El “chuto” decreto para los autos viejos

El anuncio de un paro general e indefinido del autotransporte nacional puso en alerta al gobierno que prefirió retroceder y revisar puntos conflictivos del decreto 890, sustituyendo por el decreto supremo 915 que anula la mayoría de los artículos observados por los transportistas confederados del país, norma promulgada ayer el presidente Evo Morales.

La posición firme de los dirigentes del autotransporte mostró otra vez lo vulnerable que es el Poder Ejecutivo, cuando los movimientos sociales actúan de forma organizada y saben defender sus derechos. En este caso para evitar que los automotores con antigüedad mayor a doce años que se utilizan para el transporte público sean sacados de circulación, tal como si estuviéramos en Europa, Asía, Estados Unidos o quizá otros países altamente desarrollados donde se cumplen las normas y respetan las leyes y no existen autos chutos.

No queda otra cosa que hacer cumplir la norma para garantizar un adecuado servicio a los usuarios a través de convenios de las organizaciones del transporte con las autoridades, y exigir que los Municipios establezcan a cabalidad el control de las rutas asignadas y los servicios que deben beneficiar a la población de manera responsable y eficaz.

Si se quiere aplicar una norma, esta no debe ser solamente un impulso producto de la emoción del momento o más aún resultado de una actitud hormonal para pretender exigir el cumplimiento de disposiciones en detrimento de un sector para favorecer a otros que están en franco usufructuo del poder y la gobernabilidad, buscando “garantizar su futuro” valiéndose de la cercana presencia en los niveles de gobierno.

Para aplicar una nueva norma, se debe tener primero una política integral de transporte y luego establecer los objetivos y plazos concretos, donde todos tengamos que cumplir la ley, lejos de anuncios y medidas precipitadas carentes de toda planificación que se diluyen tan pronto como se dictaron y que no tienen respaldo por carecer de seriedad y estar dirigidas a confrontar antes que concertar para mejorar los servicios.

Durante este gobierno ya se habló mucho del control de las carreteras, se determinaron sanciones drásticas para quienes conduzcan en estado de ebriedad y hasta se dispuso su suspensión definitiva, pero la medida fue temporal, fruto de la euforia del momento, porque hay choferes borrachos que provocan accidentes y es más, hasta son encubiertos por policías que en algunos casos son propietarios de vehículos de servicio público confiados a irresponsables conductores.

La negociación de la modificación del decreto cuestionado con el sector del transporte libre, no garantiza para este lunes el servicio de los transportistas confederados y al contrario anuncian que cumplirán el paro convocado “hasta la derogatoria del decreto 890”, por resultar una medida perjudicial para el sector, que así también reconoció el propio presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, al dictar la nueva norma contenida en el decreto supremo 915, que “refleja” los acuerdos logrados con un sector del autotransporte.

En criterio del gobierno la nueva norma anula el parágrafo 3 del artículo 6, artículo 7 e incisos A y B del numeral dos del parágrafo dos del artículo 12 del Decreto Supremo número 890, del primero de junio del año 2011; aplicando una modificación parcial del decreto con el que se elimina el parámetro del límite de la antigüedad y el artículo que establecía que la fijación de tarifas deben tener una periodicidad de cinco años.

Ese acuerdo está vigente para los 45.000 afiliados del sector del transporte libre, sin tomar en cuenta las demandas de los usuarios de estos servicios que piden seguridad, comodidad y aseo en los vehículos y responsabilidad de los conductores, para evitar accidentes, aplicando las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito y su Reglamento que son ignoradas por falta de control y una acción efectiva del Poder Ejecutivo para realizar campañas de educación vial y control permanente de los automotores en servicio.

Ojalá este acuerdo no sea uno más de tantos que están en el baúl del olvido y se pueda diseñar de forma consensuada normas y disposiciones de obligatorio cumplimiento para conductores y propietarios de vehículos automotores de servicio público y particular y, los peatones que también son causantes de elevado número de accidentes por su imprudencia y desconocimiento de las normas de circulación vial. Algo debe cambiar, para servir mejor a los usuarios y garantizar un mejor tráfico automotor.

*Periodista