Hay que encontrar la mejor opción para definir el destino de la minería boliviana

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Hay que convenir en reclamar de los asambleístas normas precisas para cuidar los recursos naturales, en ese sentido nadie discrepará en que el nuevo Código Minero sea estricto si se trata de preservar, defender y cuidar el patrimonio nacional para evitar que nuestros yacimientos mineros sean depredados.

Pero no es todo, si queremos –como bolivianos– alistarnos en las filas de la competitividad internacional en materia de producción y comercialización de minerales, ojalá fuese con valor agregado en la mayoría de los casos, tenemos que exigir a nuestros legisladores un trabajo de alta responsabilidad que a tiempo de salvaguardar el patrimonio nacional, permita una normativa que incluya equidad, previsión, seguridades y garantías que al ser aplicadas convenientemente, nos permitirá –como país- atraer capitales, tecnología y otros beneficios para encarar planes mayores de exploración, prospección, cuantificación de nuevos yacimientos, su racional explotación, su industrialización y su exportación a precios de competencia mundial.

Las posiciones de nuestros profesionales en materia minera, se dirigen de manera prioritaria a la aplicación de programas de exploración en los diferentes rubros mineros, de modo que se amplíe ese radio de acción limitado en la actualidad a tan sólo un 10 por ciento de la totalidad de recursos que tenemos en el territorio y que no se explotan por desconocimiento de las potencialidades reales que existen en cada caso, a lo largo y ancho del territorio, mientras se continúa arañando el interior de minas de la Colonia prácticamente agotadas.

Las circunstancias son muy variables en materia minera, por un lado el caso fundamental de los precios vigentes en el mercado internacional, luego todas las disposiciones del aparato productivo nacional, que a partir de la nueva ley deberían apropiarse a condiciones de adecuación a las nuevas exigencias de la actividad minera, tomando en cuenta la competencia que representa los proyectos y las condiciones en que se desenvuelve el sector en los países vecinos, importante referente para no quedarnos postergados e inclusive aislados en un territorio de abierta competencia, como sucede actualmente con países de alto poder financiero y tecnológico para encarar sus más caros proyectos de minería, que por supuesto a la vuelta del proceso dejan ingentes ganancias para el Estado, las regiones y los inversionistas.

Algo que debe aclararse es la visión “inmediatista” de algunos parlamentarios e inclusive de ciertos políticos que no miran hacia delante y tienen poca visión del frente de acción que tenemos para encarar la minería y que si ha mejorado sustancialmente se debe a la coyuntura de los precios altos y que de ningún modo pueden ser referentes o determinantes para crear falsas expectativas, por ejemplo en factores de tributación, como aparentemente se intuye en las discusiones preliminares que se desarrollan en un ministerio, no precisamente el de minería donde se considera el proyecto de ley, pero sobre posiciones que no son las más reales ya que lo que sucede en el tiempo actual no es el referente de mayor equilibrio en la minería, pues aunque estemos logrando algunos beneficios económicos por el “boom” de los precios, los índices de producción no han mejorado en la misma proporción, aspecto que debe ser fríamente analizado para no cometer el error de querer aprobar una escala tributaria basada en el “espejismo” de los buenos precios, que ojalá siga brillando por buen tiempo, pero que de ningún modo puede ser una referencia para el cálculo impositivo en las operaciones futuras de toda la minería.

Sería conveniente que dirigentes de los sectores de la minería privada, en este caso los inversionistas, los que representan a la minería estatal y los delegados de las cooperativas se pronuncien oportunamente a través de sus propuestas para elaborar la nueva Ley Minera, coincidiendo y haciendo fuerza para la creación de una normativa que garantice la seguridad de inversiones y la justa aplicación de medidas tributarias, acompañadas de disposiciones de seguridad legal, garantías y un mínimo colofón de incentivos para todo el sector minero del país.

Se trata de aprobar y aplicar la norma de actividades del sector productivo más importante en la economía nacional, tan próximo y a veces superior al de los hidrocarburos y el gas, que sostienen la economía nacional, por ese hecho es de alta responsabilidad las decisiones que asuman los asambleístas para dotar a la minería del mejor instrumento que le posibilite crecimiento armónico, bajo las mayores garantías y seguridades legales que eviten despropósitos en una Ley, de la cual dependerá la seguridad económica de la Nación.

Agencia URU

Fuente: LA PATRIA