberanía alimentaria boliviana en base al trabajo igualmente mejorado de comunidades agrarias, incluidas en una Organización Económica Comunitaria que se encargará de dar los toques de seguridad técnica, en base a capacitación de los actores productivos que serán luego responsables directos de la adecuada producción que se realice en el país, utilizando adecuadamente los recursos genéticos, aprovechando los sistemas que serán implantados para mejorar la tecnología de punta que se aplicará a los planes de la gran producción.
Por lo menos en la concepción de la idea de establecer una “revolución productiva” en el país se parte del reconocimiento de los valores existentes, del potencial de recursos genéticos naturales, de los avances en investigación y de las posibilidades de innovar los conocimientos tradicionales con nuevas técnicas del tiempo presente que sirvan para mejorar toda la producción nacional.
En realidad lo importante es que se considere responsablemente el impulso a la Ley Productiva, empezando por asegurar el financiamiento de 500 millones de dólares (anualmente) que deben ser presupuestados en los niveles superiores del Estado y luego dar paso a su aplicación pragmática bajo el respaldo de por lo menos 10 reglamentos, según lo han expresado dirigentes de diferentes sectores agropecuarios del país.
Algo importante es que esta Ley Nacional cumpla su objetivo integrador y favorezca absolutamente a todos los departamentos del país, sin exclusiones de ningún tipo, considerando que la responsabilidad productiva de alimentos en el país no sólo corresponde a las comunidades indígenas, en realidad es una responsabilidad del sector productivo nacional en conjunto.
Fuente: LA PATRIA
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