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Amenaza de bomba en medio de audiencias por el caso “octubre negro”
17 jun 2011
Fuente: Sucre, 16 (ANF).-
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El juicio de responsabilidades por el caso “octubre negro” ingresó en su fase final de presentación de conclusiones y alegatos, durante una jornada que estuvo marcada por una falsa alarma sobre la existencia de un explosivo en la Corte Suprema, hecho que obligó a declarar este jueves un receso de algunos minutos.
Poco después de instalarse la audiencia, el personal de seguridad de la Corte advirtió sobre una llamada anónima que alertó sobre la existencia de un explosivo en el interior del Palacio de Justicia.
Responsables de seguridad indicaron que luego de recibida esa advertencia, se procedió a desalojar al personal y a los ministros de las instalaciones del Tribunal, procedimiento “rutinario” en este tipo de casos.
Después de cerca de media hora y tras una revisión a cargo de personal de la unidad de bomberos de Sucre, las actividades en la Corte Suprema se reanudaron por completo y las audiencias del caso “octubre negro” pudieron continuar su desarrollo.
Los encargados de seguridad indicaron que presentarán una denuncia sobre el incidente y que se ha iniciado una investigación para dar con los autores del hecho. No quisieron adelantar si la amenaza estuvo o no vinculada a alguno de los procesos que se ventilan en el alto Tribunal de justicia.
El juicio por los hechos del año 2003 ha ingresado de esta manera a su etapa final, aunque todavía no se tiene una fecha exacta para su conclusión en vista de que las partes harán uso del tiempo que requieran para exponer sus argumentos.
El Ministerio Público y la acusación particular, compuesta por abogados de las víctimas de aquellos sucesos, tratarán de convencer a los jueces sobre los puntos centrales de la acusación: que entre septiembre y octubre de 2003 se produjo una masacre sangrienta supuestamente planificada por el Gobierno de Sánchez de Lozada y el aparato estatal.
La Fiscalía presentó a decenas de testigos de cargo que expusieron ante el Tribunal las circunstancias y los escenarios donde se produjeron más de sesenta muertos que el Ministerio Público atribuye al uso excesivo de la fuerza contra manifestantes civiles desarmados.
Por su parte, los acusados han insistido en que su participación en aquellos luctuosos acontecimientos no tuvo una motivación personal, y que estuvo vinculada a su condición y al cargo que en esa entonces desempeñaban, como es el caso de los cinco ex miembros del Alto Mando militar que se encuentran en el banquillo de los acusados.
El ex comandante del Ejército, general Juan Véliz, es el único procesado que enfrenta una detención preventiva en el penal de San Roque de Sucre, la misma que fue ordenada en marzo pasado luego de que la Fiscalía acusó al ex jefe castrense de haber inducido a mentir a uno de sus testigos de descargo.
Los abogados de Véliz han presentado cuatro peticiones de cesación de detención, pero las cuatro fueron rechazadas por el Tribunal que mantiene su posición en sentido de que el ex jefe militar puede obstaculizar la averiguación de la verdad.
El abogado Jorge Quiroz sostuvo que el punto central de la defensa de los ex altos mandos radica en que los comandantes “no actuaron como personas sino en cumplimiento de un mandato constitucional”.
Fuente: Sucre, 16 (ANF).-
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