A raíz de la aplicación de normativas especiales para la transferencia de los servicios de identificación personal y de licencias de conducir que manejaba la Policía y que en adelante será parte de la responsabilidad de dos ministerios, salió a flote el delicado problema de reconocer plenamente el “derecho a la identidad legal”.
El proceso de reconocimiento de la identificación ciudadana comenzó con la República, pero por muchísimos años fue un elemento de tipo elitista primero y luego de características de ubicación personal, además su aplicación comenzó a generar otros datos sobre la cantidad de personas, habitantes en el país.
En todos esos largos procesos los olvidados o quizás para decirlo de mejor manera, los ignorados fueron los habitantes del área rural y eso persistió hasta algunas décadas atrás cuando se produjeron movimientos revolucionarios de orden social que buscaron aumentar las cifras del electorado nacional con fines absolutamente político partidistas.
Entonces, de manera indirecta todavía comenzó a reconocerse el derecho a la identidad ciudadana y miles de bolivianos se incorporaron a la lista de los ciudadanos “carnetizados”, lo que en cierto modo cumplió los propósitos de los políticos que sumaron votos e implícitamente abrieron el reconocimiento al que tienen derecho absolutamente todos los ciudadanos de una Nación.
Había necesidad de establecer las condiciones más adecuadas para revalorizar lo que se denomina “inclusión social”, pero en adelante, con un factor añadido que determina obligatoriamente “el derecho a la identidad legal”, así planteada la situación deben mejorarse las condiciones técnicas para que en todo el país, en las ciudades y en las comunidades, inclusive las más apartadas, exista necesariamente la atención para otorgar esa identidad a los nuevos ciudadanos a partir de otorgarles el certificado de nacimiento y de manera paralela y simultánea su identificación legal, con un número y series que serán de por vida su reconocimiento como ciudadano boliviano.
Hasta hace poco y todavía en la actualidad se mantienen una serie de trabas, más burocráticas que específicas, para los trámites de certificación de nacimiento, como extensión de una cédula de identidad. Esos son problemas que han postergado por mucho tiempo que una gran masa ciudadana sin identificación (NN) deambule con el estigma de no saber quién es o como alguien refería “un don nadie más” o existan dos ciudadanos con el mismo número de cédula.
Lo importante de aquí adelante es que los organismos creados para el efecto, pero fundamentalmente uno superior y especializado, como es el Registro Civil sea fortalecido dotándole de la tecnología necesaria para que además trabaje coordinadamente con los nuevos sistemas como el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y desde esa base de datos se amplíe cualquier proceso por ejemplo, al Servicio de Licencias de Conducir (Segelic) y por supuesto a los sistemas biométricos que ahora se han impuesto para fines electorales, pero también para transacciones financieras.
Lo que la ciudadanía espera es idoneidad plena en el trabajo de los nuevos organismos, fortalecimiento pleno del Registro Civil, pero fundamentalmente descontaminado políticamente porque sólo así se garantizará el derecho a tener una identidad legal pero además legítima.
Fuente: LA PATRIA
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