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Domingo 26 de junio de 2011

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Domingo 26 de junio de 2011
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Oruro - Regional

Por contratos lesivos contra el Estado

Fiscalía amplió imputación contra ex prefecto Aguilar

26 jun 2011

Fuente: LA PATRIA

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La imputación que realizó el Ministerio Público en el caso del Puerto Seco, fue ampliada en contra del ex prefecto, Alberto Aguilar por el presunto delito de contratos lesivos al Estado; al igual que la ex directora del DAF de la prefectura, Patricia Jaldín, por el presunto delito de conducta antieconómica.

De acuerdo a los antecedentes, el 21 de agosto del 2009, el viceministro de Lucha Contra la Corrupción, Raúl Moreno Lara, presentó denuncia ante la Fiscalía de Oruro, en contra del ex prefecto Aguilar y los funcionarios, Patricia Jaldín, Víctor Hugo Moreno, Tomás López y Fidel Gutiérrez, por el presunto delito de uso indebido de influencias y otros. Además que se habrían cometido hechos irregulares en el procesamiento del proyecto “Oruro Puerto Seco”.

PROCESOS

Para ello, ese proyecto necesitaba ser difundido por ser único en su género, es así que ejecuta la tarea de socialización el 27 de junio de 2006, por el vicepresidente de la Asociación Boliviana de Marinos Mercantes y Afines (Abomma) Franklin Durán Ruiz y la empresa Sukini Desing.

Por otro lado, en noviembre de 2006, la Prefectura hace la contratación de servicios para la localización del proyecto con la Asociación Internacional de Profesionales de Puertos y Costas (Aippyc). El contrato, sin fecha de suscripción del documento, establecía el pago de 140 mil bolivianos. De los cuales se dio un adelanto de 98 mil bolivianos.

Luego vino la adjudicación del proyecto, cuyo monto referencial de la licitación fue de 11.475.000 bolivianos. El 6 de marzo de 2009, la Comisión Calificadora recomendó que se adjudique la elaboración del proyecto “Oruro Puerto Seco” a la empresa del grupo Prointec. Tres días después, mediante resolución administrativa 024/2009, se resuelve adjudicar el proyecto a la empresa mencionada.

El 19 de agosto de 2009, se determina el inicio de la investigación en contra del ex prefecto Aguilar, quien habría cometido irregularidades en el manejo de dinero del Estado, dentro del procesamiento del proyecto.

Ese hecho, se estableció porque cuando se contrató a Aippyc, en noviembre de 2006 para la localización del proyecto, no se lo hizo a través de un proceso de contratación, según dispone el Decreto Supremo 27328.

La primera cancelación y entrega de 98 mil bolivianos, a favor del representante de Aippyc, Álvaro Omar Landa, se efectuó once meses anteriores a la firma del contrato, documento que no tiene las firmas de elaboración, supervisión y aprobación, y en contraposición a la resolución Suprema 222957, que aprueba las normas básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Por otro lado, uno de los objetivos de la tercera licitación, era que la empresa que se adjudicara el proyecto, debería identificar el sector más conveniente donde será localizado el Puerto Seco. Por lo que en la investigación se determinó que existiría duplicidad en la cancelación por parte de la ex directora Departamental Administrativa Financiera, Patricia Jaldín. Gasto calificado en detrimento de la economía de la Prefectura de Oruro.

Asimismo, al momento de la firma de de la Resolución Administrativa 219/2008 del 26 de diciembre de 2008, a fin de autorizar el inicio del proceso de contratación de la tercera convocatoria del proyecto a diseño final, no se tenía el presupuesto inscrito ni para cubrir el 20 por ciento de anticipo. Hecho que no habría sido observado por el ex prefecto Aguilar.

AMPLIACIÓN

Ante esos hechos irregulares, el Ministerio Público a través del fiscal Aldo Morales, determinó ampliar la imputación en contra del ex prefecto Alberto Aguilar por el presunto delito de contratos lesivos al Estado, y en contra de la ex directora, Patricia Jaldín Jallaza por el delito de conducta antieconómica.

La ampliación de la imputación fue presentada al Juzgado Cautelar 1 el 16 de junio, al Juzgado Cautelar 1.

Anteriormente, la ex primera autoridad fue imputada por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y uso de influencias, por los contratos suscritos con Abomma, Sukini y otros, en el procesamiento del proyecto “Oruro Puerto Seco”.

Fuente: LA PATRIA
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