Estudio especializado aclara que única forma de salir al mar es con diplomacia

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

Al ratificar el Pacto de Bogotá, a los pocos días del anuncio de demanda internacional contra Chile, confirmada por el Presidente Evo Morales el 23 de marzo, Bolivia cerró “la vía militar de acceso al mar con soberanía” e ingresó en una encrucijada jurídica que implica el riesgo de someterse a un fallo adverso que podría sepultar definitivamente la reivindicación marítima, según un estudio especializado difundido en la víspera por la Fundación Milenio.

“Con la adhesión al Pacto de Bogotá” y ante la inviabilidad jurídica, sólo queda la vía diplomática” que “sin ser fácil, sigue siendo la más apropiada”, dice la investigación. Luego aclara que “para plasmarla se necesita de diplomáticos con sólida formación y experiencia, de una estrategia objetiva, realista y una acción coherente y persistente, alejada a todo objetivo político de corto plazo y concentrada al logro de una salida al mar”.

“Quienes observan este proceso perciben que no hay profesionalismo, experiencia y menos una estrategia clara a pesar de la creación de la Dirección de Reivindicación Marítima”, dice Milenio.

Para los entendidos, el tribunal al que se refiere el anuncio gubernamental no puede ser otro que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, pero no han faltado parlamentarios oficialistas que argumentan la posibilidad de lograr que se forme un tribunal específico para tratar este caso, con evidente desconocimiento del Derecho y las Relaciones Internacionales.

La idea de que se trata de La Haya, surge del hecho de que el mismo se encuentra referido en el Tratado de Paz y Amistad firmado entre Bolivia y Chile el 20 de octubre de 1904 y el Protocolo Complementario del 16 de abril de 1907, por el cual se designó como árbitro entre Bolivia y Chile a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, acudiéndose para todo efecto al Artículo 26, Capítulo II del Título IV de la Convención para arreglo Pacífico de Conflictos Internacionales, suscrita el 29 de julio de 1899 por las potencias concurrentes a la Primera Conferencia de Paz celebrada en la Capital del Reino de Holanda.

TRABAS

Es importante recordar que el Artículo 26 de la Convención de 1899 para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales señala a la letra: “…la Oficina Internacional de la Haya está autorizada a poner a disposición de las Potencias Signatarias sus locales y su organización para permitir el funcionamiento de toda jurisdicción especial de arbitraje. La competencia de la Corte Permanente se podrá extender, dentro de las condiciones establecidas por los Reglamentos, a las controversias entre Potencias no Signatarias o entre Potencias Signatarias y Potencias no Signatarias, si las artes hubieran convenido recurrir a la Corte”, dice Milenio.

Según los juristas, esto significa que una demanda no procede en la Corte de la Haya sin convenio previo (Acuerdo de Controversia) entre las partes involucradas, es decir, sin un acuerdo explícito entre Bolivia y Chile para resolver sus diferencias en ese tribunal. Por lo tanto, señalan los entendidos, la solución jurídica multilateral pasa por un acuerdo político-diplomático previo de carácter bilateral. Si además la controversia pudiera resolverse con algún arreglo que involucre los territorios que antes de la Guerra del Pacífico fueron del Perú, requeriría de un acuerdo político trilateral en virtud del protocolo suscrito entre Chile y Perú en 1929.

Para algunos analistas reviste mayor importancia la acción de los miembros de la Asamblea Plurinacional de aprobar, sin mayor debate ni consideración, “El Pacto de Bogotá”, de 30 de abril de 1948. Los sucesivos gobiernos de Bolivia habían evitado hasta ahora la adhesión del país a dicho Pacto porque consideraban que adherirse al mismo implicaría admitir que el problema limítrofe entre Bolivia y Chile estaría plenamente resuelto con el Tratado de Paz y Amistad de 1904 y que cualquier alteración sólo sería posible por medio de procedimientos pacíficos, aclara Milenio.

Según diplomáticos y juristas, la adhesión al Pacto de Bogotá implicaría, por lo tanto, la renuncia a la guerra. Esto es concordante con lo dispuesto en la actual Constitución Política del Estado. Quienes defendieron la objeción boliviana al Pacto de Bogotá no lo hicieron por guerreristas, sino porque consideraban que, aunque remota, esa posibilidad representaba un elemento de presión sobre Chile. Ese elemento ya no existe por decisión de la Asamblea y del Gobierno, sin que al eliminarlo el país hubiera obtenido algo a cambio.

Tampoco el Pacto permite demandas unilaterales ante la Corte de La Haya. En efecto, el Pacto de Bogotá en su artículo 38 destaca que el arbitraje solamente procede si existe acuerdo entre partes. Peor aún cuando se destaca que los Laudos Arbitrales de controversias internacionales resueltos por procedimientos pacíficos en el marco de “El Pacto de Bogotá”, son cosa juzgada, es decir, son definitivos, no pudiendo ser impugnados nunca más.

“De manera que si el fallo fuera contrario a los objetivos nacionales, ya no podrían perseguirse de ninguna manera”, advierte el estudio.

HISTORIA

Bolivia denunció el Tratado de 1904 ante la Liga de las Naciones en 1920 y 1921. El mecanismo de arbitraje de ese organismo señaló que no tenía competencia sobre esa materia y que por ende el Tratado de 1904 tenía plena vigencia. Pero Bolivia dejó un antecedente que permitiría que el tema pudiera ser tratado por otro órgano con competencia para ello. Es decir, que la acción realizada entonces no cerró caminos ni fue definitiva, como lo sería una demanda ante la Corte de la Haya, cualquiera fuera su resultado.

“De lo anterior concluimos en la necesidad de diseñar una política de Estado que trascienda los intereses y las necesidades de los circunstanciales gobiernos”, concluye el estudio de Milenio.

Fuente: La Paz, 11, LA PATRIA.-