Cuatro mapuches presos en huelga de hambre desde hace 80 días seguirán en ayuno al considerar insuficiente la rebaja de penas decretada por la Corte Suprema de Chile, mientras la defensa de los indígenas, que pedía anular el juicio, evalúa recurrir la medida y acudir a tribunales internacionales.
La Corte Suprema de Chile determinó reducir las condenas de los cuatro mapuches a entre 8 y 14 años, frente a los entre 20 y 25 años de cárcel impuestos anteriormente, por el robo a un agricultor, el ataque a un fiscal y agresiones a policías en 2008.
“La huelga de hambre continúa. Los presos solamente la iban a dejar en caso de que (el juicio) fuera anulado”, sentenció este viernes Natividad Llanquileo, portavoz de los mapuches, a las puertas del Palacio de Tribunales de Santiago, donde se concentraron varios miembros de esa etnia.
Los cuatro mapuches, que en los últimos días fueron trasladados desde la cárcel hasta un hospital, han perdido entre 20 y 25 kilos de peso desde que el pasado 16 de marzo iniciaron un ayuno para exigir la anulación del juicio celebrado en un tribunal del Sur del país.
La Corte Suprema decidió acoger sólo parcialmente un recurso con el que la defensa pretendía anular ese juicio, que condenó a los cuatro reos a entre 20 y 25 años de cárcel por el robo a un agricultor y por el ataque a un fiscal y a policías ocurrido en 2008.
El alto tribunal mantuvo las penas por robo contra Héctor Llaitul, Jonathan Huillical, José Huenuche y Ramón Llanquileo, pero rebajó las condenas por el ataque a la comitiva del fiscal, al desestimar el intento de homicidio y tipificarlo como delitos de lesiones.
Así, Llaitul, al que se le considera el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una de las organizaciones mapuches más radicalizadas, deberá completar 14 años en la cárcel, mientras que sus compañeros deberán pasar 8 años.
Los cuatro indígenas también llevaron a cabo el año pasado, junto a otra treintena de mapuches, un ayuno de más de 80 días en demanda de garantías procesales y de mejores condiciones carcelarias, huelga que finalizó con un acuerdo con el Gobierno.
El Ejecutivo retiró entonces la ley antiterrorista, que es rechazada por los indígenas, pero los mapuches denunciaron que en el juicio se habían presentado procedimientos amparados en esa norma, pese a que finalmente se acordó la aplicación de la legislación común.
La ley antiterrorista, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), impone penas más duras que la legislación común y Naciones Unidas ha criticado reiteradamente por su aplicación en procesos contra mapuches, la principal etnia indígena del país.
Además, los mapuches fueron sometidos a un doble enjuiciamiento, civil y militar. En ese último, una corte de apelaciones ratificó a finales de mayo pasado el fallo de un juzgado militar, que absolvió a los cuatro huelguistas y a un quinto mapuche por las agresiones a carabineros durante el ataque al fiscal.
Uno de los abogados defensores, Adolfo Montiel, criticó que la Corte Suprema haya avalado un juicio que, según dijo, se basó en la declaración de un testigo sin rostro, una herramienta que a su juicio es “inconstitucional”.
En tanto, el letrado Juan Enrique Prieto explicó que ahora quedan “tres alternativas”, entre ellas, recurrir ante la Corte Suprema, dado que la corte marcial absolvió a los mapuches, y ante el Tribunal Constitucional, por el doble proceso al que se sometió a estos indígenas.
Además, la defensa también evalúa la posibilidad de acudir a tribunales internacionales, tal como ratificó Natividad Llanquileo.
“Le enviamos también un mensaje al Gobierno chileno. Que se haga cargo de este asunto, que no siga judicializándolo como lo ha hecho todo este tiempo”, indicó la portavoz, que es además hermana de uno de los huelguistas.
Los condenados recibieron la noticia en el hospital de Victoria, en la región del Biobío, y “no están nada contentos con ella”, dijeron a Efe fuentes de ese centro.
Las mismas fuentes anunciaron que las autoridades sanitarias presentarán un recurso de protección para poder darles alimentación forzosa en caso de que sea necesario, tal como también solicitó Gendamería (guardia de prisiones) y aprobó la Justicia el pasado mayo.
Durante el ayuno de 2010 ejerció como mediador el entonces arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, que hoy (ayer) consideró que esta rebaja de penas es “una señal” y “un gesto que vale la pena destacar”, y anunció que esta misma tarde se reunirá con los portavoces mapuches.
La etnia mapuche cuenta con unos 600.000 miembros, lo que supone un 4 % de la población total del país, y se concentra en la Araucanía, donde desde los años noventa se desarrolla un conflicto que les enfrenta a agricultores y empresas forestales por la propiedad de tierras que consideran ancestrales.
Fuente: Santiago de Chile, (EFE).-
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