Nueva “cédula”, nuevas complicaciones

La administración del nuevo Sistema de Identificación Personal y de licencias de conducir que, a partir de una nueva ley, ha exigido la creación de una institución civil dependiente del Ministerio de Gobierno, no promete ser como la pintan las autoridades del régimen gobernante y, por el contrario, prevé un pesado mecanismo innecesario con innumerables reparticiones.

Como se ha mencionado en esferas del Congreso Nacional, la nueva organización burocrática, tendrá más de lo mismo con la diferencia de que en ambas instancias no se verá personal uniformado y facilitará al Gobierno la creación de miles de “nuevos cargos públicos” para quienes “llevan a cuestas” el signo del MAS sobre sus espaldas.

Las actuales circunstancias que estructuran la coyuntura política nacional, nos hacen ver que “siempre es tarde” para promover ideas que generen nuevas visiones en el proceso de construcción del nuevo país, al cual apunta el Movimiento Al Socialismo. De todas maneras, nos atrevemos a proponer, por ejemplo, algunos aspectos que dentro de la lógica institucional vigente en varios países del Continente Americano, encontramos coherencia con la realidad nacional.

En ese contexto, habría sido plausible encomendar al Poder Electoral vigente por imperio de la nueva Constitución Política del Estado, la creación de un registro general de personas a partir del nacimiento de cada uno de los habitantes de Bolivia y, como una historia individual, registrar nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, asignándole el correspondiente número que se convertiría a futuro, en el código de la cédula de identificación personal.

Con el correr de los años, cada habitante podría obtener su documento individual, con el mismo número de registro y, si es necesario y cumple con los requisitos, tramitar pasaporte, licencia de conducir, obtener libreta de familia si accede al matrimonio y, asimismo, inscribir en la misma instancia, los bienes inmuebles que pudiesen ser concretados a favor del individuo.

Todo este bagaje de documentación, concentrada en un solo registro, no sólo que garantiza la soberanía individual del ciudadano, sino que facilita al Estado contar con información actualizada de cómo se estructura la sociedad y cómo se avanza con las políticas sociales que el Estado pueda impulsar con respaldo idóneo de la necesaria estadística permanentemente actualizada. Con el registro biométrico y otras características que ofrece el organismo humano, como propio sin duplicación alguna, el Estado estaría garantizando plenamente la idoneidad del sistema, descartando toda forma de manipulación que se realizó siempre y hasta hace poco, especialmente, en tiempos electorales.

La propuesta, reiteramos, ha sido debatida y aprobada en el pasado. No se pudo, lamentablemente, apuntalar tan importante proyecto pese a los programas financieros que lograron concretarse en dos instancias internacionales, debido a la cerrada posición de la Policía Boliviana que defendió con toda su energía, lo que consideraron su patrimonio institucional intransferible y que, dicho sea de paso, facilitaba ingentes ingresos legales e ilegales, en todo momento y de manera constante.

Estos inconvenientes retrasaron que Bolivia cuente con un sistema moderno y facilite el trámite, sin beneficiar a los administradores ni perjudicar a los ciudadanos. Insistimos, con la nueva visión de hecho modernista, tanto el certificado de nacimiento, la libreta de servicio militar, la licencia de conducir, como el pasaporte, la libreta de familia e, inclusive, algunos títulos de propiedad deberían estar registrados en un solo kardex o archivo electrónico. La estructura mencionada, según cómo funciona en otros países, constituye un mecanismo que anula toda forma de corrupción, lejos del envilecimiento institucional del Estado.

Todos sabemos y es un hecho palpable, la doble, triple o múltiple “carnetización” que, hace poco tiempo, ha sido ampliamente denunciada con el necesario respaldo documentado, lo cual, esos antecedentes ya no existen y nadie se atreve a mencionar a los casos de “múltiples inscripciones en tiempo electoral”, pese al “registro biométrico” y todo.

La historia del indicado sistema, nace en sí a mediados de la década de los ochenta, con la presentación de una serie de proyectos de ley. Se concreta la primera experiencia en 1989, con la creación del Registro Único Nacional (RUN) y el financiamiento del Gobierno de España, con un monto de $us. 5.000.000. De acuerdo con la norma legal, el RUN debió implementar el sistema biométrico, con un diseño técnico que abarcaba lo que hoy se está proponiendo.

En 1995, el RUN que había dado los primeros pasos en su implementación, recibe el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un monto de $us. 20.000.000, cuya misión fundamental era proporcionar cédulas de identificación personal a la población asentada en el área rural, para terminar en áreas urbanas.

En 1998, mediante Ley de la República, el Gobierno dispone el cambio de nombre de RUN por el de RIN (Registro de Identificación Nacional), además de ordenar una ejecución más acelerada del proyecto que había recibido el equipo necesario, además de vehículos y unidades de registro, procedentes de Europa.

La Bolivia de hoy, debe asumir esa responsabilidad con firmeza y decisión. Sólo de esta manera, quedarán borradas las sospechas, dudas o las malas intensiones de la corruptela vulgar, especialmente, en tiempos electorales.