No es nada raro y nada fuera de lugar el que los comerciantes de la prendería usada pidan igual tratamiento que para los carros chutos. Ya advertimos en esta misma columna que entre los comerciantes de la ropa usada se preparaba un planteamiento dirigido al Gobierno solicitando que legalice el comercio de toneladas de ropa usada y la solicitud ya es pública.
El pedido formal de los comerciantes de ropa usada señala que al “haberse permitido legalizar miles de autos chutos, corresponde de manera justa permitir legalizar el ingreso de la prendería usada, al tratarse de favorecer a un sector de más de medio millón de ciudadanos distribuidos en todo el país que tienen como fuente de empleo la compra y venta de esa mercadería”.
Los dirigentes del sector perfilan un pronunciamiento en el que de manera prioritaria solicitan la abrogación del D.S. 28761 que prohíbe la importación de ropa usada al país, por tratarse de una actividad atentatoria a la industria nacional. Lo cierto es que el señalado decreto está vigente, pero se cumple en mínima proporción porque los comerciantes de la ropa usada se dan modos para seguir “importando” toneladas de esa mercadería, mucha de la cual es objeto de confiscaciones frecuentes por parte de la aduana cuyos depósitos están saturados de mercadería “americana”.
Dentro de las políticas de Estado se consignó hace tiempo atrás un plan de tipo sustitutivo del comercio ilegal de ropa usada por otro de fortalecimiento de la pequeña y mediana industria, pero lamentablemente y pese a la inversión realizada, el proyecto no funcionó y al contrario se incrementó el rubro del comercio ilegal, saturando los mercados del país con todo tipo de mercadería procedente del contrabando y con grandes lotes de más ropa usada.
Lo cierto es que el “plan transformador” posiblemente alcanzó a incorporar unas cuantas micro empresas con unos pocos trabajadores asalariados, pero el gigante porcentaje de desocupados hizo crecer la ilegal actividad de venta de la ropa usada, como una posibilidad de sobrevivencia para centenares de miles de ciudadanos, comerciantes y familiares que viven de la ropa usada.
Se trata de un fenómeno social que observado con el lente político es muy sensible a las medidas que rigen, a las que pueden aplicarse o las que deben modificarse, en verdad se trata de un altísimo porcentaje de bolivianos que en todo el país y mayormente en las ciudades del occidente viven de esa actividad.
En todo caso lo que sucede con el caso de los carros “chutos”, más allá de ser un paliativo a la situación económica de unos miles de bolivianos según la apreciación del Gobierno, representa una oportunidad maravillosa para que el Erario Nacional se alimente con millonarios ingresos extras.
Ahora hay otro problema en puertas, con anuncio de movilizaciones masivas y acciones de presión que podrían alterar las actividades nacionales si no se atienden de manera satisfactoria los planteamientos de los comerciantes de prendería usada en todo el país. Por sus características este problema tiene mucho apoyo comunitario, aunque no faltan sus detractores, pero para el Gobierno es un reto a su política de igualdad, equidad y empleo nacional.
Fuente: LA PATRIA
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