Consulta sobre uso de suelos aleja las inversiones

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Con la normativa vigente en un marco de atribuciones en la que se encierran los dirigentes de ciertas comunidades haciendo prevalecer su condición de “protectores del territorio y del medio ambiente”, impiden la realización de importantes proyectos, tanto en el sector de los hidrocarburos como también en el de la minería. La falta de adecuación real de la norma hace que los “originarios” restrinjan por ejemplo el uso de aguas y de terrenos que a juicio simple de supuestos afectados no pueden ser ni siquiera explorados.

La situación es realmente perjudicial y lamentablemente no hay quien se preocupe de establecer las condiciones más aconsejables para regular o tal vez reglamentar, como quieren algunas autoridades, el correcto uso de una medida que añadida en la CPE y sin su respectiva normatividad, crea confusiones, otorga supuesta autoridad a un sector y pone en riesgo a otro que no puede invertir por falta de seguridades y adecuado uso de la legalidad.

El problema es que rige actualmente “la consulta previa a los comunarios”, un requisito que los inversionistas deben cumplir antes de iniciar la exploración de recursos naturales y por supuesto tener ese visto bueno para comenzar la fase de operaciones de cualquier proyecto. Esa exigencia, que por supuesto está diseñada en el concepto político de la plurinacionalidad, está dejando de lado la objetividad de encarar sin problemas el desarrollo de proyectos que otorgan por su rendimiento utilidades al Estado, las regiones y los comunarios por supuesto

En los niveles oficiales se reconoce que la normativa vigente es perjudicial y que hasta la fecha ha creado muchos problemas, no sólo en la parte de “pedir permiso” a los comunarios, que generalmente condicionan esa situación bajo una clara posición de chantaje a los capitalistas, sino que además bajo el mismo amparo se dedican al avasallamiento de propiedades mineras, creando serios problemas a las autoridades, lastimando a trabajadores mineros y sus familias, despojando a esa gente de sus bienes, pero además afectando la propiedad privada, dañando equipos y materiales, robando herramienta y minerales es decir cometiendo flagrante delito, que sin embargo todavía no ha sido castigado como corresponde, tanto así que muchas minas avasalladas no han sido restituidas a sus propietarios y tampoco se garantiza el retorno de centenares de trabajadores y familiares a varios campamentos ocupados de manera irregular y violenta.

Reconociendo esas arbitrariedades resulta que todavía no se pone remedio a un mal que está creciendo. Alguien dijo, “esto de los avasallamientos es como un cáncer que necesita cirugía urgente para evitar su maligno avance”. Esa es la receta que no se cumple y se espera que la misma sea parte de la nueva ley minera, una vez que la misma sea aprobada para impulsar sin trabas y con las seguridades necesarias el proceso de la triple “EX” exploración, explotación y exportación de nuestros recursos naturales, en este caso los de origen minero.

De momento la inversión privada resulta la más restringida, debido justamente a la falta de seguridad jurídica para realizar inversiones, para introducir nueva tecnología y para ampliar procesos de exploración y preparación de nuevos emprendimientos mineros, incluyendo los que tiene la minería chica, así denominada por la cuantía de sus inversiones y la lógica producción de concentrados, tarea igualmente interferida por la acción de comunarios que han tomado varias minas de este sector obligando a retroceder en planes de expansión de ese sector.

No se han salvado las actividades mineras de los cooperativistas, pues son varios los casos en que también se han generado inclusive enfrentamientos entre trabajadores de dos o más cooperativas, en todo caso con la inclusión en los procesos de avasallamiento de elementos originarios.

¿Cuánto se está perdiendo en este caso de la minería insegura por causa de la acción autoritaria de comunarios originarios? No hay un resultado concreto sobre los daños causados, pero son miles de dólares que no se han repuesto a los afectados y que corresponde a maquinaria, herramientas, minerales y lo que más duele a los mineros es que también se afectó la propiedad privada de esos trabajadores con asaltos a viviendas de los campamentos y con daño directo a la economía de centenares de familias perjudicadas.

El gran problema es que “existe la normativa incluida en la CPE” que otorga supuestos derechos a los comunarios sobre tierra y territorio, de ahí que hasta ahora rige aquello de “consultar a los comunarios” para efectuar trabajos de explotación de los recursos naturales, sin que estos hagan diferencia entre la valoración del uso de esos recursos en provecho nacional y regional, con beneficios directos comunitarios a través del uso de impuestos y regalías, por uso del suelo y subsuelo que no es lo mismo que tierra y territorio, según la explicación de los entendidos en este controversial problema que está causando muchos perjuicios a la actividad minera en su generalidad, incluyendo algunos proyectos del sector estatal. Se espera –por días– que al aprobarse la nueva Ley de Minería este problema sea considerado con la debida responsabilidad que merece adecuar una disposición de manera que la misma sea útil y no discriminatoria y perjudicial. El asunto es cuestión de un reglamento preciso y objetivo, como insinuó la primera autoridad del Estado Plurinacional.

Fuente: LA PATRIA