El Gobierno chileno aplaudió hoy (ayer) el fin de la huelga de hambre que durante 86 días mantuvieron cuatro presos mapuches, aunque defendió la necesidad de que el país cuente con una ley antiterrorista.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se declaró "muy contento de que haya primado el respeto por la vida" y, ante los periodistas, dio las gracias a los que colaboraron para poner fin al ayuno, que terminó la noche del jueves.
"En este proceso el Gobierno dio también muestras de colaboración y flexibilidad que contribuyeron a aquello", apuntó.
Hinzpeter habló después que el arzobispo católico de Santiago, Ricardo Ezzati, dijera que tras el fin de la protesta, "ahora le toca al Estado" resolver totalmente el conflicto.
Esa solución debe comenzar por modificar la ley antiterrorista, señaló Ezzati a radio Cooperativa, advirtiendo que en la solución de la huelga de hambre no participaron instituciones estatales, sino los propios comuneros, sus familiares, la Iglesia católica, el Instituto de los Derechos Humanos y el alto comisionado de Naciones Unidas.
Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche mantuvieron desde el pasado 16 de marzo un ayuno para exigir un juicio justo, tras ser condenados en un proceso en el que se utilizaron procedimientos de la ley antiterrorista que, a su juicio, coartaron su derecho a defensa.
Ezzati recordó que el presidente, Sebastián Piñera se comprometió el pasado 21 de mayo, a estudiar una nueva ley antiterrorista "que proteja los derechos fundamentales de las personas", pero el ministro del Interior señaló hoy (ayer) que Chile necesita una ley antiterrorista "apropiada".
"Hemos dicho que queremos crear un nuevo trato con los pueblos originarios, pero también es cierto que los países requieren de una legislación antiterrorista apropiada y adecuada para combatir ese flagelo cuando llegue y con las herramientas necesarias por si llega", declaró.
Llaitul fue condenado a 25 años de prisión y los demás a 20 años por atacar a un fiscal y asaltar a un agricultor, en el marco del conflicto que comunidades mapuches mantienen por reclamaciones de tierras en el sur de Chile.
Un recurso para anular al juicio fue rechazado la semana pasada por la Corte Suprema, que, sin embargo, rebajó las penas por el ataque al fiscal, de modo que Llaitul quedó con una pena total de catorce años y los demás de ocho años.
Los comuneros habían decidido continuar la protesta, pero tras intensas gestiones de las instituciones mencionadas por el arzobispo Ezzati resolvieron deponer su actitud.
"Por la situación en que ellos se encontraban o se terminaba ahora con la huelga o se nos morían", comentó en tanto Natividad Llanquileo, portavoz de los comuneros y hermana de uno de ellos, quien además indicó que la ausencia de representantes del Gobierno en el diálogo fue una decisión de los presos.
Fuente: Santiago de Chile, 10 (EFE).-
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