Interpol también busca a Cossío que consiguió refugio en Paraguay
30 jun 2011
Fuente: La Paz, 29, LA PATRIA.-
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Unas horas después de conocer que la Interpol publicó un aviso de captura con su fotografía como “buscado”, el ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, solicitó asilo político al Gobierno Estados Unidos para evitar lo que denominó “persecución política” del Gobierno del presidente Evo Morales.
El abogado defensor de Reyes Villa, Daniel Humérez, confirmó la petición y dijo que el ex candidato presidencial y jefe de Convergencia, “se siente molesto” y “considera que es otro exceso” del Gobierno.
Pero el ex prefecto Reyes Villa no es el único “buscado” por la Interpol. La misma página de la policía internacional con sede en Lyon, Francia, publica la imagen y datos personales del ex prefecto de Tarija, Mario Cossío. Bajo el título: “wanted (buscado en inglés)”, el sitio oficial de la Interpol describe al político opositor como una persona que nació el 1º de mayo de 1960 (de 51 años de edad), con “color de ojos café y color de cabello café”. Según la Interpol se busca a Cossío por el delito de “fraude” y la orden de arresto fue solicitada desde Tarija, Bolivia. La foto de Cossío en la ficha de búsqueda, es una reproducción de una imagen publicada por LA PATRIA y se puede verificar en el sitio: http://www.interpol.int/public/Data/Wanted/Notices/Data/2011/74/2011_31274.asp
DENUNCIAS
Pese a las protestas de la bancada de Convergencia, especialmente los legisladores de Cochabamba, el Gobierno difundió ayer las acusaciones que pesan en contra del ex prefecto Reyes Villa.
El también ex alcalde de Cochabamba tiene ocho procesos pendientes ante la justicia boliviana y debe responder por un daño económico del Estado de por lo menos 11,4 millones de dólares, según el Gobierno.
La Gobernación de Cochabamba informó ayer que los procesos contra Reyes Villa son por los supuestos delitos de falsedad material e ideológica, uso indebido de influencias, falsificación, incumplimiento de deberes y conducta anti económica.
También se lo acusa de malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y haber suscrito contratos lesivos al Estado.
En el primer juicio Reyes Villa es acusado de falsedad ideológica y material y el uso de instrumento falsificado por la adquisición de maquinaria pesada y de vehículos livianos para lo que presentó dos testimonios con fechas distintas.
El segundo de los juicios es por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta anti económica. Se refiere al proceso conocido como Cetefor, al incluir en el Directorio de esta entidad a Marcelo Rafael Meave Heredia, quien había renunciado a la Prefectura y perdido el derecho de ser miembro del Directorio de la empresa, según la Gobernación de Cochabamba.
El tercer proceso es por falsedad material y uso de instrumento falsificado y se refiere a la falsificación de una escritura pública de 8 de mayo de 2009 por el que la empresa Faeco Ltda. aparece como contratista de los servicios de Reyes Villa en calidad de consultor para acreditar ante la justicia una falsa actividad laboral del ex prefecto con el fin de burlar la Ley, se informó.
El cuarto juicio se refiere a que sin existir presupuesto en el POA de Tiquipaya fue construido un módulo policial en esa población como si hubiese sido edificado en Sacaba por un monto de 1.088.125 bolivianos.
El quinto proceso iniciado contra el ex prefecto es por la presunta transferencia de 7.895.555 bolivianos de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de Cochabamba para pasarlos a cuentas bancarias de los Servicios de Deporte, Caminos y de la propia Prefectura, lo que fue calificado como malversación de fondos.
El sexto proceso se refiere al proyecto de mejoramiento del camino Vinto-Sacambaya, en sus tramos Vinto-Estancia Sayari Cueva e Independencia-Sacambaya de la categoría IV, de una longitud de 117 kilómetros, para convertirlo en un camino interdepartamental de categoría II de una longitud de apenas 31,9 kilómetros.
El camino fue presupuestado en 70.221.197 bolivianos, de los que solamente habrían sido entregados al Comando de Ingeniería del Ejército 43.442.883 bolivianos, a lo que se suma el cobro de 495.763 bolivianos por la realización de una supuesta consultoría.El octavo proceso es por la supuesta otorgación del Certificado de Dispensación de la Estación de Servicio Alalay sin haber seguido el curso legal correspondiente, ni presentado el aval de la Dirección de Recursos Naturales y Ambientales.
Fuente: La Paz, 29, LA PATRIA.-
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