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Obra sin ejecución sólo figuraba en informes del ex prefecto Aguilar
08 jun 2011
Fuente: LA PATRIA
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El proyecto del distribuidor vehicular 3 de Julio que debía construirse en la zona Sur, nunca fue ejecutado, pero fue incluido en la memoria anual de la gestión 2008 de la ex Prefectura del Departamento, correspondiente a la administración del entonces prefecto Alberto Luis Aguilar Calle.
Éste es apenas uno de los tantos casos que aún están pendientes de fiscalización y que no merecen acción alguna de parte del Gobierno Autónomo Departamental, sostuvo el asambleísta por Unidad Nacional (UN), Eduardo Campos Velasco, añadiendo que la actual Gobernación debe establecer responsabilidades sobre los supuestos implicados.
“Ojalá que superando factores de orden político partidarios, que a estas alturas nos permiten sospechar que hay una intensión de encubrimiento. Por lo menos, la nueva directiva de la Asamblea Legislativa Departamental, el propio gobernador y particularmente, la delegada anticorrupción, encaren de manera decidida los procesos correspondientes para que se establezcan las responsabilidades de varias ex autoridades y ex funcionarios de la Prefectura de Oruro en este caso y otros”, manifestó el asambleísta.
Los datos de la memoria anual 2008, preparados por la ex Prefectura, figuraban como obra en ejecución con un avance físico de 98% y una ejecución financiera de 218.743 bolivianos, monto que habría sido desembolsado para la supervisión de la obra.
Este documento fue presentado a la opinión pública los primeros días del mes de marzo de 2009, con el título de “366 días por el desarrollo y el cambio”, y también fue distribuido a los medios de comunicación y varias instituciones regionales, proceso del que no tomó conocimiento, el Consejo Departamental, ahora Asamblea Legislativa Departamental.
El 6 de marzo de 2009, en la sesión ordinaria Nº 07/2009 del Consejo Departamental, el informe fue aprobado de manera apresurada, bajo consigna política, no permitiéndose una plena discusión de las diversas observaciones que se hicieron. Aprovechando que el propio prefecto (Alberto Luis Aguilar) dirigía las sesiones, se procedió a la votación del informe, resultado aprobado por el voto de 18 consejeros, representantes de las provincias del departamento de Oruro y 5 votos en contra, emitidos por los representantes de la jurisdicción municipal de Oruro, entre ellos el ahora asambleísta Eduardo Campos.
“Por supuesto que luego de aquella ingrata sesión en la que se quiso consolidar las acciones del prefecto Aguilar, correspondientes a la gestión 2008, con el voto de los militantes de su partidos, continuamos desarrollando denuncias referentes a este proyecto y otros, motivo por el cual, mediante nota de fecha 12 de marzo de 2009, hice llegar nota ante el Concejo Municipal de Oruro, ente al que representaba en el Consejo Departamental, por ese entonces, señalando y explicando la situación del proyecto referido y otros que se habían incluido en la memoria 2008. En dicha nota, pusimos al corriente de la situación a los miembros del Concejo Municipal, esperando que en esa instancia, se tomen decisiones, particularmente al proyecto Puente Distribuidor Vehicular 3 de Julio y exigiendo además que se realicen las gestiones necesarias para rectificar declaraciones de apoyo que brindó el concejal presidente, licenciado Bernal”, explicó Eduardo Campos.
Con posterioridad se procedió a la realización de una visita de campo, para certificar que no se había realizado trabajo alguno en el sitio destinado a la obra, prosiguió.
La explicación que algún momento brindaron, señalaba que por errores en el diseño del mencionado proyecto, tuvo que ser la empresa supervisora de la ejecución, la que “en vez de supervisar” se dedicara a “reelaborar la carpeta” del proyecto, motivo por el cual se le hubiera cancelado el monto señalado en el informe.
“Queda evidente que la administración prefectural de ese entonces, de una manera por demás anómala, contrató una supervisora, la empresa Mendizábal, cuando el proyecto a diseño final del distribuir vehicular 3 de Julio, no contaba con la aprobación técnica respectiva, y si es el caso, de haber contado con ese respaldo, el mismo no correspondía a las normas técnicas que justifiquen su implementación. Claramente la responsabilidad es técnica, administrativa y financiera, porque se ha permitido que la institución; la ex prefectura de Oruro, haya erogado más de 200 mil bolivianos, en una actividad distinta por la que se hubiera contratado a la empresa supervisora”, aseveró.
Fuente: LA PATRIA
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