Limitar el abuso de la política

La política es la capacidad de tomar decisiones para que otros cumplan y actúen de la manera determinada, no de otra. Esta es la esencia de los gobiernos de los países y de los directorios de las empresas. En estos lugares se hace política. Alejandro Mercado en su artículo: “Tentaciones del poder”, sostiene que en el transcurso de nuestras vidas ejercemos poder sobre otros y otros lo ejercen sobre uno mismo. Adecuadamente define al poder político “como la potestad que tiene un individuo para usar el tiempo y las capacidades de otros para alcanzar sus propios deseos, hacer que los otros hagan lo que uno quiere”. Cuando este poder se incrementa surge la soberbia, el abuso y la corrupción. De aquí la célebre frase de John E. Acton: “El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente”.

En el caso de los Estados no es así. La historia nos enseña que venimos de sociedades donde la actividad política abarcó y dominó todo tipo de campos, donde se imponían las decisiones a la fuerza sobre los conglomerados sociales. Esto fue así porque en las sociedades, hace rato, ya predomina las relaciones de intercambio voluntarias, vale decir, el sistema económico de mercado, lo que entra en abierta contradicción con las decisiones políticas de los gobiernos. Por ello en la modernidad, ante el avance de la libertad individual, la política gubernamental se trata de reducirla a lo necesariamente imprescindible. Sin embargo, hay países, como Bolivia, que insisten en seguir ampliando las funciones estatales, la política, en desmedro de la libertad individual y esto acentúa el conflicto.

¿Por qué en las empresas privadas el poder no termina en abuso? Por la presencia de la competencia económica. En cualquier país hay cientos de miles de empresas y en el mundo millones, todas ellas compitiendo. Si un trabajador crea que está siendo abusado se retira de la empresa y punto, porque tienen opción de trabajar en otra empresa. Lo mismo ocurre con los proveedores de bienes y de servicios para las empresas. Si estas abusan pierden los suministros y con ello el negocio se va al diablo. Pero no hay empresas suicidas. Los mercados y la competencia al interior de ellos impiden el abuso y la soberbia del poder. Si alguien razona en el sentido de que lo dicho no es cierto porque por lo general no hay otras opciones para los trabajadores sino con suerte la que tiene, quiere decir que el mercado del trabajo está poco desarrollado. Por tanto, hay que preguntarse ¿por qué no se desarrolla?

Clásicamente se sabe que para impedir el abuso del poder en los gobiernos se debe dar la separación de poderes, o que es lo mismo decir, de las funciones. Un poder debe tener la función de la decisión política y ese debe ser el lugar donde los representantes del pueblo se reúnen, denominado Poder Legislativo, el primer poder de toda sociedad moderna. Luego viene el lugar donde se implementan las políticas, que se denomina Poder Ejecutivo. Finalmente, está la función de asegurar que todos cumplan las leyes para lo cual está el Poder Judicial. Pueden haber otros poderes como el Órgano Electoral, la Contraloría, el Banco Central, que tienen el mismo propósito, impedir la concentración del poder político, y con ello el abuso que es inherente al poder.

La ineficiente asignación de recursos y la corrupción son también inherentes a la actividad estatal. Esto es así porque todo gobierno administra recursos ajenos, los mismos que no tienen incentivos para que se utilicen minimizando los costos, ni tampoco asegurando que la utilidad del uso de los recursos públicos tenga la valoración máxima a todos quienes llegan. En cambio cuando la asignación de recursos la realizan los privados en los mercados, en un ámbito de competencia, se asegura que estos se realicen al mínimo costo buscando el máximo provecho para quienes participan en el intercambio económico. Adicionalmente, se debe destacar que los políticos que gobiernan tienen la natural tendencia de beneficiarse personalmente con el uso de los recursos públicos mediante el tráfico de influencias, que deriva en corrupción. Esto adquiere magnificencia cuando los gobiernos deciden que el accionar estatal tiene que abarcar actividades productivas y financieras. Aquí se genera la gran corrupción y la ineficiente asignación de recursos, porque no están sujetos a la mirada de los dueños ni a la competencia económica a la cual se someten las actividades de las empresas privadas. Cuantas más funciones abarca un Estado más ineficiencia y más corrupción

Como existen tareas que sólo puede cumplir el Estado como son la administración de justicia y el suministro de infraestructura, que implican uso de recursos, se requiere el desarrollo institucional de los estados, única manera no para impedir la ineficiente asignación de recursos y la corrupción, sino para reducirlas a niveles tolerables. Para esto se requieren sistema de organización, manuales, reglamentos, procedimientos, gerencia, auditoría, fiscalización, información transparente hacia la sociedad, etc. En fin, profesionalismo en administración.

Pero el desarrollo institucional y gerencial en los Estados es un proceso directo que va de la mano con el desarrollo económico. A menor desarrollo económico menos desarrollo institucional del Estado y por tanto mayor ineficiencia en el uso de los recursos públicos y mayor corrupción. Anualmente la organización Transparency International presenta una lista del comportamiento de la corrupción en el mundo. Se confirma que este fenómeno está presente en todos los países, la diferencia está en que quienes tienen menor corrupción son los países económicamente más desarrollados y los que tienen mayor son los menos desarrollados.

El simplista gobierno del Presidente Morales, que cree que la corrupción –que lo identifica con delito- es un asunto sencillo y que se la puede eliminar, ha promulgado la “Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, para combatir la corrupción, que lo único que puede lograr es que vaya frenando la actividad estatal por el temor que ha generado en los empleados públicos de que cualquier cosa que firmen los comprometa con hechos dolosos. Acentúa este comportamiento el hecho de que cuando la Contraloría hace una auditoria o cuando los fiscales creen encontrar algún hecho de este tipo, de inmediato, de manera ligera, creen encontrar delitos y vacían el Código Penal no sobre una persona sino sobre un montón de gente, prejuzgando que lo que existen son grandes redes de delincuentes. A la gente, en Bolivia, con facilidad se la desprestigia. Pasa el tiempo y se comprueba que no hay materia justiciable, entonces la gente es liberada de premeditadas acusaciones, pero el mal ya está hecho. Y esta conducta en auditores y en fiscales denota deficiente normatividad aplicada que rige a las instituciones públicas y/o su deficiente formación profesional.

En sociedades económicamente atrasadas se redactan normatividades para sus sectores públicos que no se cumplen, que quedan en el papel, ya sea porque dichas normas no guardan relación con el desarrollo cultural, con el grado de formación profesional de quienes tienen que ponerlas en práctica, o porque no sirven para pequeñas estructuras organizativas como son, en gran parte, los municipios en Bolivia, por ejemplo. El caso patético en estos sentidos es la Ley Safco.

Ante esta realidad lo inteligente es retirar al Estado de las actividades productivas y financieras, dedicando todos sus esfuerzos y recursos para que las funciones estatales de ineludible cumplimiento como son las de justicia e infraestructura sean realizadas por organizaciones rigurosamente conformadas, de funcionamiento transparente hacia la sociedad civil y a cargo de un personal de alto nivel profesional muy bien remunerado. Pocas leyes y de fácil cumplimiento, trámites en oficinas públicas en igual sentido. Quién mucho abarca poco aprieta.

(*) Miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas