Se busca jueces probos con ética y profesionalismo
06 jun 2011
Por: Jorge Lazzo Valera
La designación de futuras autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de elección directa en urnas por el voto ciudadano, pone una dura “prueba de fuego” a los aspirantes a ejercer cargos en la alta magistratura del país y deja atrás a los enjuiciadores que en algunos casos llegaron incluso a ser administradores de justicia, por “mérito militante partidario”.
Al menos, esa es la sana intención de las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional que junto a personeros del Estado Plurinacional, han ratificado por los medios de comunicación que “acabó el transfugio político-partidista, los padrinazgos y avales de dirigentes políticos y autoridades, para resolver las causas y procesos que se tramitan en el Poder Judicial”.
La vigencia, por primera vez, de un reglamento interno de preselección de candidatos para integrar el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, fija interesantes exigencias para aplicar las postulaciones, haciendo énfasis en la idoneidad, ética y honestidad de los propuestos, que además deben certificar mediante declaración jurada “no haber sido sancionados disciplinariamente”.
Ese parámetro para medir la “integridad moral” de quienes postularán a los cargos del Poder Judicial resulta novedoso y aseguran que es único a nivel mundial y se pondrá a prueba por primera vez en Bolivia cuando el ciudadano elija a los magistrados, decida con su voto con quien cree estar seguro y representado, para dejar viejas prácticas de quienes asumían antes esas funciones por favor político-partidista y todavía ejercen algunos cargos, luego de cambiar su militancia por el actual partido gobernante.
La probidad de un juez se mide en la ética que aplica en los actos de su vida, porque la ética no es otra cosa que la praxis de la moral o la moral puesta en práctica, lo que permitirá ahora identificar a los malos candidatos, a quienes pregonan honestidad, pretenden mostrarse éticos y hasta los que traicionan sus principios por aspirar a cargos donde buscan una recompensa económica antes que brindar un servicio a la sociedad y llegan al extremo de ocultar su participación en instituciones y entidades para continuar usufructuando y medrando las arcas del Estado, como lo hicieron en el Poder Judicial, donde ejercieron funciones sin dejar ningún beneficio, menos un ejemplo de probidad durante su ejercicio como juez o magistrado.
Medir la honestidad de un juez, es algo difícil no imposible, porque ahora la ciudadanía podrá denunciar los hechos dolosos que cometieron quienes se postulen a los cargos del Poder Judicial, en aplicación del artículo 13 del Recurso de Impugnación que prevé el Reglamento Interno de preselección de candidatos a los cargos de magistrados, pudiendo hacerlo cualquier persona individual o colectiva, presentando prueba idónea, en un plazo máximo de siete días hábiles desde el primer día de la publicación de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas.
Ese derecho a denunciar a quienes cometieron fraude procesal, dolo al administrar justicia, recibieron beneficios en función del cargo, fueron sancionados y hasta aquellos que llegan al extremo de señalar que “son ateos” y juran por Dios, podrá ser puesto al descubierto con el único propósito de “purificar” la administración de justicia, porque de nada servirá elegir a las autoridades si están nuevamente impregnadas del tinte del actual partido en función de Gobierno que tiene mayoría parlamentaria.
Para llevar adelante las elecciones transparentes, con responsabilidad y credibilidad, debemos pensar en los mejores representantes, los abogados de moral intachable, con auténtica vocación de servicio, profesionalismo y honestidad a toda prueba, que con seguridad hay pocos, pero existen y ojalá les otorguen la posibilidad de ser nominados por mérito propio y no el padrinazgo político.
Designar a una persona en determinada función, siempre es difícil, pero para no equivocarnos, habrá que revisar sus antecedentes y consultar la historia y el registro de su paso por las instituciones, donde muchas veces dejan huella y en otras ocasiones incluso se llevan lo poco o mucho que recibieron y pasaron sin pena ni gloria, al extremo de apropiarse bienes, documentos y hasta llegar a un fácil enriquecimiento, a título de ejercer una función pública. Ojalá consigamos evitar que eso siga ocurriendo.
(*) Periodista
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