Ya lo dijimos en anteriores enfoques de opinión, el Gobierno ya tiene el libreto hecho para avanzar es su política de cambio. No se trata precisamente de una política de Estado; llamémoslo más bien un plan de gobierno para cambiar las estructuras y la institucionalidad que viene desde la ya antigua República de Bolivia, convertida ahora en el Estado Plurinacional, con proyecciones de un socialismo del siglo XXI.
El señor Vicepresidente en una entrevista concedida a un diario argentino decía: “Este es el momento de la institucionalización y de la consolidación de lo logrado hasta acá. Ahora estamos en esta quinta etapa, que tiene otra connotación. No es el surgimiento, no es la confrontación, no es el momento de fuerza, se ha consolidado un bloque de poder.” Y evidentemente ese es el momento en el que nos encontramos ahora. La oposición ha desaparecido, los gobiernos departamentales están descabezados o están en proceso de cambiar. Las alcaldías, rápidamente están pasando de manos; se empieza a ensayar en Tarija, en Oruro y en otras regiones donde no lograron ganar a través del voto.
Pero un tema que puede tener repercusiones insospechadas, es la transferencia a la administración de los servicios policiales de identificación y licencias de conducir, a unidades descentralizadas del Ejecutivo. Se trata de una propuesta del Órgano Ejecutivo, como manifestó el presidente de la comisión que trató el tema en el Órgano Legislativo. El tema es tan sensible que hasta una tibia declaración lanzada por un jefe policial, criticando el proyecto, le valió su inmediata suspensión, procesamiento y estar a disposición del Tribunal Disciplinario. Todo, en cuestión de dos horas de vertidas las críticas, como para que nadie más se atreva a cuestionar las decisiones del Órgano Ejecutivo
Como diría el Chavo, todo está fríamente calculado, o es fruto de las experiencias que se vivieron en otros países de América, que tienen tendencias políticas similares al gobierno del MAS, En esos lugares, la Policía se convirtió en la mano derecha para los propósitos hegemónicos del oficialismo. Parece que vamos por ese camino.
Aquí en Bolivia, la Policía es víctima de sus errores. Esta enredada en su propio laberinto de corrupción; no en vano son más de 600 policías procesados en la actualidad. En los últimos cinco años, casi dos mil uniformados procesados en los tribunales departamentales. Pero, por esas casualidades de la vida sólo el último año hubo policías procesados, cuando todos sabían que los hechos de corrupción y corruptelas, se han venido dando desde siempre.
Pero, lo que no se está percibiendo con claridad, es el motivo real para que se realicen todos estos cambios en la institución verde olivo. Y no es precisamente que se haga cuestión por quitar competencias e ingresos a la Policía. Ya se ha dicho que se compensará por los ingresos que obtenía por otorgar licencias de conducir o extender carnets de identidad. Lo más grave de todo es que la seguridad de todo ciudadano boliviano, estará en manos de un organismo político por excelencia, y en muchos casos de represión, como es el Ministerio de Gobierno, de este o cualquier otro gobierno anterior.
Los datos personales de los ciudadanos bolivianos, cuando se materialice este cambio, estarán a la mano del Ministerio de Gobierno, con el peligro que eso supone para la seguridad personal y la privacidad al que tienen derecho los bolivianos. Y eso sólo garantizaba, de alguna manera, un organismo técnico como es el Registro Civil, dependiente del Tribunal Supremo Electoral.
Entonces habría que hacer un análisis, de las consecuencias que podría tener el que todos los datos personales de los ciudadanos, se encuentren en manos de un organismo eminentemente político de Ejecutivo. En lo que respecta a la Policía Boliviana, esa institución está ahora sometida al Poder Ejecutivo, sin posibilidad de reacción, enredada en su propia maraña de corrupción, como dócil aliado del Gobierno.
Por lo menos… esa es mi opinión.
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