El tema ya es de cansancio para toda la población boliviana: aumento de los cultivos de coca en regiones en que se anula toda producción alternativa, caso de los Yungas de La Paz. La demanda de las hojas de coca por parte de los fabricantes de pasta base y cocaína cristalizada, ya es costumbre inveterada y, como en los últimos cinco años las políticas permisivas del gobierno han dado lugar a que proliferen los cultivos, el caso no tiene freno.
Todo lo que se había planificado –mucho con la colaboración decidida de los mismos pobladores del Chapare y otros sitios aledaños– para la producción alternativa con un trabajo eficiente y responsable de la DEA y Usaid, prácticamente ha quedado anulado. Millones de plantines de bananos, naranjas, mandarinas, piñas, hortalizas de toda clase, pimienta, café, maracuyá, palmito y muchos otros productos han quedado “para los rincones”; es decir, para sitios excedentes de amplios campos que hoy son utilizados para cultivar coca.
Son raras las informaciones sobre las exportaciones de piña, bananos, cítricos, café y otros productos porque seguramente han disminuido de tal manera que no merecen estar en estadísticas de ninguna clase; de otro modo, habría un mínimo de preocupación de las autoridades para informar a la población sobre lo que, hasta hace más de cinco años, era un rubro importante de consumo nacional y de exportación.
Las políticas de “obligar al cato de coca” han dado lugar a que en muchos sitios la autorización para determinada cantidad no tenga límite y como la demanda de las hojas es permanente y aumenta continuamente, los cultivos no dejan de incrementarse hasta el extremo de que muchos de los “chaqueos” se realizan con el exclusivo objeto de utilizar esos terrenos para nuevos cultivos de la letal hoja que sirve para producir uno de los venenos que más víctimas causa en la humanidad.
¿Hasta cuándo las políticas permisivas para que siga cultivándose coca en perjuicio del país y del mundo? Que el narcotráfico ha creado una especie de “economía de la droga” en Bolivia mediante actividades que le permiten “lavar mucho dinero”, es innegable; que esa “economía” proporciona trabajo a mucha gente en diversas actividades –especialmente de la construcción, el contrabando y otras formas de inversión– es innegable; pero, pagar precios altísimos en daños como los que significan para el país, es algo que debería preocupar seriamente a las autoridades de gobierno.
No podemos depender de cultivos de coca para “crear empleo” ni la coca puede ser el pretexto para permitir que se ocupen millones de hectáreas en cultivos de lo que, además, daña el humus de la tierra porque cuando se quiera sustituir por otros productos, será tan pobre esa tierra que estará más cerca de la desertización que de volver a producir lo que la población necesita para su alimentación.
El Gobierno, haciendo abstracción de complejos que tiene con relación a la coca, debe adoptar políticas que permitan al país campañas donde, en el menor tiempo, el lema de “coca cero” sea una realidad. Esto implicará beneficios para los mismos cultivadores de hoy, disminuirá la demanda de los fabricantes de cocaína y podremos salir de ese fondo de vergüenza para el país y de un lastre letal para la población boliviana que también se ve afectada por el consumo de drogas que llegan a nuestra niñez y juventud.
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