Entrevistas “supervisadas” o censura previa a la prensa
04 jul 2011
Por: Jorge Lazzo Valera
La anunciada reglamentación para entrevistas “supervisadas” a los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura más que una restricción, constituirá una censura previa a la prensa al no reconocer que el derecho de la información, es un derecho humano universal.
Este derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia no puede ser restringido por un reglamento elaborado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque además desconoce la propia Ley de Régimen Electoral, que con la modificación aplicada en su artículo 82, admite que los postulantes sean entrevistados y emitan sus opiniones a través de los medios de comunicación.
Respetar ese derecho es preservar la vida democrática de los bolivianos y cumplir lo que manda la constitución porque el poder político no puede ser ejercido exclusivamente por líderes partidarios del régimen gobernante y funcionarios públicos. Al contrario debe ser compartido sin restricciones con los ciudadanos que deben gozar de un incuestionable derecho a ser informados y dar información en virtud del derecho natural que el público posee a recibirla.
Este derecho de la información, reconocido como un derecho humano universal, no admite censuras previas ni controles de ninguna índole, porque garantiza el libre acceso a las fuentes de información para recabar conocimiento de los hechos reales y objetivos, que constituye el derecho a recibir información y, el derecho a dar y transmitir información, sagrado derecho ciudadano que no puede ser desconocido o vulnerado por un simple reglamento.
Este derecho debe ser aplicado y respetado en todo momento por que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que además pertenece a la categoría de derecho humano absoluto que no puede ser sacrificado, vulnerado ni desconocido por ningún ciudadano más aún si se trata de una autoridad que debe ejercer su función con la obligatoriedad de hacer cumplir y respetar los derechos de todos los ciudadanos.
En consecuencia no se puede pretender a través de la aplicación de un reglamento evitar que se realicen entrevistas y se difunda el punto de vista de los candidatos a los cargos del Órgano Judicial, porque ello implica censura y atenta al derecho que tiene los ciudadanos de saber todo y con todo detalle, preferentemente si se trata de los asuntos públicos que no deben tener ninguna limitación para su cobertura.
Esta explicación fue motivada por el anuncio de un vocal del Tribunal Electoral que indicó que “los medios de comunicación podrán hacer entrevistas a los candidatos pero supervisados por el TSE”, cuyo control estaría dirigido al contenido de las preguntas, el tiempo de la entrevista y otras condiciones que resulta ser una censura impuesta que pretenden aplicar los miembros del Control Electoral.
Si el referido reglamento tiene vigencia, será una muestra más de la forma encubierta que se llevan a cabo los procesos de selección, contratación y hasta designación de funcionarios públicos, en contradicción a la tan publicitada transferencia en la administración de gobierno del presidente Evo Morales, donde se anuncian medidas para combatir la corrupción y se contradice con regulaciones y normas que niegan el ejercicio del derecho a la información o el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, como se pretende en el caso referido a la elección y designación de los miembros jerárquicos del Órgano Judicial.
Ojalá cambie esa actitud que no demuestra sino la soberbia del poder efímero y pasajero que ostentan funcionarios de la administración electoral que se niegan a demostrar transparencia en la gestión pública, con amplia difusión de los procesos de selección y elección de los funcionarios del Órgano Judicial, institución que debe tener magistrados idóneos, comprometidos con la sana administración de justicia y con probada solvencia moral y ética a toda prueba. No a la censura de prensa.
(*) Periodista
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